Entre más obra, más sobra

La corrupción, de acuerdo a Barómetro de las Américas, ha crecido en México, y la percepción ciudadana lo constata. Actualmente, el 77 por ciento de los mexicanos cree que la corrupción está generalizada entre los funcionarios; hace cinco años, era el 47.9, y hace diez años, el 38.6 por ciento.

Esa percepción se corresponde con la realidad. Hemos vivido, desde la alternancia del poder en el 2000, un incremento de actos verdaderamente delincuenciales en contra del erario.

Juan Sabines, el monumento mayor que tenemos de la corrupción en Chiapas, dejó una deuda pública de 42 mil 200 millones de pesos, los cuales fueron a parar en gran parte a sus bolsillos y al de sus colaboradores, sin que se le haya iniciado juicio alguno.

El exgobernador merece un capítulo especial en el la Enciclopedia de la Corrupción porque acabó con las instituciones, sometió a dirigentes de partidos políticos a sus caprichos personales, y saqueó, con descaro, el erario.

Si existiera voluntad de castigo no sería difícil encontrar las múltiples evidencias del robo al presupuesto estatal. Dejó, a diferencia de sus antecesores, muchos hilos que conducen al desfalco.

Palacio de Gobierno de Chiapas.

Pero la mayoría de los gobernadores, presidentes municipales, funcionarios o legisladores no dejan rastro en su carrera de enriquecimiento. Para ello se valen de la “industria del diezmo”, un porcentaje al que están acostumbrado pagar contratistas y proveedores de obras y servicios públicos, si bien les va, porque a veces les exigen el 20 o el 30 por ciento. Vale por eso el dicho de que entre más obra, más sobra. Es la transacción más segura y más rentable. Y los políticos lo saben.

¿Por qué un gobernador como Manuel Velasco Coello –que dice percibir 75 mil 568 pesos mensuales, por aquello de que se bajó el sueldo– se permitió gastar alrededor de 700 millones de pesos en campaña, si solo ganará seis millones 347 mil pesos como mandatario? ¿Por qué tanto altruismo?

No hay que ser muy perspicaces para comprender que la verdadera ganancia de los políticos no está en el cheque que se les extiende cada quincena, que bien podrían donarlo a cualquier fundación, sino en los ingresos colaterales que representa ejercer el poder y el presupuesto público.

La alternancia en la presidencia de la república, en lugar de disminuir la corrupción la ha incrementado, porque no hay contrapesos. Los políticos, del partido que sea, se saben insertos en una carrera que concluye en tres o seis años, tiempo durante el cual deben consolidar su fortuna. Incluso los diputados se permiten agregar a sus sueldos prestaciones económicas por aprobar leyes o por gestionar obras para sus distritos, en una especie de “subvenciones parlamentarias” que disputan casi todos los legisladores.

Cuando cunde la corrupción y no hay castigo, dice Luis Carlos Ugalde, todos quieren practicarla lo más rápido posible: “La corrupción se ha fragmentado de forma

horizontal: antes se concentraba en el Poder Ejecutivo federal y ahora se exportó al Legislativo y al Judicial. También se ha desconcentrado de forma vertical: ahora incluye a gobernadores, alcaldes, diputados locales y hasta regidores”.

Las campañas de los candidatos a diputados federales, que iniciaron ayer, y las que vendrán después con los aspirantes a presidentes municipales y a diputados locales, no será más que una lucha por agenciarse del presupuesto público para el disfrute privado. Desgraciadamente esa es nuestra realidad y ese es el desánimo que se transmite en estas desangeladas elecciones.