Los retos de México en materia de derechos humanos

México.

Con motivo de la visita del Secretario General de Amnistía Internacional a México, la organización exhorta al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a colocar a los derechos humanos como principio de sus esfuerzos para mejorar la vida del pueblo mexicano. Esto a favor de un combate efectivo contra los continuos patrones de graves violaciones a derechos humanos, la impunidad, y garantizar plenamente sus derechos a la ciudadanía.

En marzo de 2014, el gobierno mexicano anunciaría que recomendaciones adoptaría de las 176 realizadas en 2013 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A su respuesta que fue en Febrero del 2015 comentó que el gobierno mexicano no parece estar dispuesto a reconocer la gravedad de la crisis, y su posición en relación con estas recomendaciones puede indicar que va a ignorar cualquier crítica a sus estrategias fallidas en materia de seguridad pública. Esta decisión es extremadamente alarmante tanto en materia de seguridad pública como en materia Desapariciones, tortura y malos tratos, en el Sistema de Justicia Penal, Justicia militar, Migrantes, Personas defensoras de derechos humanos y periodistas, Derechos de las Mujeres y derechos de los pueblos indígenas que también fueron observados como incidentes de violaciones graves en el frágil contexto de derechos humanos que enfrenta México.

La Seguridad pública y derechos humanos ya no nos sorprenden, en el estado de Michoacán sea el ejemplo más visible de la persistente crisis de seguridad pública. Este estado, ha sufrido años de violencia e inseguridad a manos de bandas criminales, así como de la policía y las fuerzas de seguridad, algunas de las cuales actúan en colusión con dichas bandas. y por si no fuera poco los 43 desaparecidos de Ayotzinapa; más los muchos demás cuerpos torturados que aparecieron a lo largo de la investigación de los estudiantes normalistas.

• El desafío para la presente administración es reconstruir el tejido social y forjar instituciones en las que pueda confiar la población y que no cometan violaciones de derechos humanos. ¿Es esto posible o solo es un sueño?

Las desapariciones forzadas, la tortura y los malos tratos parecen el pan de cada día de un triste México a un año de que el gobierno hiciera pública la existencia de más de 26.000 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas durante la administración pasada, las autoridades aún no han publicado la lista depurada con los casos de aquellas personas que todavía son víctimas de privación de la libertad por parte de bandas criminales o de desapariciones forzadas en las que funcionarios públicos están implicados. La prometida base de datos, a escala nacional, de personas desaparecidas sigue sin operar. La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR) aún debe publicar los resultados de sus actividades o demostrar que es capaz de intervenir efectivamente en favor de los familiares de las personas desaparecidas, quienes han solicitado su ayuda dada la omisión o complicidad de otras autoridades.

El sistema de justicia penal sigue siendo el nexo de muchos de los problemas de derechos humanos en México. Las detenciones arbitrarias, la fabricación de acusaciones penales y la violación del derecho al debido proceso y a un juicio justo siguen siendo rutinarias y muy pocas veces conocidas y reparadas. El arraigo, que permite la detención de los sospechosos por largos periodos para realizar investigaciones, continúa favoreciendo los abusos y socava el control judicial. Al respecto, se han ignorado en repetidas ocasiones las recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos para abolir la figura del arraigo.

• Se prevé que la reforma de justicia penal – iniciada en 2008, pero adoptada en sólo un puñado de estados de cara al plazo de 2016 – mejorará los derechos de las víctimas y de los acusados y producirá mejores decisiones judiciales. ¿Entonces?

En Justicia Militar podemos observar a miembros del ejército y de la marina continúan estando implicados en graves violaciones de derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.

En materia de Migrantes en 2013, las autoridades migratorias detuvieron a 82.269 migrantes y deportaron a 75.704 de ellos, la gran mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador. Muchas más fueron las personas que intentaron cruzar hacia los Estados Unidos. En México, muchas personas migrantes entre ellos hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes continúan sufriendo abusos a manos de la policía y otras son víctimas de secuestros, trata, abuso sexual, tráfico de órganos, explotación infantil homicidio, feminicidio e infanticidio por parte de las bandas criminales que a menudo operan en colusión con las autoridades locales. Existen reformas en materia migratoria que han fortalecido algunos derechos de los migrantes, particularmente el derecho a la protección y el acceso a la justicia, pero no se han implementado adecuadamente, faltando mucho por hacer para la garantía de sus derechos.

Las personas defensoras de derechos humanos y periodistas siguen enfrentando a ataques, amenazas, intimidación, secuestro y ejecuciones en represalia por su legítima y valiosa labor. Aquéllos detrás de los ataques casi nunca son llevados ante la justicia. La impunidad de la que disfrutan los responsables de estos ataques debido a la ineficacia en las investigaciones, la mayoría conducidas por autoridades estatales con supuestos vínculos a estas violaciones, promueve la tolerancia a estos ataques.

Y que pasa con los derechos humanos de las mujeres, la igualdad de género es una meta aún lejana. La violencia y la discriminación violan los derechos humanos de mujeres y niñas y comprometen severamente su salud y derechos sexuales y reproductivos. La violencia de género sigue penetrando las vidas de mujeres y niñas en todo México. La impunidad de tal violencia, incluyendo el abuso sexual y el feminicidio, es generalizado. Las leyes federales y locales promulgadas desde 2007 para mejorar los procesos de investigación y prevención de la violencia son ampliamente ineficaces o no se han aplicado, dejando a las mujeres y a las niñas en un riesgo constante. La ambigüedad legal que existe en relación al derecho de las mujeres al acceso a un aborto seguro y legal en casos de abuso sexual o de riesgo para la salud de la mujer, en fin sus derechos sexuales siguen siendo cuestionados por movimientos pro vida y malas políticas públicas que contribuyen al aumento de procesos de criminalización de mujeres.

Los Derechos de los Pueblos Indígenas, tras 20 años del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, muchas comunidades indígenas en el país siguen sufriendo discriminación, además de acceso limitado a la justicia, a la salud, a la educación, a la vivienda y a la tierra. Hasta ahora, las medidas que ha tomado el gobierno no han sido las adecuadas para enfrentar los obstáculos estructurales más grandes que les impiden disfrutar de estos derechos.

México aún enfrenta serios retos en relación al Estado de derecho y al respeto a los derechos humanos. La preocupante situación de inseguridad en muchos lugares del país y las consecuencias del combate al crimen organizado y a los cárteles de la droga por parte de las fuerzas armadas, iniciado y aún no terminado en la administración anterior, han aumentado la inseguridad y la violencia en muchas regiones, dejando a muchas comunidades desprotegidas y en riesgo. Los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias continúan y la impunidad en todos los crímenes sigue siendo la norma. Las y los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y revelan los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques. Las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus posibilidades de obtener reparación son escasas. El sistema de justicia continúa defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en general. Éstos son sólo algunos de los problemas de derechos humanos que las personas deben enfrentar en sus vidas diarias, y hasta ahora el gobierno no ha respondido claramente a esta crítica situación.

El presente texto es un análisis del memorándum de Amnistía Internacional para el Presidente Enrique Peña Nieto