Despensas, desvío de recursos a favor del PVEM
La elección de Estado en Chiapas está en marcha. Y cada vez se hace de manera más descarada. El desvío de recursos públicos para fines político-electorales a favor del partido gobernante, está bien documentado.
El sábado 8 de noviembre, en la Primera Poniente, casi esquina con la Primera Avenida Sur de Tuxtla Gutiérrez, un grupo de cinco personas repartió decenas de despensas a vendedores ambulantes apostados en esas calles del centro de la capital. Cada caja con el logotipo gubernamental de “Chiapas nos une”, las mismas que el gobernador Manuel Velasco entrega por miles en municipios del estado, iba acompañada de “regalos” adicionales: playeras verdes con la imagen caricaturizada de Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México; y sombrillas con propaganda de ese mismo partido. Todo a la vista de los transeúntes, muchos de los cuales se acercaban a solicitar el apoyo, pero les era negado porque estaba destinado exclusivamente para los comerciantes.
La valiosa carga fue transportada en una camioneta cerrada color gris que traía pegada una lona propagandística con logotipos del PVEM y el Partido Revolucionario Institucional. Detrás de ese vehículo estaba otro de color verde, marca Ford con placas del estado de Chiapas DNY 7847, en cuya cabina podía apreciarse varias despensas apiladas que luego fueron cubiertas con una tela.
Los ambulantes no pidieron esa ayuda, los emisarios llegaron a ofrecérselas a cambio de mostrar su credencial de elector cuyos datos eran anotados en una lista. Muchos aceptaron los obsequios y los colocaron a un lado o detrás de sus puestos de mercancía.
Las imágenes que documentan este hecho ilegal son una prueba contundente del uso de recursos públicos para beneficiar al partido en el poder que busca el “carro completo” en las elecciones locales del 2015. ¿Se pronunciará el gobierno del estado al respecto o se hará el desentendido? ¿Hablará el diputado y dirigente del PVEM, Castellanos Cal y Mayor? ¿Actuará la nueva consejera presidente del Instituto Estatal de Elecciones y Participación Ciudadana o mínimo se pronunciará al respecto? ¿Condenarán el hecho los partidos de oposición (PRD, PAN, PT)?
En un estado democrático, el caso sería un escándalo político, ameritaría una investigación imparcial y provocaría muchas renuncias.
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