El IEPC y la rendición de cuentas

La Consejera Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, María de Lourdes Morales Urbina, dio a cnocer que las elecciones del 2012 duraron cinco meses y costaron 328 millones de pesos; las del 2015, duran 11 meses. Se alargó mucho tiempo el proceso, y autorizaron el mismo presupuesto que las del 2012.

Es decir la viabilidad de las elecciones podría estar en riesgo por la falta de recursos necesarios para el IEPC. Ya que las elecciones locales en Chiapas serán en fecha diversa que las federales ( lo que pudo haber ahorrado millones de pesos) debido a que en las reformas electorales locales se decidió que así fuera y aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó inconstitucional este hecho, también ordenó que se siguieran las elecciones en la fecha programada por ser irremediable ese hecho. Existe una doble irresponsabilidad legislativa, primero en la fecha programada y segundo por no dotar de los recursos necesarios para llevar a cabo los mismos.

La Consejera detalló que encontró al IEPC con 108 millones de deuda. Dijo que se debe a proveedores, al SAT, Infonavit, IMSS, 2 por ciento sobre nómina, y por ello inició un juicio ante la contraloría contra quien o quienes resulten responsables. El contralor tiene que determinar… “yo ya hice mi parte, porque si no también incurriría en responsabilidades, por omisión, de acuerdo a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos”. Es importante saber en qué se gastó todo ese recurso que es dinero público, cuáles son las justificaciones de dicho gasto o las responsabilidades, cuáles son los documentos que amparan las erogaciones y los conceptos por los cuales se ejerció el gasto.

La Consejera Presidente hace bien en poner en conocimiento de la autoridad competente y de la ciudadanía la situación financiera y patrimonial del IEPC, ahora la responsabilidad queda en la Contraloría que deberá deslindar responsabilidad administrativas, civiles o penales en su caso. La rendición de cuentas es un acto administrativo mediante el que los responsables de la gestión de los fondos públicos informan, justifican y se responsabilizan de la aplicación de los recursos puestos a su disposición en un ejercicio económico. Por su parte la transparencia implica conocer si el ente de Estado correspondiente está haciendo correctamente lo que difunde y publica a la ciudadanía.

A diferencia del derecho de acceso a la información y de protección de datos, la transparencia y la rendición de cuentas son políticas públicas encaminadas a la eficiente y eficaz administración de los recursos públicos, el IEPC y todos los organismos o poderes públicos deben de implementar éstas políticas públicas para garantizar al ciudadano que los recursos se ejercen de manera adecuada y responsable.

@CarlosAntonioMZ