Acceso a la información, archivos y violaciones a los DH

Imagen: zacatecastrespuntocero.com

Diario Militar y Tlatlaya

Guatemala vivió un conflicto armado interno entre los años 1962 y 1996, dicho suceso arrojó un saldo entre muertos y desaparecidos de doscientas mil personas, de acuerdo a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Durante el conflicto el Estado guatemalteco aplicó la “Doctrina de Seguridad Nacional”, debido a la cual se identificaba a un enemigo interno, que en su primer fase fueron organizaciones guerrilleras, sin embargo, con el paso de los años, se identificaron como enemigos a todos aquellos que tuvieran la ideología comunista o que pertenecieran a organizaciones no afines del gobierno.

En mayo de 1999, National Security Archive (NSA), una organización no gubernamental estadounidense, hizo público un documento confidencial de inteligencia estatal guatemalteca conocido como el “Diario Militar. Dicha organización tuvo acceso a este documento, de forma extraoficial, ya que un empleado del Ejército guatemalteco lo sustrajo de los archivos de esa institución para posteriormente entregarlo a NSA.

Los registros del Diario Militar indican las acciones perpetradas contra cada persona incluida en el Diario militar, estas van desde detenciones secretas, secuestros y asesinatos, los hechos registrados en este documento ocurrieron entre agosto de 1983 y marzo de 1985.Del análisis del Diario Militar, la Secretaría de Paz de Guatemala y la NSA determinaron que dicho documento utiliza códigos para explicar los hechos así como el destino de algunas de las personas a las cuales hace referencia. Por ejemplo, se interpretó que los códigos “300”, “se fue con Pancho”, “se lo llevó Pancho”, y “se fue (+)” colocados al final del registro de una persona significan que la persona fue ejecutada o falleció.

Los códigos como “libre para contactos” o “recobró su libertad” hacían referencia a que las personas habían sido liberadas para que obtuvieran información sobre “otros militantes de organizaciones guerrilleras”. Algunas anotaciones en el Diario Militar señalan que las personas fueron trasladas a unidades militares distintas a aquellas donde fueron inicialmente detenidas. Hasta la fecha se desconoce el paradero final de la mayoría de las personas registras en el Diario militar.

Dentro de los reportes contenidos en el Diario Militar destacan entre otros la desaparición forzada de 26 personas, hechos ocurridos a partir de septiembre de 1983. Trece familiares de esas personas denunciaron el mismo día o en los días siguientes las detenciones ilegales ante la Policía Nacional o el Ministerio de Gobernación, familiares de catorce personas promovieron recurso de exhibición de personas no habeas corpus en reiteradas ocasiones, sin embargo la respuesta siempre fue que no había registro de detención alguna.

En septiembre 2008 se promulgó la Ley de Acceso a la Información de Guatemala, misma que entró en vigor en abril de 2009, en la referida ley se El artículo 24 de dicha ley establece que “en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad. Si bien es cierto para ese entonces ya era de conocimiento público el Diario Militar así como el Archivo Histórico de la Policía Nacional ( revelado en 2005), este artículo impide la reserva de información en los supuestos ya planteados.

La ley de acceso a la información supone un avance democrático, si bien es cierto, las instituciones encargadas de la Seguridad Pública y de la Seguridad Nacional, generalmente manejan un hermetismo sistemático en cuanto a sus acciones, máxime cuando es probable que sus integrantes hayan violentado los derechos humanos, la aplicación e interpretación correcta de la ley lleva luz a los hechos más oscuros que no deben de permanecer en el anonimato.

En México el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información votó por unanimidad, el recurso presentado por el Comisionado Francisco Javier Acuña y resolvió ordenar a la Procuraduría General de la República, la entrega en versión pública de los dictámenes periciales practicados por la PGJEM relacionadas con el caso Tlatlaya ( hechos donde 22 personas presuntamente fueron ejecutados por miembros del Ejército Mexicano). La PGR había negado la información en razón de que los peritajes están dentro de una averiguación previa en trámite, aunado a ello siete militares habían tramitado un amparo, sin embargo, se les negó la suspensión y posteriormente renunciaron a este recurso judicial.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) clasificó éstos hechos como violaciones graves a los derechos humanos, en ese sentido la actual ley de transparencia federal, señala en su artículo 14 in fine “No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad».

@CarlosAntonioMZ