Paridad vertical en planillas en municipios indígenas en Chiapas. Los números cuadran pero ¿y las mujeres qué?

Una mujer revisa y dobla la boleta electoral del resto de las mujeres, en las elecciones federales de 7 de junio. Foto: Red de Observadoras Electorales.

El análisis del tema de la paridad electoral en los municipios indígenas en el estado de Chiapas requiere dos estrategias metodológicas, un abordaje cuantitativo y otro cualitativo. La primera nos aporta información para conocer cifras que nos permiten evaluar sobre sí se cumplió la paridad vertical en la integración de las planillas de los ayuntamientos y, la cualitativa nos arroja luz sobre las condiciones políticas en las que tales planillas se conformaron.

En esta colaboración realizo una aproximación preliminar sobre la integración de las planillas para la elección de ayuntamientos en municipios de mayoría indígena, localizadas en la región Altos de Chiapas (Aldama, Amatenango del Valle; Chalchihuitán; Chamula; Chanal, Chenalhó; Larráinzar; Mitontic; San Juan Cancuc y Tenejapa, Oxchuc y Ziancantán) y en particular la incorporación de la variable de la paridad electoral. Sostengo que en términos cuantitativos los datos ofrecen resultados a favor de la paridad electoral (únicamente para estos municipios) entre hombres y mujeres. Se puede afirmar que en términos generales, todos los partidos contendientes (únicamente en esta región, en otras los resultados son diferentes) integraron en sus planillas la paridad vertical y “cumplen” con la ley electoral, excepto en todos los casos, las planillas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Visto desde una perspectiva de género el cumplimiento de la garantía de la paridad electoral por parte de todos los partidos políticos en la región Altos (siempre exceptuando al PRI) es motivo de celebración; pero sí realizamos un abordaje cualitativo preocupa la excesiva presencia de “candidatas” mujeres participando en partidos que no tienen trayectoria histórica en esos municipios. En los últimos meses han hecho presencia en la región los “partidos satélites” (nacionales como Encuentro Social; Nueva Alianza y Humanista y dos más de carácter local: Chiapas Unido y Mover a Chiapas) que han recurrido a un uso de las mujeres indígenas, al sumar únicamente sus nombres a las planillas como rellenos para cumplir la ley; sin que sean militantes y sin que le preceda un proceso de formación política que favorezca su participación consciente.

En el escenario electoral estas mujeres candidatas tienen pocas probabilidades de ganar ya que las elecciones chiapanecas se realizan en un escenario de “elecciones de Estado” que hacen suponer un triunfo absoluto del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por lo que se infiere que en la mayoría de los casos esos partidos llegan y se retiran sin construir militancia; por lo que es previsible que dejarán abandonadas a las mujeres que hicieron parte de sus planillas. Lo que pueda ocurrir con ellas después de su participación en esta aventura electoral es todavía una incógnita.

Mover el calendario electoral: un recurso para el control político

La celebración de elecciones locales en Chiapas a realizarse el próximo 19 de julio carece de una racionalidad lógica: semanas atrás, el 7 de junio se llevaron a cabo elecciones federales. Esta modificación ocurre a contrasentido de los procesos políticos en la entidad ya que hace apenas tres años, en 2012, se había logrado empatar las fechas entre elecciones federales y estatales. Después de varios y de prolongadas luchas de poder en un largo proceso de negociaciones entre los actores políticos de la entidad, finalmente en el año 2012 se había logrado que Chiapas pudiera tener elecciones concurrentes junto con la federal ¿Por qué entonces se presenta esta disparidad?

Todo indica que las modificaciones en el calendario electoral tienen un propósito instrumental para favorecer la operación política de los gobernantes en turno. No es la primera vez que ocurre. Haciendo un poco de memoria recordamos que en los años ochenta, Chiapas realizaba sus elecciones locales junto con las federales en las mismas fechas. Así se eligió el 6 de julio de 1988 a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), el también gobernador Patrocinio González Garrido (1988-1994), los diputados locales y los ayuntamientos.

