Del voto “pastoreado” al voto pactado
¿La gente nos une?. Foto: ChiapasPARALELO
Iniciaron las campañas electorales para reemplazar a los 500 diputados del Congreso federal que al año le cuestan al país más de 7 mil 300 millones de pesos, cantidad que representa más de la mitad de los presupuestos de estados como Colima, Tlaxcala y Baja California Sur. En nuestra imperfecta democracia o en nuestra “dictadura perfecta”, más millones no significan, por supuesto, mayor calidad y eficacia de nuestro sistema de representación popular. Al contrario, pareciera que el oneroso gasto es directamente proporcional a la decadencia de nuestra clase política, que cada vez es más repudiada por el ciudadano que no se siente representado en sus intereses y rechaza desmedidos privilegios y conductas deshonestas de la mayoría de legisladores federales.
Bajo estas circunstancias, el potencial votante más o menos informado rehúye de las urnas pues ve como una aberración sufragar por candidatos poco confiables y, en general, por un Congreso que en la práctica no le reditúa beneficios tangibles en su situación económica ni ve un futuro promisorio para un país con brutales desigualdades, carcomido por la corrupción gubernamental y partidista, y arrinconado por la violencia criminal de mafias e instituciones de seguridad.
Nadie en su sano juicio perdería el tiempo en salir a votar si su derecho fundamental en una democracia no le representa ningún incentivo, mucho menos frente a una oferta de partidos degradados políticamente que ni son revolucionarios, ni son democráticos, ni son de acción, ni son ecologistas, ni son de trabajadores, ni son de ciudadanos…
Pero como el sistema tiene que reproducirse para perpetuar el poder de las élites, las elecciones deben efectuarse a como dé lugar, así sea con niveles mínimos de legitimidad. De acuerdo con la tendencia histórica de los comicios intermedios, el abstencionismo está entronizado en poco más del 50 por ciento y podría aumentar por el desprestigio creciente de partidos y políticos que se han visto inmiscuidos en corruptelas y escándalos.
La esperanza o el instrumento fundamental para que la votación no caiga a niveles peligrosos, es el voto “duro”, fiel, de los partidos y el voto que podríamos denominar “pastoreado”, aquel que puede ser alimentado y manipulado a través de los programas sociales con usos clientelares. Y podríamos sumarle el voto “incauto” o “ingenuo”, aquel sufragio susceptible de captar a través de intensas y costosas campañas publicitarias en los medios de comunicación masiva.
No son éstas, por supuesto, las condiciones más idóneas para construir una democracia sustentable que pueda acabar con la corrupción institucional y dar respuestas eficaces a los problemas económicos, políticos y sociales por los que atraviesa México. Una clase política alejada de las demandas ciudadanas, depredadora de los recursos públicos y más cercana a los intereses de los grupos de poder, es el flagelo más pesado que obstaculiza la transformación del país.
Las elecciones federales de este año se dan en un contexto de crisis institucional, de erosionada legitimidad del régimen y de pésimas expectativas económicas que han obligado al gobierno al recorte presupuestal y a bajar sus pronósticos de crecimiento del producto interno bruto. Digamos que las condiciones estarían dadas para que la oposición pudiera quitarle en el Congreso la mayoría absoluta a la coalición gobernante PRI-PVEM. Sin embargo, ¿cómo podría concretarse esta posibilidad si la oposición ciudadana y la partidista caminan por caminos diferentes e incluso son antagónicas?
Una amplia franja del electorado descontento ve en los próximos comicios la oportunidad de darle una lección al régimen anulando su voto para dejar claro que desaprueba el gobierno de Enrique Peña Nieto, que repudia a la clase política y que está decepcionada de nuestra envilecida democracia; y a partir de ahí obligarlo a emprender reformas que cambien la situación. La oposición partidista más radical (Morena) sostiene que esa estrategia resultaría infructuosa porque mantendría inalterada la correlación de fuerzas en uno de los contrapesos al Poder Ejecutivo y la crisis de legitimidad política manifestada en las urnas no es garantía para que el gobierno haga las transformaciones exigidas o que las lleve a cabo con la profundidad que se requieren.
Conociendo las artimañas del régimen priista, lo más probable es que de ganar con sus aliados la mayoría del Congreso, recurra de nuevo a sus habilidades de gatopardismo y cambie lo necesario para que todo siga igual. Si las mayores transformaciones políticas en el país en los últimos 50 años se lograron con el movimiento de 1968, con la insurgencia ciudadana de 1988 y con el levantamiento indígena en Chiapas en 1994, la alternativa más eficaz pareciera estar en una respuesta de similares dimensiones.
Frente a un movimiento social en declive y desarticulado, la coyuntura para un posible cambio se centra en las elecciones del 7 de junio y giraría en torno a impedir que el PRI y el Verde logren la mayoría en la Cámara de Diputados. Es un objetivo difícil de lograr por los cuantiosos recursos e instrumentos que tiene el régimen para orientar las votaciones a su favor, pero no imposible. No se trata de regalar cándidamente el voto a una oposición inasible, a una entelequia, sino tomar con firmeza del brazo a las corrientes más comprometidas en los partidos opositores para hacer compromisos concretos sobre la agenda política que se impulsará en el Congreso, entre ellos como prioridad la rendición de cuentas y la revocación del mandato de los propios diputados.
La clave está en la organización ciudadana y en tomar conciencia de que el régimen, a pesar de estar de pie cargando una profunda crisis de legitimidad, está en su fase terminal. Ello requiere vencer el desánimo, la frustración y abrirle una rendija a la esperanza de que este país no está perdido, de que a través de las pequeñas batallas ganadas, puede lograrse el cambio deseado. El voto pactado es el reto para las próximas elecciones, pese a que el panorama se vea tan sombrío.
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