Hace 10 años un grupo de empresarios de Cancún me invitó a dar una conferencia sobre la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y sus alianzas con los grupos empresariales. Al terminar la conferencia, durante la cena, varios de los presentes hicieron evidente su frustración frente a la extorsión sistemática que el gobernador de Quintana Roo y el alcalde de la zona norte (en la que se sitúa Cancún) llevaban a cabo. “Primero el gobierno federal invita a los inversionistas, y una vez que hemos llegado dispuestos a construir hoteles, restaurantes y crear infraestructura en la Riviera Maya nos encontramos con que el enemigo número uno no es la sociedad civil, ni siquiera las ambientalistas, el enemigo a vencer es la corrupción política”, dijo un español francamente irritado.

Uno tras otro, empresarios mexicanos y extranjeros, compartieron sus experiencias con esta reportera. Con detalles puntuales y cifras que iban desde un millón de pesos hasta tres millones de dólares, los hoteleros, restauranteros y constructores narraron cómo además de pagar las cuotas legalmente especificadas, así como las inscripciones a los organismos e instancias del Estado que les permitieran invertir, construir y concursar para participar en la construcción de obra pública debían pasar por “la báscula” en la casa del gobernador entregando propiedades y dinero.

Ustedes como Coparmex deben ser contrapeso de un gobierno corrupto, dije ingenuamente. La discusión giró alrededor de una posibilidad imaginaria: que todos esos empresarios allí reunidos se unieran en bloque y pusieran un alto a la extorsión de la que eran sujetos. Casi el 80 por ciento admitió que no tendría inconveniente en confrontar al Ejecutivo y al alcalde en turno para detener la insufrible cadena de amenazas, extorsiones y favores políticos exigidos sin pudor al más puro estilo de la delincuencia organizada.

Un empresario de parques de diversión me dijo que mientras los gobernadores tuvieran en sus manos a los medios y en su bolsillo a los directores de medios locales nada podrían hacer, más que abrir un periódico honesto que dijera lo que en realidad sucede. “No entiende Lydia, la reputación se puede destruir de la noche a la mañana, por eso los gobernadores o candidatos fondean periódicos, para destruir a su antojo, para construir imagen a su antojo”.

Y vaya que lo sabía, he vivido de cerca los manotazos políticos que destruyen periódicos o radios, que dejan a reporteros en la calle y de allí se decantan grupos de periodistas chayoteros gubernamentales. Es un problema del país, el cerco a la libertad de expresión está en todas partes.

En todos los estados hay historias similares, por eso es tan importante la valentía de personas libres como el ciudadano que se atrevió a tomar las fotografías del Korenfeld de la Conagua subiendo a un helicóptero oficial para apresurar su llegada al vuelo que le llevaría a él y su familia a esquiar al centro vacacional de lujo en Vail, Colorado.

Por mi paso en diferentes estados escucho el hartazgo, la desesperación y la angustia de empresarias y empresarios, o jóvenes dedicadas a la emprendeduría que resisten someterse a la corrupción. Yo, 10 años después sigo preguntando ¿por qué no se unen en bloque y exhiben a los señores feudales que gobiernan los estados? Siempre hay uno que termina rajándose, me dice un viñatero de Baja California, o un compadrito del góber que revienta los grupos, me dice un restaurantero de Quintana Roo.

Yo sigo sin comprenderlo, aunque 20 de 100 hoteleros se hinquen, por ejemplo, ante la corrupción oficial en Quintana Roo, aún tienen a 80 que pueden aliarse a una sociedad civil sedienta de rendición de cuentas, de una democracia participativa.

Una y otra vez he atestiguado cómo empresarios sólidos y seguros de sí mismos terminan sometiéndose al poder, humillados, dejados en ridículo después de haber hecho pública alguna queja válida que abonaría a la legalidad. Generalizar es siempre equivocarse, canta el dicho; no todas las empresas son producto del abuso y la corrupción, miles son negocios legítimos que estabilizan las economías locales.

No es noticia que los funcionarios públicos utilicen aeronaves del Estado para fines personales, lo novedoso es que un empresario, vecino de una zona de alto poder adquisitivo se haya atrevido a subir a su Facebook esa evidencia innegable.

Este ejemplo pone sobre la mesa la gran trascendencia de que Mexileaks haya llegado a nuestro país. No sólo la sociedad civil derechohumanista podrá denunciar, también esos cientos, miles de empresarias, empresarios, hartos de la extorsión, cansados de la amenaza de desprestigiarles por periodicuchos de quinto patio. Podrán aportar su información, vaya que la tienen. Ya le tocará al grupo de periodistas profesionales ir al fondo del asunto y desenmascarar lo que ya sabemos a cuentagotas: quienes están frenando la economía del país no son las y los empresarios en su mayoría, son quienes hacen de su vida y su negocio un infierno de supervivencia: los gobernantes.