UNACH, Ley Orgánica y Gobierno

© Luminarias pa’ventar pa’rriba. Bilbao, País Vasco, España (2007)

Hace días, los universitarios, académicos y alumnos de la UNACH, planteamos que sería imprudente, insensata, ilegítima e incluso antijurídica la modificación precipitada de la Ley Orgánica de la Universidad. A pesar de ello, hoy, al igual que hace 25 años, los directivos de la institución consiguieron la adecuación de la Ley, conforme a los intereses políticos de los grupos de poder extrauniversitario, enquistados al interior de la institución. Naturalmente, apoyándose en la venia por demás inconstitucional del ejecutivo del Estado, y en la ignominia característica de los miembros del Congreso Estatal, salvo honrosas excepciones.

La Ley Orgánica del 28 de septiembre de 1974, fundadora jurídica de la Universidad, prescribía que la duración del encargo de rector sería de tres años. Posibilitaba la reelección por un segundo período. Establecía que los requisitos para la elección de rector eran los mismos que los de la nominación de miembros de la Junta de Gobierno. Substancialmente tres condiciones: 1. Ser mayor de treinta años y menor de sesenta, 2. Poseer título profesional al nivel de licenciatura, y 3. Contar con experiencia académica y docente no menor de cinco años.

Dados los orígenes de la Universidad, asentados en el gobierno extraordinario del sabio e insigne médico don Manuel Velasco Suárez, es posible rastrear sus ideas sólidas en el diseño de estos dispositivos jurídicos. Quienes dirigieran la Universidad, para engrandecerla humana, social y científicamente; para promover su autonomía de frente al Estado y sus instituciones, debería nutrirse en la sapiencia instruida: “demostrar experiencia académica y docente no menor de cinco años”.

Sin embargo, quince años más tarde la Ley Orgánica original padece su primera regresión. El 16 de agosto de 1989, un Congreso Estatal formado por diputadillos, es decir: igual o peor que el actual ―dada su indolencia, minusvalía y sumisión absoluta al Ejecutivo― altera la fracción III de su artículo doce. Aunque para la nominación de rector mantiene el requisito de contar con título universitario de licenciatura y “experiencia académica”, elimina la obligatoriedad de que tal experiencia, al igual que su labor docente fueran ambas de al menos cinco años. Es cierto que amplía el rectorado a cuatro años y elimina la posibilidad de la reelección, pero la substancia académica, nodal en el ámbito de las instituciones educativas, investigacionales y universitarias, desaparece.

Lo que ocurre en esta ocasión, tras 25 años de intromisión estatal, es, se supone, del amplio dominio público. El pasado 30 de octubre, los diputados lacayos de la LXV Legislatura, trastocan nuevamente la Ley Orgánica de la Universidad: 1. Restablecen la reelección del rector (“por un período más”) pero no regresan al rectorado de tres años. 2. Amplía la restricción de la edad máxima para ser rector a 70 años, pero no devuelve a la Universidad el requisito de la verdadera y probada experiencia académica. Y por si esto fuese insuficiente, a la fecha de hoy el gobierno del Estado no difunde mediante el Periódico Oficial la deformada Ley Orgánica. Situación que vicia y deja en la ilegalidad, la convocatoria de por sí amañada, emitida por la Junta de Gobierno para elegir nuevo rector.

En síntesis, el congreso del Estado se ha pasado por el arco del triunfo, cuantas veces ha querido, a la comunidad universitaria, a la autonomía de la Universidad, y a la inteligencia de ciudadanos, profesores, investigadores y alumnos universitarios. Ello con el consentimiento del Ejecutivo estatal, el beneplácito de los entreguistas, anti-autonomistas internos, y la enfermiza ambición de políticos, tratantes y mercachifles externos.

Para los universitarios, la esencia, el quid de la afrenta, no radica en la posibilidad e incluso en la necesaria revisión, reforma o total rediseño de la Ley Orgánica de la Universidad, sino en la negativa institucional a someter a consulta de académicos y estudiantes, la orientación socio-científica de la Universidad, su avance académico, administrativo y organizacional; el fortalecimiento de la autonomía universitaria. Consulta universitaria que llevaría, ahora sí, a sugerir la reingeniería de la Universidad desde su ley fundacional, con base en su quehacer, en su experiencia cotidiana, en las necesidades educativas de Chiapas y, sobretodo, el entorno regional jalonado por Centroamérica, el Sureste de México y el contexto internacional contemporáneo.

El fortalecimiento de la autonomía, y la participación constructiva de los actores universitarios, además de robustecer a la propia institución, coadyuvaría con su ejemplo a la democratización del gobierno, sus instituciones y en general la vida social. Lo demás, aunque esencial, podría relegarse a segundo plano: 1. La urgencia con que la Junta de Gobierno debe emprender su empoderamiento definitivo, en defensa de los intereses académicos de la Universidad, de frente al Estado y a los negocios de la política. 2. La auto-revaloración y reinserción enérgica del Consejo Universitario, alma de la Universidad y, 3. La nueva tasación del peso específico de la academia al interior de su organización, la vida universitaria.

Revaloración esta última, observada en dos planos. 1. La plena identificación de hombres y mujeres académicas, capaces de dirigir a la Universidad ―algunos incluso ahora mismo auto-propuestos―, entre ellos: Socorro Hernández Juan, Ulises Coello Nuño, Carlos Rincón Ramírez, Miguel Salvador Figueroa, Orlando López Báez, Lourdes Adriano Anaya, Roberto Villers Aispuro, Franco Escamirosa, Jorge López Arévalo, Apolinar Oliva Velas, Juan Carlos Cabrera, Lilia González Velázquez, Rosario Chávez Moguel, Juan Roque Flores, Gonzalo Vázquez Natarén, Jorge Cosío Moreno, Elisa Cruz Rueda, Héctor Fletes Ocón, Osvaldo Chacón Rojas, Carlos Ruiz Hernández y Jorge Luis Zuarth, entre otros, y…

2. La ponderación y recuento de la substancia académica de la Universidad, expresada, de acuerdo con las instancias evaluadoras de la educación superior, en la evidencia al día de hoy, de diez Cuerpos Académicos Consolidados (liderados respectivamente por los doctores Benigno Ruiz Sesma, Guillermo Valdiviezo Ocampo, José Martínez Torres, Perla Vargas Vencis, Juan Carlos Cabrera, Ulises Coello Nuño, Sergio Domínguez Arrevillaga, Miguel Salvador Figueroa, Saúl Espinosa Zaragoza y Carlos Rincón Ramírez), otros treinta “en proceso de consolidación”, y la incorporación de 75 académicos, por méritos propios, al Sistema Nacional de Investigadores.

De modo que al interior de la Universidad hay suficiente tela de dónde cortar, pero… dejemos la última palabra a los miembros de la Junta de Gobierno que, hoy como nunca, tienen la oportunidad, si no histórica al menos prestigiosa, de levantar cabeza. Convertirse en garantes de la autonomía universitaria. Del interes humanista, social, científico y en general académico de la Universidad. La comunidad universitaria estará pendiente. Los ciudadanos universtarios los juzgarán.

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