Gobierno de Manuel Velasco dos años, entre la omisión gubernamental y la nula resolución de conflictos

Manuel Velasco en la Feria Chiapas, horas después que el campesino Agustín Gómez se inmoló frente al Congreso. Foto: Icoso

“Está plenamente evidenciado ante este Organismo Constitucional (CNDH) que las autoridades estatales y municipales no propician acciones efectivas para la convivencia social en un ambiente de tranquilidad”, señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación 84/2013, emitida en diciembre de 2013, un año después que tomara protesta Manuel Velasco Coello, como gobernador de Chiapas.

Doce meses después, en la víspera del segundo año de gobierno, la recomendación que relaciona a Agustín Gómez Pérez, indígena inmolado frente a las puertas del Congreso local, recobra vigencia porque evidencia que la administración de Manuel Velasco se sigue movimiento entre la omisión gubernamental y la nula resolución de conflictos.

Agustín Gómez es sobrino de Florentino Gómez Girón, un líder indígena originario de la comunidad Chigtón, ubicada en el municipio de Ixtapa, Chiapas. Florentino tienen dos características: adoptó la filosofía de Ricardo Flores Magón -anarquista mexicano opositor al régimen de Porfirio Díaz-; y se enfrascó en una lucha contra los grupos caciquiles de Ixtapa, encabezados por el PRI y Aquiles Espinosa, ahora Director General de Gobierno, y encargado de “mediar” en los conflictos que se viven en esta comunidad.

Los caciques políticos de la región siguieron en Chigtón la estrategia de dividir a las comunidades y condicionar programas sociales a cambio de “lealtad” y “obediencia” a los gobiernos en turno, y el partido que representan (en este caso el PRI).

Los poco más de mil pobladores del lugar entraron en el dilema de, o recibir las dádivas gubernamentales, o enfrascarse en una rebelión política que implicaba una mayor austeridad en su ya de por si economía de subsistencia.

Poco a poco el grupo de Florentino Gómez fue ganando terreno, y emulando la misma estrategia del PRI,  basado en acuerdos de la asamblea comunitaria, condicionó a su vez el acceso a los servicios que se prestan en la poblado –salud, educación, agua, luz- a cambio de la participación de la comunidad en las acciones políticas contra el partido oficial.

Este conflicto que lleva más de una década, estalló cuando en agosto de 2012, el grupo de Florentino expulsó a una centena de pobladores de Chigtón.

Al perder fuerza en Chigtón, a los gobiernos estatal y municipal no les quedó más que, a través de los expulsados, acusar a Florentino y su grupo, de los delitos de atentados contra la paz, asociación delictuosa, extorsión, robo, despojo, daños, amenazas, allanamiento de domicilio; también como un mecanismo de chantaje político y no de búsqueda de reivindicación de derechos de los ahora desplazados.

La historia del desplazamiento forzado en Chiapas, como mecanismo de control político, ha sido una estrategia usada recurrentemente, y repetida por todos los grupos –oficialistas y no oficialistas-. El gobierno de Manuel Velasco, quien este mes estrena los dos años de su administración, no ha sido ajeno a esta política, y en su haber cuenta ya con poco más de una docena de desplazamientos propios.

Al ser “naturalizada” esta práctica de las expulsiones y desplazamientos por motivos políticos, el gobierno de Manuel Velasco ignoró la problemática de Chigtón. Sin embargo el 26 de diciembre de 2013 recibió por parte de la CNDH la recomendación 84/2013 para que atendiera la conflictividad en este poblado.

En la recomendación se derivan acusaciones de fondo. Una de ellas señala que las autoridades estatales y municipales no propician acciones de diálogo y reconciliación para la convivencia social; ni procede cuando se cometen actos violatorios del Estado de Derecho.

Luego de lamentar que esta situación derive en el desplazamiento forzado (que recuerda mucho a las circunstancias que derivaron en la masacre de Acteal), la CNDH recomendó a los gobiernos estatal, y municipal de Ixtapa, “se generen mesas de diálogo entre las autoridades ejidales y los agraviados de la población de Chigtón, con el propósito de que superen sus diferencias; logren acuerdos para la convivencia social armónica perdurable, así como promover el análisis y discusión de las propuestas sobre el ejercicio del derecho a la libre determinación como comunidad indígena”. También pidió proceder legalmente contra los expulsadores.

El gobierno de Manuel Velasco –ya con Aquiles Espinosa como Director de Gobierno- entendió esta recomendación a su modo y aprovechando la circunstancia de que el grupo expulsor era el opositor a su status quo de su grupo y partido, detuvo en mayo de 2014 a Florentino Gómez, a quien le inició diversos procesos penales, pero ninguno relacionado con el motivo de la recomendación de la CNDH.

Entrevistado en el penal, Florentino Gómez resumió en una frase el motivo de su detención: “es porque Aquiles Espinosa quiere que nos vayamos a su partido”.

Lo que siguió la ya es historia: familiares de Florentino instalaron un plantón, una huelga de hambre, se costuraron los labios, y finalmente uno de ellos se inomoló.

Medroso, tibio y superficial, el gobierno estatal a través de la Subsecretaria de Derechos Humanos, intentó “filtrar” en los medios de comunicación el argumento de que “Florentino es un delincuente, y se le detuvo para acatar la recomendación de la CNDH”. Al no resultar la estrategia que intentaba demeritar el movimiento de las y los huelguistas; horas después de la inmolación, en un torpe comunicado de prensa señala esta misma versión, sin poder explicar porqué pese a existir graves acusaciones y diversos procesos penales contra Florentino, únicamente lo detuvieron y consignaron por los delitos de abigeato y robo de una cadena.

Enfrascado también en los preparativos del Segundo Informe de Gobierno, y queriendo “limpiar” las afueras el recinto donde lo entregará –el Congreso local-, ya con Agustín Gómez Pérez moribundo en un hospital público a causa de las quemaduras que sufrió, el gobierno estatal liberó a Florentino, y pidió a él y sus familiares mantener esto bajo reserva.

Hoy Manuel Velasco podrá entregar su Informe en el recinto que ocupa el Congreso, limpio de manifestaciones. Lo que no podrá limpiar es el hecho que lo sucedido a Agustín Gómez no es más que un reflejo de omisión gubernamental y la mala, acaso nula resolución de conflictos que caracterizan a este gobierno, más ocupado en promover su imagen en las revistas del corazón e inaugurar ferias de pueblo y cabalgatas, que en resolver de fondo las problemáticas sociales del estado.