Cuatro soluciones, para empezar

¿Por dónde comenzar para dar certidumbre? Foto: Presidencia

¿Quiénes van a reconstruir a México? La pregunta de estos días es quiénes tienen verdadera incidencia para llevar a cabo una transformación de fondo porque no hay hogar mexicano en el que no se hable de la injusticia, inestabilidad, corrupción rampante y, claro, de los 43 estudiantes como símbolo patente del narcoestado.

¿Por dónde comenzar para dar certidumbre? Algunos pasos para iniciar…

Hace cinco semanas el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, presentó su renuncia al presidente Enrique Peña Nieto. Mis fuentes de Presidencia aseguran que la respuesta del residente de Los Pinos fue algo así como: “Vaya, eres el primero que trae su propia renuncia; todos los demás me traen listas de quiénes deben renunciar”.

A la luz de la ineptitud de Murillo Karam, está claro que esa renuncia debería de ser aceptada de inmediato, además de abrirle un expediente para investigar todos los casos en que por omisión de su equipo y su falta de liderazgo causó muertes que pudieron ser evitadas: léase caso Abarca (tenían todo el expediente y no actuaron desde hace 18 meses).

Debe renunciar Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, porque es parte de un claro entramado de corrupción institucional que impide la transparencia y la confianza hacia este gobierno y el uso de sus finanzas.

Videgaray es propietario de una casa construida por Bienes Raíces HyG, parte del Grupo HIGA que construyó también la “Casa Blanca” en la que viven el presidente Peña y su familia (el modus operandi de la adquisición de ambas casas es casi idéntico).

Como se sabe, el Grupo HIGA no sólo adquirió con una opaca licitación el contrato millonario del tren México-Querétaro, además mantiene hoy contratos millonarios efectivos arreglados con el gobierno federal.

Videgaray debe renunciar porque recibe salario como servidor público desde el 3 de septiembre de 2012 cuando se le presentó como líder del equipo de transición presidencial.

Él recibió contrato de su casa en octubre de 2012 cuando ya el Grupo HIGA estaba formado en la fila de empresas que ofrecían sus favores y servicios al gobierno federal. Mintió sobre la casa, mintió sobre su salario, y negó ser funcionario público desde septiembre de 2012.

Se debe llevar a juicio político al gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y se le debe hacer una investigación formal para demostrar si es o no, responsable de la impunidad criminal en la entidad, porque su salida por la puerta trasera ha creado mayor inestabilidad política en el estado.

Es obvio que el PRI quería recuperar formalmente Guerrero y con tanta opacidad y caos lo está haciendo sin elecciones; el gobernador suplente es un priista que está operando para las elecciones de 2015, de allí que los guerrerenses se opongan a unas elecciones que se advierten desde ya manipuladas. Se deben seguir los pasos que la ley manda, no los que la política impone.

Urge evidenciar la profunda corrupción al interior del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), que desde hace años mantiene una relación mafiosa con el gobierno estatal, a quien extorsiona para tener fondos para sus líderes, quienes manipulan y utilizan las verdaderas causas justas para enriquecer y dar más poder a un puñado de líderes sindicales más parecidos a la corrupción que denuncian que a la ética que exigen.

Su reciente ataque, asalto y detención de 100 periodistas en Guerrero, usando toletes, arrebatándoles cámaras, carteras, celulares y amenazando de muerte a informadores y sus familias, es un ataque a la libertad de expresión y un operativo muy parecido al que hacen los cárteles contra comunicadores, amenazándoles y ordenando qué noticias cubrir u ocultar.

Su actuación violenta y mafiosa resulta inaceptable para un grupo que dice enarbolar las causas de la justicia, la educación, los valores sindicales y la democracia. Esta agrupación se debe purgar de los corruptos que promueven la agresión y la extorsión como falso método para erradicar la injusticia y rescatar la educación. Los sindicatos útiles son un contrapeso, no un socio coludido y corrupto.

Con éstas me conformo por ahora, la semana que entra regresamos con más.

Twitter: @Lydiacachosi