Velasco y la elección de Estado

Manuel Velasco Coello. Foto: Archivo

Cuando el gobernador Manuel Velasco Coello en la víspera del inicio de las campañas desea “el mayor de los éxitos” a los contendientes de la elección de 122 ayuntamientos y Congreso local, sólo cumplió con una cortesía política porque sabe muy bien que, salvo en la capital chiapaneca, la elección de Estado que se tiene preparada le dará el triunfo a sus candidatos, sean del Partido Verde o traigan puesta la playera del Partido Revolucionario Institucional, de Nueva Alianza, Mover a Chiapas o Chiapas Unido, incluso del Partido de la Revolución Democrática. Las pasadas elecciones federales del 7 de junio, donde la alianza PRI-PVEM ganó las 12 diputaciones de mayoría, fueron un exitoso ensayo que se replicará el 19 de julio.

Cuando el Ejecutivo dice que las campañas “se realizarán en un ambiente de civilidad”, en realidad lo que intenta es mandar un mensaje de tranquilidad ante los conflictos latentes que hay en el estado –muchos de ellos derivados de las pésimas gestiones municipales— y que podrían estallar con la polarización política que genera la contienda electoral. Una muestra de la frágil gobernabilidad es que a la mitad del sexenio la Secretaría de Gobierno haya tenido tres titulares (Noé Castañón, Eduardo Ramírez Aguilar y Juan Carlos Gómez Aranda).

Cuando Velasco dice que su administración “mantiene el firme compromiso de seguir trabajando sin distinción de ideologías ni de colores partidistas”, no es más que una trillada frase retórica pues desde hace mucho tiempo en Chiapas no existe una auténtica oposición partidista y mucho menos claras posiciones ideológicas. En realidad lo que está planteando es la reafirmación de un esquema de relación política basada en la cooptación y la subordinación a los intereses del Ejecutivo.

Cuando el gobernador pide a la ciudadanía “no dejarse engañar ni amenazar por nadie que los presione a votar por quien no quieran”, está reconociendo que existen delincuentes electorales que trabajan a todo vapor en la coacción y compra de votos; lo que no dice es que quienes ensucian los comicios son sus propios funcionarios, que tienen la instrucción de capitalizar electoralmente los programas clientelares que él promueve con tanto empeño, particularmente entre la población pobre y entre las mujeres marginadas. ¿O a sabiendas de que siente que la clientela electoral chiapaneca pertenece a su gobierno, lo que quiso decir en realidad fue que la gente rechace a los que traten de convencerlos de no votar por el Partido Verde? «Voten por quien más les convenza, por la opción que más confianza le tengan», dijo con tono del viejo comercial chabelesco contra el abuso infantil.

Y cuando Manuel Velasco habla de los comicios como una contienda democrática y difunde su postura en los medios con imágenes de archivo en los actos multitudinarios de entrega de apoyos oficiales, la connotación de ese accionar es que –pese a la veda electoral— desde el gobierno seguirá haciendo campaña a favor de los candidatos del partido en el poder y de los aspirantes de los partidos comparsas (Mover a Chiapas y Chiapas Unido) creados desde las estructuras oficiales para fortalecer la hegemonía del Verde.

Bajo estas circunstancias, lo que tendremos el próximo 19 de julio no son unas elecciones libres, equitativas y democráticas, sino unos comicios manipulados desde el gobierno que ha cargado los dados hacia sus candidatos afines. Por eso carecen de credibilidad las afirmaciones del secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, cuando dice que en Chiapas habrá “cero tolerancia para quienes infrinjan la ley electoral, por lo que cualquier funcionario que cometa actos que atenten contra el transparente desarrollo del proceso, será cesado inmediatamente y remitido a las autoridades competentes para que enfrente el debido proceso legal”.

Por supuesto, no veremos a nadie tras las rejas. La elección de Estado está bien blindada, incluso ante los exabruptos demagógicos y ante la ley.

JUGANDO CHUECO A PEÑA.- El gobierno del estado le está jugando chueco al presidente Enrique Peña Nieto. Públicamente le aplaude las reformas estructurales y en las sombras las boicotea. Así pasa con la reforma educativa. Por un lado se declara convencido de la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza, pero a la hora de aplicar las medidas para alcanzar tal fin, no tiene la suficiente firmeza frente a la oposición del magisterio federal agremiado en la Sección 7 del SNTE. En el conflicto magisterial, ha priorizado sus cálculos políticos en detrimento del proceso reformador que la ley exige. Por eso fue tolerante ante las violentas protestas previas a los comicios federales del 7 de junio que afectaron en sus bienes a la iniciativa privada, a los partidos políticos y a la ciudadanía. En el 2013 el gobierno estatal no logró crear las condiciones para que el Inegi aplicara el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica, y ahora respecto al asunto de la evaluación docente se ha mostrado ambiguo y se ha visto condescendiente con los maestros opositores. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, ha reclamado que las autoridades educativas estatales no envíen la lista de profesores faltistas a clases por el paro sindical, para poder descontarles sus faltas. Es obvio que ante la coyuntura de las próximas elecciones locales, el Ejecutivo ha preferido relegar la aplicación de la reforma educativa en aras de mantener la gobernabilidad en un momento en que se juega el refrendo de la hegemonía de los partidos en el poder. Pero ese doble juego tiene sus límites, sobre todo cuando el prestigio del presidente está quedando en entredicho. El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador Miguel Barbosa, dijo el miércoles que se citará a comparecer al gobernador Manuel Velasco y a sus homólogos de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, para que “rindan cuentas sobre la implementación de la evaluación a sus docentes”. Veremos cuál es la explicación que Velasco da ante los legisladores federales.

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