Tortura generalizada, boton de muestra en Chiapas

La Organización de las Naciones Unidas cuenta con mecanismos para proteger los derechos humanos ante eventuales violaciones a los mismos. Estos mecanismos pueden derivar de los tratados que los Estados ratifican y que se obligan a cumplir o bien pueden ser mecanismos extra convencionales, creados para supervisar aquellos países con problemas graves de derechos humanos, o bien para atender las violaciones a derechos humanos más recurrentes, conocidos también como mandatos temáticos.

Uno de estos mecanismos temáticos es el Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura, y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo titular es el profesor Juan Méndez, de nacionalidad argentina. A invitación del gobierno mexicano, el Relator visitó nuestro país del día 21 de abril al 2 de mayo del año 2014, ocasión en la que visitó diversas entidades federativas, entre ellas Chiapas.

Recientemente el Relator, insistió en el hecho de considerar que en nuestro país la tortura constituye una práctica generalizada, situación que, lejos de preocupar y mover a la atención del señalamiento, generó reacciones contrarias y descalificativas en contra del señalamiento y del Relator.

Lo cierto es que la tortura constituye una práctica que se admite con naturalidad, dada su amplia cobertura y utilización por las fuerzas policiacas, y Chiapas no es la excepción.

Con frecuencia nos enteramos que la Procuraduría de Justicia del Estado presume los resultados de lo que denomina “labores de inteligencia” o “investigaciones científicas” que los conducen a presentar probables responsables confesos de los supuestos delitos en que incurren, generalmente delitos de secuestro y homicidio. Resulta por demás extraño y hasta sospechoso que los inculpados confiesen voluntariamente, y si lo hacen bajo estas circunstancias, resulta aún más extraño y confirma la sospecha el hecho de que al declarar en los juzgados no reconozcan tales confesiones y aleguen ser el producto de la tortura.

En la tortura participan los policías que la llevan directamente a cabo, los agentes del Ministerio Público que las instruyen, los médicos legistas que las ocultan y los funcionarios de alto nivel de la Procuraduría General de Justicia, que lógicamente las toleran y el algunos casos animan a su práctica. No puede existir otra explicación para la impunidad frente al fenómeno.

Contribuye también a la persistencia de la tortura, el hecho de que no existan mecanismos eficaces para la prevención, investigación y sanción de quienes cometen tortura. Los sentenciados responsables de tortura son muy escasos; la Comisión de Derechos Humanos evita conocer de estos casos dada su falta de independencia con relación al Gobernador, y su cercanía con el Procurador de Justicia; y los mecanismos jurisdiccionales simplemente no son eficaces.

Un pasaje de la declaración ministerial de una persona acusada de secuestro hace algunos meses, constata que la tortura pudo haber sido corroborada por un actuario del Juzgado de Distrito, cuando éste llegó para notificar la presentación de un amparo a favor de otro coacusado:

Llegamos en la noche y en cuanto llegamos me empezaron a torturar. Me dijeron que me quitara la ropa, pantalón, camisa y bóxer. Luego me vendaron desde los pies hasta el cuello y me enrollaron en una cobija, luego le subieron el volumen a una televisión en un canal de música. Me estaban echando agua, y había pasado como una media hora, cuando de repente, escuché a una mujer que dijo “aguas, un contrario”. Entonces, de inmediato me empezaron a desatar, quitarme la cobija y venda, y ellos mismos me pusieron la trusa y el pantalón, y me dijeron ya cállate pinche llorón. Le bajaron a la televisión y me regresaron a la celda. Después me enteré que el “contrario” era un actuario que había llegado a notificar un amparo a otro de los que habían sido detenidos.