En esos años en el territorio estatal predominaba el descontento político en particular en contra del férreo control que se ejercía desde los poderes facticos locales, articulados con el entonces partido de Estado, el Revolucionario Institucional (PRI). Las organizaciones sociales que habían sido protagonistas importantes cuestionando el modo personal de gobernar del entonces gobernador Absalón Castellanos Domínguez (1982-1988) fueron duramente reprimidas. Las organizaciones comenzaron a buscar opciones y construir fuerza electoral de oposición, principalmente a través de los partidos de izquierda adhiriéndose a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, dando la batalla en 1991. Y aunque no triunfaron, dieron muestras de su voluntad de lograrlo para las siguientes elecciones locales de 1994.

Para poder intervenir en desarticular esa posibilidad el gobernador promovió una reforma electoral para mover la fecha de las elecciones locales y tener camino plano para colocar, quitar, poner candidatos idóneos que contuviera el avance cardenista. Eso significó aumentar un año más el periodo de gobierno de los munícipes elegidos en 1991, quienes gobernarían cuatro años, concluyendo en 1995. Pero las cosas no fueron como el gobernador lo había pensado; un fuerte sentido de solidaridad acuerpó la declaratoria de guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. Detrás de ellos salieron miles de ciudadanos a tomar los edificios municipales en contra de la permanencia de un año más de sus ediles. La toma y quema de edificios municipales condujo a que los ayuntamientos impugnados fueran sustituidos instaurando sendos concejos municipales.

Sin embargo la disparidad en el calendario electoral entre elecciones federales y locales, permaneció. Correspondió al gobernador Pablo Salazar (2000-2006) y Juan Sabines (2006-2012) realizar esfuerzos para volver a restaurar la concurrencia en el calendario electoral; intentos que se realizaron en medio de conflictos y tensiones con los actores políticos que se verían afectados por esos cambios. Ambos gobernadores tuvieron la intención de prolongar dos años más a su periodo constitucional la duración de los cargos locales; pero encontraron fuerte rechazo. Además, la memoria de los conflictos municipales de 1994 y 1995 contuvieron esas iniciativas. La solución fue recortar a un año ocho meses el periodo de las diputadas y diputados, así como de los ayuntamientos que fueron elegidos el 4 de julio de 2010, concluyendo su periodo en el año 2012, quedando de esta forma armonizados con las elecciones federales de 2012.

Después de esa fecha se suponía que el tema de la disparidad en los calendarios electorales ya no sería noticia política en el estado; pero no ocurrió así. En julio de 2014 en la sesión del Congreso en la que se aprobaría la calendarización de la jornada electoral local, de manera sorpresiva el PRI y el PVEM modificaron la fecha de la elección local moviéndola a la tercera semana de julio; apenas un mes delante de la elección federal. La reacción fue inmediata.

En esa ocasión la diputada Alejandra Soriano del Partido de la Revolución Democrática interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) interpelando los cambios. Pero sus argumentos no fueron aceptados y de manera incomprensible la Corte aprobó el cambio, autorizando que las elecciones locales chiapanecas se celebraran el 19 de julio, separándose otra vez, de las elecciones federales. De esta forma, así como antes el gobernador Patrocinio González recurrió a cambios en el calendario electoral para ampliar su margen de maniobra para la intervención política; hoy esas mismas intenciones motivaron al gobernador Manuel Velasco Coello a proceder de igual manera. En esta ocasión fue posible gracias a complicidades federales que lo favorecieron.

“Partidos satélites” en municipios indígenas de Chiapas. Mujeres indígenas vestidas con colores que no les son propios

Estamos acostumbradas a maravillarnos con los colores de la ropa que visten las mujeres en los pueblos indígenas. Sí conocemos bien la región podemos saber a qué pueblo pertenecen, porque cada vestido, cada color, tiene un sentido de identidad que las distingue: son sus colores propios. Pero hoy, en la coyuntura electoral de julio de 2015 las mujeres indígenas están siendo identificadas con banderas electorales que hace apenas cuatro meses no conocían.

