Ética empresarial, justo lo que nos faltaba
El Consejo Directivo de @coparmexchs con el Presidente Nacional @jpcastanon acompañado de 3 Vicepresidentes Nacionales de @coparmex
La iniciativa privada, a nivel nacional y ahora, en el entorno local, ha decidido “alzar” la voz y establecer una postura ante el clima político que vive la nación y vale la pena repasar lo que han intentado dejar claro.
El 19 de enero pasado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emitió un mensaje titulado “Estado de Derecho” en el que, entre otras cosas, se denunciaba que las manifestaciones en torno al movimiento nacional por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa tenían un tinte distinto al social. Baste un extracto de aquella comunicación:
“En las uìltimas semanas, los mexicanos hemos sido testigos de una escalada de expresiones de violencia y provocacioìn a las instituciones del Estado y a la sociedad por parte de estos grupos. (…) Estos grupos han irrumpido con violencia en reuniones privadas y eventos de la sociedad, como lo hicieron la semana pasada en un foro empresarial en Chilpancingo, violentando derechos humanos como el de reunioìn y libre traìnsito. Han manifestado su intencioìn de sabotear procesos electorales, y en una nueva y grave accioìn, ineìdita en Meìxico, provocaron con violencia e irresponsabilidad a las fuerzas armadas, en las propias instalaciones de eìstas. Hasta cuaìndo van a permitirse estos abusos y la impunidad.” (El comunicado completo está disponible en: http://www.cce.org.mx/sites/
En el pronunciamiento, respaldado por el amplio sector empresarial, la exigencia era una: fortalecer el Estado de Derecho.
El pasado 27 de enero, nuevamente impulsado por el CCE, el empresariado nacional —así se entiende— firmó un Código de Integridad y Ética Empresarial (CIEE) mediante el cual, la iniciativa privada del país dice comprometerse con 12 principios de integridad, ética y transparencia que se respetarán en empresas de todos los tamaños en todo el país. El “código” tiene por primer punto la “Prohibición de la corrupción” o, en términos del documento, “prohibir la realizacioìn, el ocultamiento u otra actividad tendiente a llevar a cabo actos de soborno, corrupcioìn, colusioìn, cohecho o en general cualquier actividad” no limitada a la entrega de dinero que redunde en obtener ventajas ante otra empresa, funcionario o institución de gobierno. (El código completo está disponible en: http://cce.org.mx/ciem/Codigo-
En tanto eso ocurre a nivel nacional, en Chiapas la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servitur) de Tuxtla Gutiérrez a través de su presidente, Manuel Ramos Martínez, pidió al Legislativo local se regulen las manifestaciones ante las pérdidas que han causado al sector empresarial, sobre todo al turismo.
Resulta por lo menos curioso cuando no paradójico, que el empresariado nacional —y ahora el local— exijan por una parte el cumplimiento de la ley, el “restablecimiento” del Estado de Derecho cuando la “ética empresarial” vigente parece no caracterizarse por su buena relación con las leyes.
Parece positivo que el CCE invite a sus afiliados y demás empresariado del país a seguir un código de ética, pero resulta a todas luces insuficiente una lista de buenas intenciones cuando en los hechos, la búsqueda de las lagunas legales y el desentendimiento de la ley se les da tan bien.
La ley —podemos consentir que aquí se diga que han sido las instituciones, que han sido los acuerdos históricos de impunidad, y no nos equivocaríamos, pero vayamos al sujeto, a la IP que ahora quiere dejar claro cuán actor es de la realidad mexicana—, decía que la ley y las prohibiciones que establece no impidieron, por ejemplo:
—Que el empresario Lino Korrodi recaudara, de forma presumiblemente ilegal, 91 MDP para la campaña de Vicente Fox.
—Que el empresario Amado Yañez junto a los gobiernos panistas 2000-2012 obtuviera contratos por más de 31.000 MDP que derivaron en el caso Oceanografía
—Que Juan Armando Hinojosa (el de la Casa Blanca de EPN) a través de HIGA lograra numerosos contratos en el Estado de México y ahora en el gobierno federal en lo que, por lo menos, es conflicto de intereses
—Que Rafael Olvera Amezcua llevara a cabo el fraude Ficrea a cientos de ahorradores
—Y Monex, y Soriana, y los sobornos de Wallmart, y el Teletón, etc.
Sin duda, decir que todos los empresarios caen en actos de corrupción sería injusto, las generalizaciones ofenden a cualquiera. Afirmemos solo que a los que les dan chance, lo hacen. Y ese, quizá, sea el verdadero problema.
Cuando la IP exige que se haga cumplir el Estado de Derecho, deberían entender que esa frase significa exigir que las instituciones cumplan la función para la cual fueron creadas y que se puede resumir a cumplir y hacer cumplir la ley. Y en ese sentido, la parte del empresariado que ha participado en actos de corrupción debería responder por ello.
Como deberían responder adecuadamente con el pago de impuestos, con las prestaciones y los sueldos justos a las y los trabajadores, y si hablamos de ética, con verdaderamente impulsar el desarrollo del país en lugar de la obesidad de sus bolsillos. ¿O acaso no fue ese mismo empresariado que ahora firma códigos de ética y exige se cumpla la ley el que se opuso (junto a los sindicatos charros) a aumentar el nivel del salario mínimo en el país?
Y lo mismo se puede decir de la iniciativa privada en Chiapas que ahora quiere se legislen las marchas pero ha sabido guardar silencio ante otros hechos, ante otras violaciones de derechos y, en general, ante toda injusticia que en el terruño ocurre.
El discurso empresarial, lo que dice, es que el pueblo somos nosotros, los que necesitamos los trabajos que ellos generosamente ofrecen y los que sobrevivimos con los sueldos raquíticos que están dispuestos a pagar. Y que ellos, los dueños, los jefes, son actores que están de ese otro lado, el del poder, que ven y verán solo por los intereses que a los poderosos atañen… porque, claro, ellos se sienten (y algunos, de facto, lo son) poderosos.
Ética empresarial es lo último que nos faltaba. La ciudadanía (palabra que no aparece en ninguno de los 12 puntos del código de ética del CCE) lo que pide es que, sí, se aplique el Estado de Derecho o, lo que es igual, que se haga justicia (por Ayotzinapa, por Tlatlaya, por Moisés Sánches y cada periodista asesinado o desaparecido, por la Guardería ABC, Acteal, Juárez, Chiapas, por México).
No basta que los empresarios se prohíban entre ellos la corrupción. Lo urgente es que la denuncien ahí donde está para que, finalmente, podamos erradicarla.
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