Inmolación, fuego desde la Secretaría de Gobierno

Gobierno de Chiapas exige a familiares de Florentino Gómez suspender su movimiento, a cambio de «revisar» el proceso jurídico en su contra. Foto: Raúl Vera

No pudo haber colofón más trágico y simbólico de los dos años de gobierno de Manuel Velasco Coello que la inmolación de Agustín Gómez Pérez, portador de la impotencia y la desesperación de un grupo de indígenas de Ixtapa que reclamaba la liberación de su dirigente Florentino Gómez Girón, preso en “El Amate” desde mayo pasado por el presunto delito de abigeato.
El hilo se rompió por lo más delgado, por la parte más vulnerable de la actual administración: la política, la falta de oficio para resolver los problemas y conflictos que afectan la gobernabilidad del estado. Enfrentamientos intracomunitarios en zonas indígenas por diferendos políticos, religiosos, agrarios, o por disputas de recursos naturales como bosques y agua; linchamientos con fuego de presuntos delincuentes; asesinatos en zonas altamente sensibles como la zapatista o Venustiano Carranza; bloqueos de carreteras para exigir obra pública o marchas de protesta contra la inseguridad, las reformas estructurales y los megaproyectos carreteros, eléctricos o mineros; tomas de alcaldías y destrozos por la falta de respuesta a las demandas ciudadanas; son los testimonios más visibles de la ineficacia gubernamental. Al mismo tiempo en que Velasco rendía su Segundo Informe de Gobierno en Palenque, las puertas de la Presidencia Municipal de Arriaga eran incendiadas por inconformes que buscaban solución a un conflicto entre transportistas.
La inmolación de Agustín Gómez tuvo una ruta crítica que desdeñó la Secretaría de Gobierno, su titular Eduardo Ramírez Aguilar y sus operadores políticos. Incluso podría hablarse de negligencia criminal por la forma en que dejaron que el problema se pudriera. El 1 de mayo de 2013, en Tuxtla policías vestidos de civil detuvieron sin orden de aprehensión a Florentino Gómez, luego de la marcha conmemorativa del Día del Trabajo que efectuaron en la capital el magisterio y sindicatos, organizaciones civiles y campesinas independientes. El líder del Frente Popular “Ricardo Flores Magón” fue recluido en “El Amate” por abigeato, delito que desde un principio fue rechazado por sus seguidores y otros movimientos solidarios.
En noviembre pasado, luego de año y medio de esfuerzos infructuosos por lograr su liberación, un grupo de indígenas de la comunidad Chigtón, del municipio de Ixtapa –pertenecientes al Frente— instalaron un plantón a las puertas del Congreso del estado. Cinco días después varios de ellos se declararon en huelga de hambre. No hubo atención efectiva, las autoridades de Gobierno y los diputados le apostaron al desgaste. Sin embargo, la protesta se radicalizó.
Primero dos hombres y luego dos mujeres, se suturaron los labios en demanda de la libertad de Florentino; ante la falta de respuesta, el 2 de diciembre dos manifestantes se “crucificaron” sobre maderos pendidos de la reja principal del Congreso; un día después, cinco de ellos decidieron extraerse sangre, la esparcieron frente a la entrada de Palacio de Gobierno y con ella también escribieron consignas como “Libertad a Florentino» y «En Chiapas no hay justicia”.
Las señales de que algo peor podría suceder estaban a la vista de todos; no obstante, dos días antes de que el gobernador llegara al Palacio legislativo a entregar por escrito su informe anual y a tres de que cumpliera dos años en el poder, los operadores políticos mantuvieron su cerrazón a liberar al reo y no quisieron desactivar la protesta.
El 5 de diciembre, alrededor de las 16:00 horas, Agustín Gómez Pérez con la ayuda de uno de sus compañeros, se prendió fuego frente al Congreso. Ese día el gobernador dio un informe regional en Chiapa de Corzo, y cuando ya debía conocer la noticia de la inmolación, acudió a dar el batazo inicial del partido de inauguración de la Liga Invernal Veracruzana de Beisbol donde participa Tucanes de Chiapas y también inauguró el Segundo Torneo Nacional de Feria “La Charrería Nos Une”.
Luego de que el video de la “antorcha humana” llevaba 12 horas conmocionando las redes sociales y ante amenazas de nuevas inmolaciones, la madrugada del día 6 Florentino Gómez Girón presuntamente fue liberado y los campesinos levantaron el plantón bajo la amenaza de que si lo continuaban serían desalojados por la fuerza pública.
Un día después, el gobernador, diputados y funcionarios caminaron sobre los restos de piel quemada de Agustín Gómez, e ingresaron al Congreso para la ceremonia de entrega por escrito del Segundo Informe del Ejecutivo.
En un comunicado oficial, el gobierno quiso mostrarse –sin pruebas públicas—como una instancia siempre atenta y dispuesta al diálogo, y dibujó al Frente Popular “Ricardo Flores Magón” como una organización intransigente; en su afán criminalizador, a Florentino le adjudica cuatro delitos más por delincuencia organizada, secuestro, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y despojo, y advierte que las órdenes de aprehensión ya están concedidas y pueden ejecutarse en cualquier momento.
Para la administración de Velasco, Gómez Girón es un vil delincuente y no un líder comunitario que ha luchado por la defensa de los derechos humanos y su territorio desde el año de 1994, que encabeza la resistencia a las altas tarifas de energía eléctrica en su municipio, que ha pugnado por la libertad de los presos políticos en Chiapas y que simpatiza con los movimientos que rechazan proyectos mineros y de construcción de represas en el estado.
La responsable directa de la crisis de gobernabilidad, paradójicamente, es la misma Secretaría de Gobierno, pues designó como operador de la solución del conflicto al director de Gobierno, Aquiles Espinosa García, ex diputado local, exdirigente estatal priista y cacique político y económico de Ixtapa. Bajo estas circunstancias, era obvio que en defensa de sus intereses el funcionario no iba a ceder a las presiones de uno de sus más acérrimos adversarios. Y por eso llevó la situación al límite con trágicos resultados.
La política ha sido uno de los flancos más vulnerable de la administración velasquista, sobre todo cuando sus operadores trabajan en función de intereses partidistas en detrimento de las soluciones reales a los conflictos. Lo preocupante es que la estabilidad ahora está siendo socavada desde la propia institución que debería garantizarla.
Para el año electoral 2015 la gobernabilidad seguramente sufrirá nuevos embates y para prevenir y solucionar mayores problemas se requiere de funcionarios eficaces. De lo contrario, Chiapas podría entrar en una fase superior de ingobernabilidad.
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