Omisión gubernamental provocó la inmolación

La “crucifixión”, como un llamado desesperado a la justicia. Foto: Raúl Vera

Dos años después del inicio de su gobierno, Manuel Velasco Coello debe ofrecer a la ciudadanía mecanismos eficaces para la protección de los derechos humanos y la atención de las demandas sociales. La falta de tales mecanismos provocó que el día viernes 5 de diciembre del presente año Agustín Gómez Pérez se prendiera fuego en la puerta de entrada al Congreso local.

El día 18 de noviembre, familiares y seguidores del dirigente social Florentino Gómez Girón iniciaron una huelga de hambre en demanda de su liberación, puesto que se encontraba injustamente preso desde el mes de mayo. Los días pasaron y el gobierno del Estado no los escuchó, no los atendió, ni siquiera mostraban interés por hacerlo.

El día 24 de noviembre se suman otras personas a la huelga, y dos de ellas se suturan los labios. A pesar de la medida, el gobierno aún no se da por aludido. El día 27 del mismo mes se abre un espacio de diálogo. La atención se debió, lamentablemente, no como respuesta a la manifestación de los indígenas, sino derivado de una gestión del abogado de Florentino Gómez Girón. El resultado de la reunión fue que las instancias de gobierno explorarían las posibilidades para resolver la demanda de liberación. Pasó una semana y la comunicación de gobierno no llegó.

Ante la falta de respuesta, en los primeros días de diciembre, los indígenas de la comunidad Chigtón, municipio de Ixtapa, se extrajeron sangre y la rociaron en las paredes del Palacio de Gobierno. Hasta entonces las instituciones comenzaron a hacerse presente. Las dependencias del gobierno del Estado, apoyadas por la Comisión de Derecho Humanos, plantearon, no que analizarían y resolverían, sino que se levantaran y regresaran a su comunidad.

El día 5 de diciembre los indígenas de Chigtón anunciaron que se inmolarían, dado que no había atención a su demanda. Hasta entonces, y quizá porque eran las vísperas del informe del gobernador, los funcionarios de gobierno comenzaron a escuchar…pero no atendieron. Por la tarde de ese día, los indígenas concretaron la medida anunciada: Agustín Gómez Pérez fue inmolado. En minutos el hecho y la noticia eran del dominio nacional. La desesperación en el gobierno del Estado fue evidente. Mas tarde se constataría que el sacrificio de Agustín no fue en vano.

La omisión había provocado que un joven indígena ofreciera su vida a cambio de libertad. El gobierno del Estado fue omiso en la atención de los reclamos sociales y en la protección de la vida e integridad de los manifestantes, en particular de Agustín, quien se inmoló en presencia de funcionarios del gobierno del Estado, de las policías y de los agentes de protección civil que nada hicieron por evitar el suceso.

Otras omisiones también se presentaron. Las organizaciones de la sociedad civil actuaron expectantes al desarrollo de los acontecimientos, la solidaridad que se esperaba no llegó, no llega…

Agustín Gómez Pérez se encuentra en condición de gravedad, su vida peligra. El gobierno del Estado debe asumir la responsabilidad de su omisión y extremar las medidas para que Agustín reciba la atención médica necesaria que lo ponga a salvo.

La falta de operación política oportuna y eficiente, aunada a la ausencia de mecanismos eficaces y autónomos para proteger los derechos humanos, genera que los conflictos se desborden y que los derechos de las personas se vulneren.