Evangélicos: exilio en tierra propia

La intolerancia y la vulneración a los derechos humanos de los evangélicos de Chiapas son  más dolorosas  y desgarradoras por el callado silencio que acompaña su resistencia y sus luchas.

  No es metáfora que algunas familias indígenas  y mestizas protestantes  vivan y padezcan un símil de persecución como en la etapa del  cristianismo antiguo.

Las expulsiones contra grupos religiosos o políticos que se oponen a quienes tienen en poder en as comunidades, continúan en Chiapas. Foto: Fredy Martín

  Los evangélicos de hoy son lamentables herederos de la tradición persecutora y de expulsión iniciada en  la década del 70, que tuvo su epicentro en San Juan Chamula y  con los años posteriores  se ramificó a municipios diversos.

  Se aduce y se acepta, incluso, que las expulsiones tienen su origen y  se entrelazan en un perol de problemas religiosos, políticos, de usos y costumbres y hasta históricos.

   En realidad el conflicto se reduce y resume en  ausencia de legalidad y  Estado de derecho.

  El artículo 24 Constitucional es taxativo en la prerrogativa de  la garantía individual de creencias y culto religioso al señalar que toda persona es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade  y para practicar las ceremonias, las devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o actos penados por la ley.

    El texto establece en su artículo 130 que el Estado es el garante  de la protección y la preservación de la libertad de creencias y culto religioso.  Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y de agrupaciones religiosas.

      Así como corresponde a la Secretaría de Gobernación la tarea de fiscalizar la conducta de las iglesias y sus integrantes.

  En este año que finaliza en Chiapas continúan expulsados unos mil 500 religiosos de comunidades de 26  municipios.

    Este grupo de creyentes, cuya mayoría dejó el catolicismo tradicional, los usos y costumbres tradicionales, son los más vulnerables, por la pérdida de sus viviendas, de sus tierras de labranza y sus centros de trabajo.

   Carecen de una  alimentación adecuada, atención médica; sus hijos dejaron o asisten parcialmente a los centros educativos.

  Las expulsiones por motivos religiosos las continúan las  autoridades ejidales y los grupos católicos porque la nueva fe aleja a los evangélicos de los rituales católicos y  de  las fiestas  tradicionales.

  Los aparta del consumo de las bebidas embriagantes  y la parafernalia que envuelve las celebraciones patronales, que involucra gastos  y derroches comunitarios.

  Este alejamiento los obliga a pagar cuotas  en efectivo y otras condiciones,  casi todas cargadas de humillación, impuestas para evitar, hasta donde sea posible, la expulsión o la supresión de los servicios básicos.

   Pero cuando sobreviene  exilio en tierra propia los evangélicos, una vez que dejan sus viviendas y sus campos de cultivo, pierden  sus patrimonios,  se refugian en casas de familiares, de  creyentes y en  reductos de templos e instalaciones improvisadas.

  Durante años  han mantenido   mesas de diálogo y las llamadas minutas de acuerdo, que no prosperan en soluciones ni  perfilan garantías jurídicas en las zonas de expulsión, como tampoco condiciones mínimas para  el ansiado retorno al terruño.

   En la víspera de fin de año las familias evangélicas expulsadas protestaron en Tuxtla Gutiérrez. Lo hicieron a su modo  Con la templanza y la mesura de las enseñanzas del Evangelio.

   Acamparon, marcharon, danzaron, oraron y elevaron loas. Vestidos con sus indumentarias israelíes, los evangélicos rodearon  el antiestético edificio del Palacio de Gobierno.

  Los ministros del culto protestante y los creyentes recordaron con este redondel al inmueble, el episodio de los invocadores del Pueblo de Israel, que con cantos y trompetas, consiguieron finalmente derribar las murallas de la antigua ciudad de Jericó.

  Los evangélicos expulsados de Chiapas, sin embargo,  no lograron  mover ni despertar un ápice de la decisión resolutiva del gobierno de Manuel  Velasco Coello para obtener la aplicación de la clamada  legalidad y la restitución de sus garantías y  derechos conculcados por quienes no los aceptan por tener y profesar  una fe diferente.