Prospectiva de la Ley General de Transparencia y efectos en Chiapas

En los próximos días la Cámara de Senadores presentará la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo reserva de que aún sea discutida en la Cámara de Diputados y posteriormente enviada al Ejecutivo para su publicación. Esta propuesta recoge muchos de los reclamos de expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil.

Como resultado de la reforma de febrero de este año, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) se convirtió en un Organismo Constitucional Autónomo, lo que significa que no está dentro del organigrama de ninguno de los tres poderes tradicionales y por tanto no guarda relación jerárquica, ni sus integrantes obediencia alguna a dichos poderes.

En el momento en que sea aplicable la Ley General de Transparencia, las leyes de transparencia de las entidades federativas tendrán que armonizar su contenido con el marco que ésta prescriba, de esta forma Chiapas por fin tendrá como sujetos obligados a los Partidos Políticos, las Universidades Públicas y los Sindicatos, por los que podremos saber cómo está integrado el patrimonio de los Partidos, las aportaciones que se les da, las donaciones recibidas, así como el destino de los recursos, facturas que comprueban los gastos e incluso la forma de selección de los candidatos a puestos de elección popular. La experiencia de regulación de rendición de cuentas de los partidos políticos ha sido antes experimentada previamente en algunas entidades federativas, hecho que al igual que con la Reforma Penal (Sistema Acusatorio), dio inicio en la periferia para luego volverse reforma constitucional y ser obligatoria en toda la República Mexicana.

Dentro de las ministraciones de recursos que se les da a los partidos políticos, el artículo 41 de la Constitución Mexicana señala que el financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias, así los ciudadanos estaremos en condiciones de saber qué estudios han realizado, cómo se han capacitado y cuántos libros se han editado bajo el auspicio de un determinado partido.

El tema de las Universidades Públicas será interesante también ya que podremos solicitar la cédula de los profesores, curriculum vitae, horas de clases que imparten, sueldos y percepciones de administrativos, docentes y directivos. Incluso podríamos preguntar las razones por las cuales se decidió crear un campus en algún municipio en particular, etcétera. Todo esto redunda en tener certeza de quiénes integran entes públicos así como el destino del dinero que les es otorgado.

En el caso del Poder Legislativo podremos saber cuánto dinero y en qué lo ejerce cada fracción parlamentaria, facturas que amparen los gastos, curriculums vitae de los asesores y sueldos, esto será interesante ya que en ocasiones se ha criticado que hay quienes no cubren el perfil para ser asesores y cobran grandes sumas de dinero público.

En el caso del Poder Judicial tener acceso a nombres de asesores, trabajadores, sueldos y prestaciones de los integrantes, en la propuesta hecha por el IFAI se planteó que las sesiones del Consejo de la Judicatura fueran grabadas, veremos cómo queda en la versión final.

Todo el contenido de las futuras leyes deben de estar regidos por el principio de máxima publicidad, seguramente se establecerán en ley supuestos bajo los cuales la información no será entregada, ya sea por ser confidencial o reservada, así como los casos en que una decisión del instituto garante de acceso a la información local sea impugnable en el caso de Chiapas el diseño normativo prescribe que el  IFAI  se encargará de ser el órgano de cierre de la discusión.