Los olvidados y los vulnerables de siempre

Sucedió dos días después de la fecha en que el mundo celebra a sus niños y sus niñas y ocho días antes de la emblemática fecha mexicana del Día de las Madres.

A pesar de los festejos que tradicionalmente se realizan en esos días; la tragedia se asomó otra vez en Chiapas, nuevamente en comunidades indígenas, de nueva cuenta con niños y niñas -uno de los grupos más vulnerables en Chiapas- otra vez y como casi siempre por efecto, defecto u omisión de las autoridades, -en este caso federales; a esta tragedia puede sumársele -otra igual de peor- que como muchas otras, seguramente pronto pasará al olvido de la mayoría de la opinión pública.

Según se ha podido reconstruir, el día viernes primero de este mes, una brigada médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llegó a las comunidades indígenas de La Pimienta, San José y San Antonio del Monte, todas ubicadas en Simojovel y comenzó el proceso de vacunar a los niños y niñas de las comunidades.

En comunidad de La Pimienta la brigada médica vacunó a 52 niños, de los cuales 31 tuvieron reacciones adversas, de ellos dos bebés lamentablemente fallecieron y casi treinta requirieron la necesaria hospitalización.

Con los días, el IMSS pasó de comunicar que suspendía las vacunaciones, a afirmar que solamente el lote destinado a La Pimienta era el que presentaba algún problema y negaron que dicho problema se debiera a que las vacunas estuvieran caducas o defectuosas.

Lo último que han reportado las autoridades del IMSS es que los daños a la salud de los menores fueron por contaminación externa, esto porque en los análisis de laboratorio que se han realizado se encontraron ciertas bacterias que coinciden con el cuadro clínico de los bebés hospitalizados

Lo cierto es que las víctimas son niños y niñas, tsotsiles, de origen rural, del estado más pobre del país; es decir son por lo menos triplemente vulnerables por ser infantes, por pertenecer a una comunidad que por ser rural no cuenta con el equipamiento y la infraestructura que haga la vida de ellos y de sus padres más llevadera, también hay vulnerabilidad por la etnia y por vivir en el estado con los indicadores sociales y económicos más bajos del país.

Para decirlo en otras palabras, esa vulnerabilidad los hacía a los infantes, a sus padres y a sus comunidades; receptores de la obligada ayuda institucional por mandato constitucional, es decir del Estado-nación y esto por el simple hecho de ser mexicanos.

Algo grave pasa en este país cuando el Estado al asumir la responsabilidad de sus acciones afecta a los más vulnerables hasta llegar a la tragedia. Así de simple.

Obviamente y hasta esperar el resultado de las investigaciones -que debemos exigir se hagan con total transparencia- quizá se trate de un error humano, tal vez el proveedor no cumplió las especificaciones de las vacunas, o quizá el protocolo del traslado no se hizo correctamente. Pero la primera obligación de las instituciones de gobierno aparte de resarcir de alguna manera el daño a los dolientes, es decirle a la opinión pública que pasó.

Pero ni el error humano, ni la contaminación externa de los reactivos médicos eximen de la responsabilidad a nuestras instituciones, en este caso el IMSS; que debe de tener protocolos para todos los casos que puedan presentársele; la pregunta es: ¿Los tiene? O quizá también; ¿conocen sus protocolos todos los empleados y directivos, desde el más humilde hasta el más encumbrado?

Si todos en Chiapas sabemos -o casi todos- que somos el estado más pobre del país; debemos estar conscientes que el peso de nuestras instituciones públicas federales, estatales y municipales en nuestra vida diaria es más importante del que creemos.

El estado vive de remesas y de los subsidios federales, por eso ser funcionario de cualquier nivel de gobierno en Chiapas hace a las personas “importantes”. Pero ese peso específico de las instituciones conlleva -o debería de ser así- a sus funcionarios a ser eficientes y eficaces.

Sencillamente porque cumplen el mandato constitucional de ayudar a los que menos tienen y lo hacen en el estado más pobre de México. Trágico es cuando no se cumple esa función y se afecta dramáticamente a quienes se quiere ayudar.

Trágico también porque se cancela la esperanza de un futuro mejor respaldado por las políticas públicas. Eso también es fracaso gubernamental porque en primer lugar genera la desconfianza de la población vulnerable y porque en segundo lugar, esta desconfianza terminará haciendo más grande la desigualdad y la pobreza que sufre Chiapas.

Precisamente, la desigualdad y la pobreza; el binomio perverso del que no puede salir Chiapas.

Hace dos semanas, la revista Forbes en su edición mexicana publicaba que México perdería aproximadamente 3,500 millones de pesos al año si los niños no existieran. Esto debido a que dulcerías, jugueterías, servicios de entretenimiento y servicios de comida rápida son algunos de los sectores que dependen directamente de la población infantil para sobrevivir.

El texto asegura que si los niños mexicanos no existieran, las diversas industrias que dependen directamente de los más de 32 millones de niños mexicanos desaparecerían; esto a pesar de que los niños no perciben un ingreso; pero son un factor económico vital porque el gasto de este segmento representa entre el 16 y el 21 por ciento del consumo nacional.

Seguramente la mayoría de los niños de Chiapas -al vivir en el estado más pobre del país- poco o casi nada participan de este segmento de la economía nacional. Es decir, no son grandes consumidores y no gozan del privilegio al que acceden los infantes de las regiones más desarrolladas del país.

Sobre todo los niños y niñas de comunidades rurales, miembros de algunos de nuestros grupos étnicos, como no gozan de ese privilegio, dependen de los programas gubernamentales y ello los convierte en rehenes de la calidad de las acciones de los programas y eso si estas llega hasta ellos.

Ya vimos –y trágicamente- que la calidad es el talón de Aquiles de la burocracia. Guardo muy pocas esperanzas de que esto cambie si se deja en manos de la administración pública.

Algo grave ocurre en el país que nuestros funcionarios no puedan garantizar que los más vulnerables sean protegidos y que con sus acciones agraven su vulnerabilidad y los condenen a una pobreza generación tras generación.

Twitter: @GerardoCoutino 

Correo: geracouti@hotmail.com