Se trata de los colores de partidos políticos advenedizos que llegaron a sus municipios en búsqueda de candidatos (no de militantes) y cuando ya fue inevitable -porque no podían evadir la ley de paridad electoral- tuvieron que incorporar los nombres de mujeres para integrarlas a sus planillas. Pero, con esta violenta y sorpresiva integración de sus nombres dentro de las planillas ¿Significa qué éstas ya están “participando” o están siendo reconocidos sus derechos político-electorales?

La lucha de las mujeres indígenas por lograr la participación política efectiva viene de años atrás, las mujeres jóvenes, sobre todo las universitarias que han salido fuera de sus comunidades a estudiar, han realizado un cambio cultural en su percepción de la política, por lo que son las protagonistas más visibles del cambio político en sus municipios, reclamando que se abran espacios de poder y participación y puedan ellas ser elegidas como candidatas.

En mayo de 2015 una reforma constitucional modificó el artículo segundo constitucional para garantizar el derecho de las mujeres indígenas a votar y a ser votadas y se les permita desempeñar cargos públicos de elección popular; asegurando que los (mal) llamados “usos y costumbres” no sean un impedimento para la realización de esos derechos. De esta manera se abrió la puerta para que la garantía constitucional de la paridad electoral pudiera beneficiar también a las mujeres indígenas. Pero, con lo que ahora ocurre en Chiapas, me parece que estamos muy lejos del espíritu de las reformas y de las utopías de las legisladoras que impulsaron las reformas de paridad electoral en México.

Desgraciadamente el estreno de esos derechos se produce en un contexto de prácticas perversas en la política. Un signo que caracteriza a las elecciones locales de 2015 es la presencia de numerosos “partidos satélites” participando en las contiendas locales. Están presentes los “partidos satélites” nacionales (Nueva Alianza; Humanista y Encuentro Social) así como dos nuevos creados en la entidad: el “Partido Chiapas Unido” y el “Partido Mover a Chiapas” que “orbitan” alrededor del Partido Verde Ecologista de México, que es el partido que acuerpa al gobernador en su aspiración a configurar un perfil como candidato a la presidencia de la República.

Todos estos partidos están presentes en los municipios indígenas del altiplano chiapaneco; todos ellos son recién llegados, sin militancia, pero con recursos para la cooptación y el control clientelar mediante el uso ilegal de los programas sociales, sin que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) tome cartas en el asunto y cumpla con sus obligaciones constitucionales.

La efímera vida de estos partidos en los municipios indígenas puede durar incluso únicamente pocas horas. Por ejemplo habiéndose apenas registrado el 15 de junio, cinco días después en la sesión del día 20, el IEPC conoció la decisión de la planilla del Partido Mover a Chiapas del municipio de Larráinzar de disolverse. No hubo sustitutos para integrarlo otra vez.

Esta apabullante presencia de partidos se produce incluso en municipios muy pequeños. Tal es el caso del municipio de Aldama con 5, 072 habitantes, mayoritariamente monolingüe, en su interior contienden seis siglas electorales; todos los partidos -excepto el PRI-, cumplieron la paridad vertical, incorporando cuatro mujeres, por lo menos, en sus respectivas planillas, haciendo un total de 20 candidatas.

Es poco probable que en este municipio de reciente creación (1999) haya habido 20 mujeres dispuestas a hacer valer sus derechos políticos. Así de contradictorio es lo que ocurre en la región: más que garantizar los derechos políticos de las mujeres, el uso instrumental de la paridad que hacen estos partidos, ultraja sus derechos.

Por otro lado, en la región Altos existen también municipios grandes y urbanizados, allí hay mujeres indígenas disputando poder y han construido un liderazgo político importante mediante su experiencia en la gestión de proyectos sociales y participando en algunas ONGs que han apoyado en su formación. En estos municipios algunas pudieron haber sido atraídas por algunos de estos partidos satélites; pero aún ellas podrían tener dificultades en el mediano plazo, ya que al realizar la ruptura cultural que su candidatura presume; al concluir la jornada electoral se encontrarán solas, sin el apoyo de un instituto político que las acuerpe, dada la fugaz presencia de esos partidos en la vida política nacional y ahora, estatal. Carecerán de apoyo para fortalecer su liderazgo y sus capacidades gubernativas ya que únicamente sirvieron para ser usadas por los cálculos políticos y la ambición de los intereses personales de los hombres encumbrados en el poder.

