El diezmo
En una entidad como la nuestra, con un crecimiento nulo en los últimos 20 años, la obra pública se convierte en un negocio fundamental por las comisiones que cobran los funcionarios.
El diezmo, que en la administración de Juan Sabines Guerrero se incrementó hasta el 20 por ciento del total de la obra o del contrato, es un porcentaje que permite a los políticos hacerse de recursos alternos.
Nadie está exento de este pago. La cuota empezó a cobrarse en el otorgamiento de obras de construcción pero pronto se amplió a proveedores de servicios, de insumos y de equipos especializados.
Un amigo constructor, quien ha preferido dejar algunos contratos por la alta comisión que le han pedido, dice que la entrega del diezmo merma la calidad de la obra y reduce las utilidades del contratista.
Por eso vemos que las obras se deterioran en poco tiempo y que no se fincan responsabilidades por las malas ejecuciones, porque los supervisores –quienes también reciben prebendas– saben de las condiciones en que fue realizada la construcción.
El diezmo es una práctica común en la que deben participar constructores y proveedores de servicios y artículos diversos que requiera el gobierno estatal. Sin embargo, es el rubro de la obra pública estatal y municipal la que mueve los recursos más importantes y en donde el cochupo tiene un largo historial.
Obra pública en Chiapas
No es raro por eso, que en la subsecretaría técnica de la Secretaría de Infraestructura despache Juan Pablo Orantes Coello, primo del gobernador Manuel Velasco.
El diezmo se convierte en la caja chica de los presidentes municipales, titulares de secretarías y del propio gobernador.
Es un ingreso en el que todos los funcionarios tienen los ojos puestos, porque se da por sentado que quienes deseen proveer servicios, equipos especializados, papelería o construir una obra deben entregar un porcentaje que en muy pocas ocasiones es del cinco por ciento pero que puede llegar al 20 ciento.
Los encargados de cobrar las comisiones son los secretarios particulares quienes, una vez enterados de que al proveedor le han pagado parte del contrato, le llaman, lo asedian y lo citan para que les entregue en efectivo el porcentaje acordado.
Las presidencias municipales de las zonas indígenas, de acuerdo a lo que me confirmaron varios contratistas, han aprendido muy rápido la lección e incluso la han mejorado porque exigen anticipos para garantizar el contrato. “El cheque te lo entregan en el banco, en donde una comisión del ayuntamiento, espera su parte”, me dice un constructor que se ha adaptado a este sistema.
El diezmo es una práctica arraigada, aceptada por proveedores y exigida por los funcionarios, que da como resultado una obra mal ejecutada, equipos de pésima calidad y servicios deficientes, que contribuyen al final de cuentas a la consolidación de un estado pobre y sin crecimiento en las últimas dos décadas, como ha reconocido el presidente Enrique Peña Nieto.
maestro sarelly, es una triste realidad los diezmos, y efectivamente merma la calidad de la obra publica, pero nadie hace nada al respecto pues todo es a valores entendidos, desgraciadamente es la ciudadanía quien sufre las consecuencias, en infraestructura carretera estamos pésimos, eso si se anuncia miles de millones de pesos en ese rubro, pero en realidad de ha quedado usted corto cuando dice que es el hasta el 20% la «cuota», en realidad llega a ser hasta del 50%, pues es 20% para el presidente, 10% para el director de obras, 10% para el tesorero y otro 10% repartido entre supervisores, proveedores y hasta uno que otro líder que asoma las narices y amenaza a los constructores con levantarle a la gente si no le da dinero según para la inauguración de la obra que se realiza. es triste, es lamentable, es penoso pero ya no hay quien pare a estos extorsionadores