El monopolio del uso de la Fuerza

Marx Weber escribió en 1919 que el Estado es cualquier «comunidad humana que reclama con éxito el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio determinado». Pero el sociólogo alemán aclara que para hacer el uso de la fuerza legítima; el Estado debe de ser legítimo ante los ojos de sus gobernados.

También que ese monopolio debe de ser retenido por el Estado y además; según Weber, el Estado es la fuente de la fuerza física legítima y sus principales instrumentos son la policía y los militares.

Pero -otra vez citando a Weber- «monopolio de la fuerza» no quiere decir que sólo el gobierno puede recurrir a la fuerza física, sino que el Estado es la única fuente de legitimidad para toda coacción física o adjudicación de la coerción. Por ejemplo, la ley puede permitir que las personas puedan usar la fuerza en defensa propia de los bienes, pero este derecho se deriva de la autoridad del Estado.

En los países modernos, donde el concepto de Estado es una concepción que engloba -además del monopolio del uso de la fuerza- territorio, población e infraestructura; la fuerza pública se utiliza para proteger a la población de las amenazas externas, de las internas como el terrorismo y también del propio Estado.

Evidentemente que la situación en México dista mucho de ser desde hace mucho tiempo un país donde solamente el Estado tiene el uso exclusivo de la fuerza o si nos atenemos a las últimas evidencias del caso de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero, es el propio Estado el que usa la fuerza contra sus ciudadanos.

La delincuencia organizada se ha enseñoreado en muchos lugares del país, lo que lo hacen una nación si no fallida, por lo menos en crisis de legitimización.

La gran pregunta es ¿cómo llegamos hasta aquí?

Claro que se puede responder a esta pregunta desde muchas aristas, por ejemplo el avance de la delincuencia organizada que con la captura de las grandes cabecillas se atomizó y para sobrevivir tuvo que aumentar su portafolios delincuencial con otros delitos del fuero común.

Si nos vamos más atrás, puede ser también la cancelación de la ruta del narcotráfico del caribe que llegaba casi de manera directa de Colombia a Miami.

También pude ser la falta de oportunidades de un país con más de la mitad de población en pobreza, muchos de ellos en el extremo y que no encuentran la salida a su condición más que la que ofrece la delincuencia. El dicho popular lo dicta muy bien: “Más vale vivir cinco años de rey y no 50 de buey…”

Pero en el fondo; algo debe de generar las condiciones para que la delincuencia organizada se enraíce, se reproduzca y cada vez abarque más espacios.

Eso es la impunidad y la corrupción.

De estos dos elementos, en México históricamente somos campeones mundiales. La Impunidad es una falta de castigo ante un delito que es evidente. La corrupción es el mal uso de un poder para conseguir una ventaja ilegítima.

En México, los políticos han dado muestras evidentes de que usan el poder político para sacar ventaja de algo, aprovechando que hay impunidad.

Lo han hecho siempre. Pero si algo describe lo que en el fondo ha creado las condiciones que nos han hecho llegar hasta el horror de Ayotzinapa son las distorsiones que nuestros políticos han hecho de la de la democracia mexicana.

Desde el año 2000 nuestro sistema político ha hecho que al acceder a un puesto de elección popular se posibilite y garantice la alternancia política; pero no logró acabar con un sistema que posibilita a una élite monopolizar el poder y marginar a las mayorías en los procesos de toma de decisiones, al contrario; si las elites estaban agrupada en el PRI, ahora hay cacicazgos en todos los partidos políticos.

En ese sentido todos los cacicazgos actuales, nacieron o se incubaron cuando en aras de la gobernabilidad, Vicente Fox permite los cacicazgos regionales, estos a cargo de los gobernadores en turno.

Esto en un proceso de descentralización del poder central que en esa se multiplica, perdieron peso las delegaciones federales y se engrosaron las actividades de las dependencias estales y un aspecto básico: los recursos se etiquetaron, nunca más se volvieron a usar al libre albedrío, esto para balancear las campañas electores.

Con recursos federales etiquetados, los gobiernos locales se volcaron a conseguir recursos propios. Esta condición explica por qué en cada municipio siempre aparecen nuevas cantinas y giros negros; el pago de sus impuestos es local.

Esto embona perfectamente con los propósitos de cada uno de los presidentes municipales: todos quieren asegurar la continuidad de su carrera política mínimo logrando una diputación local.

En este escenario atrás queda el ideal político partidario y la legitimidad del poder político, por eso si fallan los propósitos de los gobiernos locales, el Estado-nación está en peligro, porque pierde credibilidad y por lo tanto legitimidad su representante local; es decir el presidente municipal.

Quien ante la avidez de los recursos financieros que sigan impulsando su carrera política, es presa fácil de la delincuencia organizada, quien necesita impunidad para continuar realizando sus operaciones clandestinas.

Comienzan entonces a aparecer candidatos desconocidos pero con enormes recursos, se comienza a tolerar los negocios oscuros y al final, el crimen organizado se apodera de los instrumentos del Estado con quienes ejerce el monopolio de la fuerza; los cuerpos policiales y de seguridad.

Este es la larga zaga que en México hizo crisis con los normalistas de Ayotzinapa, el Estado contra sus gobernados más jóvenes, el Estado utilizando el monopolio del uso de la fuerza contra sus ciudadanos.

Y por si fuera poco además un Estado incapaz de dar con los desaparecidos.

¿Dónde están los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre?

¿Cuáles serán las sanciones para los responsables del caso?

Nunca más otro Ayotzinapa.

Twitter: @GerardoCoutino

Correo: geracouti@hotmail.com