Adicionalmente la presencia dominante de los partidos satélites en los municipios indígenas ha violentado su autonomía como pueblos indígenas, ya que se les penetró con todo el poder del Estado, por lo que podrá tener resultados nocivos en el mediano plazo. Nunca antes había habido tantos partidos en esa región. El pluralismo político llegó a los municipios indígenas de Chiapas hace apenas 15 años; antes fue monopolio del PRI y la oposición se tardó muchos años en penetrar. Hasta antes de 2015 la lucha política era entre PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD); los indígenas de los Altos habían aprendido a hacer política electoral de una manera bipartidista, disputando y acordando, por lo que de alguna manera ya habían construido una suerte de “usos y costumbres” alrededor de esas expresiones políticas. Pero lo que está ocurriendo hoy, no tiene precedentes.

Por ejemplo Chamula, que fue el bastión histórico del PRI en la región, en donde hace apenas seis años ningún otro partido había podido tener presencia, hoy contienden diez colores! del total de los doce partidos (de los diez nacionales y dos locales) que están en la disputa electoral local. Esta masiva presencia se ha instalado también en el resto de los municipios indígenas del altiplano chiapaneco (y en general en todos los municipios del estado) ¿Cómo ingresaron esas siglas dentro del espectro político local en tan breve tiempo?, la respuesta es simple: a través de operadores del partido en el poder; muchos de ellos son trabajadores de la administración estatal; y lo hacen manipulando la política social de manera ilegal y, principalmente ultrajando la dignidad de las mujeres pobres, al manejar su voto, y ahora sus candidaturas.

Esta estrategia ha violentado la legalidad electoral, estas elecciones están lejos de ser una contienda limpia, transparente y equitativa entre todos los jugadores; y en un piso tan disparejo todos los otros partidos políticos como el PRD, Morena, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, están en tal desventaja que es muy probable que no ganen ninguno de los 122 municipios en juego. Por ello el PAN y el PRD exigen ahora (demasiado tarde, pienso) que el Instituto Nacional Electoral (INE) atraiga las elecciones chiapanecas.

Entre otras cosas estos partidos están preocupados porque el PVEM los ha dejado virtualmente sin candidatos, hombres y mujeres, cooptándolos, ya que es a todas luces seguro que sí “se visten de verde” ellos ganarán la contienda al incorporarse al aparato que opera la elección de Estado. Este fue el caso por ejemplo, de la contadora María Gloria Sánchez que aspira a repetir como presidenta municipal del municipio tseltal de Oxchuc; antes fue por el PRI y ahora lo hace por el PVEM.

Estos excesos han creado indignación entre militantes fieles de algunos partidos, por lo que en algunos lugares ha irrumpido la violencia y, es probable que ésta aumente al paso del desarrollo de las campañas. Esta violencia política es particularmente aguda en contra de las mujeres candidatas, sobre todo aquellas que no son del PVEM.

¿Cuál es la estrategia del gobierno del estado para allanar los territorios indígenas municipales con los partidos satélites? Todo indica que la operación política se realiza a través de la administración político-territorial milimétrica de cada uno de los votos en el municipio; para ello se recurre a usufructuar la pobreza; orientando el voto mediante el manejo de despensas; canasta básica; compra de votos; prebendas y cooptación y la operación de los representantes de los programas gubernamentales en las comunidades, hombres y mujeres.

Este patrón ya se probó en las pasadas elecciones del 7 de junio con buenos resultados para el PVEM que se llevó todo. Son esos operadores los enlaces entre la casilla electoral y los electores, y orientan su decisión asegurándose que los votantes estén instruidos sobre cuál será el color por el que deben de votar. De lo que resulta que más que buscar votos, los partidos satélites son únicamente pantallas que esconden operadores políticos para canalizar el voto al PVEM y asegurar que ganen sus candidatos. Por lo que una primera garantía que las mujeres indígenas deberían de poder ejercer es su derecho a un voto libre y secreto; que no lo tienen ni las mujeres y tampoco los hombres.

