Caso Aristegui, golpe autoritario

La periodista Carmen Aristegui fue despedida por la empresa MVS, donde transmitía su noticiero, uno de los más escuchados en el país. El pretexto para arrebatarle el espacio radiofónico fue el presunto uso de la marca MVS/Noticias en la adhesión a la iniciativa MéxicoLeaks, la plataforma ciudadana de filtración de documentos confidenciales a la cual Carmen se sumó junto con otros medios como Proceso, Periodistas de a Pie, Animal Político, Emeequis, Másde131, Poder y Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Por la desproporcionada y agresiva reacción de la empresa al diferendo que ella misma consideró de carácter administrativo, todo parece indicar que la decisión de rescindir el contrato con la prestigiada comunicadora tiene motivaciones políticas y obedece a una venganza orquestada desde la Presidencia de la República.
Hacer público ese desacuerdo interno en el que MVS acusó a Aristegui de “abuso de confianza”, constituyó una grave imputación que evidentemente buscaba más el desprestigio que abrir alguna posibilidad de solucionar las discrepancias. La consigna era echarla a como diera lugar, porque en el proceso de aclaración del problema la empresa despidió fulminantemente a dos integrantes del equipo de investigación del noticiero (Daniel Lizárraga e Irving Huerta) y poco después modificó unilateralmente las condiciones del contrato con la periodista que le quitaban el poder de decisión de los contenidos noticiosos, la excluían de la jefatura de investigaciones especiales y la obligaba junto con sus colaboradores a “informar sobre su pertenencia a ‘asociaciones, grupos, organismos gremiales, políticos o de la sociedad civil’ y, por si fuera poco de su ‘participación accionaria en alguna otra empresa’ y de los ‘ingresos obtenidos por labores diferentes a las realizadas para la empresa’”. Sobre este conjunto de acciones coercitivas Gabriel Sosa Plata, el ombudsman de MVS, afirmó: “parece una grave omisión, contraria a la Constitución y diversas leyes”.
Bajo estas circunstancias, era obvio que no había otra salida posible más que el despido forzado. Aristegui aceptó seguir en el noticiero sólo si se reinstalaba a sus compañeros y la empresa respondió de nuevo con tono beligerante: “no podemos aceptar condicionamientos y ultimatos de nuestros colaboradores”.
Así se consumó la venganza de Los Pinos contra la periodista de mayor audiencia en México, la que divulgó el caso de la “Casa Blanca” presidencial “donada” por uno de los contratistas más favorecidos por Enrique Peña Nieto durante su gubernatura en el Estado de México y en lo que lleva de su periodo presidencial; la que profundizó sobre la compra de una casa que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hizo también al Grupo Higa a tasas preferenciales; la que denunció la red de prostitución que armó con dinero público el dirigente del Partido Revolucionario Institucional del Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez.
El despido de Aristegui configura, en este contexto, un atentado a la libertad de expresión que daña aún más al vulnerable sistema democrático mexicano. Es también una señal inequívoca de desesperación de un régimen proclive a la corrupción que agrava su decadencia en el ámbito de la justicia, lo económico y lo social. Ante la crisis institucional y de credibilidad, el gobierno peñista ha optado por el autoritarismo y la simulación que privilegian la opacidad frente a la sana transparencia con la que se deben desempeñar los gobernantes. El silencio de la clase política, de los partidos respecto al tema, es sintomático y revelador de la podredumbre generalizada.
La sociedad debiera solidarizarse con la periodista como lo han hecho ya más de 170 mil personas a través de las redes sociales, porque apoyándola estará defendiendo también el derecho a la información y construyendo un dique ciudadano contra los golpes autoritarios de un régimen en descomposición que se resiste a morir.

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