En este mismo orden de ideas llama la atención que sí bien todos los partidos políticos que juegan en estos municipios indígenas del altiplano chiapaneco cumplieron meticulosamente con la normatividad electoral para incorporar la paridad vertical en sus planillas (solo en esta región, no en el resto del estado), el único partido en los municipios alteños que no sumó a mujeres en la integración de las planillas fue el PRI.

Y me pregunto ¿Por qué el PRI registró esas planillas que no cumplen con la paridad electoral? ¿Esta omisión forma parte de una estrategia de registrar “planillas fallidas” que eventualmente quedarán nulificadas sí una sentencia desde el Tribunal Electoral ordena la reposición de la integración de las planillas (por la controversia presentada el pasado 23 de junio ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por los Partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano) eliminándolas de la contienda ante la dificultad de integrar otra?; de lo que resultará la atomización de los votos priistas dejando el camino plano al PVEM.

¿O ese apapacho consentidor responde más bien a cálculos políticos que presumen que dado que en Chiapas la paridad electoral no sería aplicada, sin que eso significara alguna sanción o costo político, el PRI prefirió dejar las cosas como siempre han estado (de no incorporar a las mujeres) y evitarse un conflicto con sus históricos aliados?.

Por cierto este cuadro de violaciones a la ley de paridad federal y del estado, sólo fue posible porque contaron con la complicidad del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) que aprobó y dio por válidas las planillas que no cumplían con la garantía constitucional de la paridad electoral; incluso la consejera presidente María de Lourdes Morales declaró, al cerrar el proceso de registro de planillas y candidatos que, “todos los partidos políticos cumplieron con la paridad de género”!!!; lo que no resultó ser verídico.

Así las cosas, la ocupación milimétrica del territorio estatal por parte de los operadores de gobierno para instalar una estrategia electoral con miras al 2018 (y 2024) recurriendo a la atomización del voto a través de los “partidos satélites”, sólo fue posible porque con el cambio del calendario electoral se sentaron las bases para hacer posible una “elección de Estado”. Este es un contexto muy lamentable para el debut, estreno y ¿despedida? de la participación política electoral de las mujeres indígenas; de un camino que se creía ¿posible? para el logro de sus derechos políticos.

En conclusión, las elecciones de 2015 en Chiapas se configuran como un “laboratorio social” en un doble sentido. Por un lado el gobernador Velasco Coello está probando el músculo del PVEM en el desarrollo de nuevas estrategias políticas hacía el 2018 e ilustra cómo es posible aniquilar a la oposición y regresar a la época dorada del “carro completo”.

De igual forma, las elecciones locales chiapanecas nos muestran los límites de la celebración triunfalista cuando el análisis sobre la paridad electoral se realiza únicamente a partir de datos cuantitativos y no colocamos el contexto sobre el cómo se integraron las planillas y candidaturas: es decir sobre la calidad de la democracia electoral.

En mi perspectiva el “caso chiapaneco” nos permite bajar a la realidad, nos prende los focos rojos y nos llama la atención sobre la importancia de los procesos; el tomar en cuenta sobre el cómo se hacen las cosas y sobre la centralidad de la ética en la política; por lo que resulta vital documentar mediante metodologías cualitativas lo ocurrido en la entidad y colocar el dato duro a la luz de otras categorías de análisis como el de la diversidad cultural; la falta de legalidad electoral; la excesiva intervención del Estado que violenta los derechos de autodeterminación y autonomía indígena; la vulneración de los derechos políticos de las mujeres indígenas cuando éstas ni siquiera tienen el derecho a ser verdaderas sufragistas; del uso perverso e ilegal de los programas sociales que violenta la dignidad de los pueblos y en particular de las mujeres; entre otros temas pertinentes.

El cruce de todas esas variables con el de la paridad de género, nos podrá ayudar a ampliar la mirada y profundizar en el análisis aquí presentado, que es apenas preliminar, a tres semanas de haber arrancado el proceso electoral local en Chiapas.