Chiapas y la (ex) “dictadura perfecta”
La crisis político-institucional que vive el país tiene su microcosmos en Chiapas. Aquí se reproducen varios de los factores que han provocado la decadencia del sistema político y gobierno nacionales. Parafraseando aquel lema de campaña del exgobernador Manuel Velasco Suárez, “todo en Chiapas es México”, sobre todo cuando de rezagos sociales y distorsiones democráticas se trata.
La política navega desde hace años en aguas negras, en la putrefacción. Dejó de ser el medio idóneo para solucionar conflictos por la vía del acuerdo y para alcanzar el bien común. Hoy es el disfraz más acabado para acceder al poder y desde ahí depredar los recursos públicos con fines de usufructo personal o de grupo. Es la fórmula mejor diseñada para reforzar las redes de complicidades sobre las cuales se sostiene la élite gobernante. Y es también el mecanismo más eficaz de manipulación, control y sometimiento de las clases populares.
El gobierno de Juan Sabines Guerrero fue la síntesis de la degradación político institucional, cuyo legado aún se aprecia con nitidez en la actual administración. Corrupción, opacidad en la rendición de cuentas, invasión de poderes, despilfarro de recursos, conflicto de intereses, negocios de altos funcionarios al amparo del poder, tráfico de influencias, impunidad y control de los medios de comunicación, son prácticas cotidianas que lejos de ser combatidas son alentadas por comisión u omisión.
La legitimidad del gobierno se sigue pretendiendo construir sobre bases endebles y efímeras, no sobre el cimiento sólido de la eficacia en la solución de conflictos y de las demandas más urgentes de la sociedad a través de mecanismos auténticos de participación democrática. El asistencialismo, los paliativos (despensas, canastas, uniformes, pollitos, enseres domésticos y agropecuarios, uniformes, apoyos económicos) han sustituido a la verdadera política social que debiera cambiar de manera estructural las condiciones socioeconómicas de los más necesitados.
En el urgente afán de aplacar al Chiapas bronco, sobre todo en municipios indígenas, se simulan y promocionan pactos de no agresión que se derrumban estrepitosamente al calor de las explosivas rencillas agrarias o religiosas. Y ante la política fallida, ante la incapacidad de generar consensos y acuerdos duraderos, el dinero se convierte en el recurso supremo para apaciguar los ríos de inconformidad que, agotado el pernicioso incentivo económico, reviven con fuerza voraz.
En el ámbito político-electoral, el sistema de partidos que en teoría debiera ser la base del juego democrático para acceder al poder, ha quedado reducido a un esquema de simulaciones cuyo principal impulsor es el gobierno estatal en el desfachatado propósito de perpetuarse en el poder a costa de lo que sea. Inmiscuirse en la vida interna de los partidos opositores para comprar lealtades, silencios o poner dirigentes a modo; desviar recursos públicos para favorecer al partido gobernante; crear partidos pro oficialistas (Mover a Chiapas, Chiapas Unido) desde la estructura gubernamental; usar los programas sociales con fines propagandísticos; y hacer de los actos de gobierno una perpetua campaña electoral; son prácticas fuera de toda lógica democrática que se ubican más en ideas de un totalitarismo trasnochado e ilegítimo.
En esta lógica de dobleces, también se inserta el manejo falaz del estatus de la seguridad pública. Con apresurada recurrencia, se cacarea que cada vez tenemos policías más profesionales y eficaces, que existe mejor tecnología para combatir la delincuencia y que estamos entre los estados con menores índices de inseguridad. Incluso se ha llegado a afirmar que en Chiapas no opera algún cártel del narcotráfico, una aseveración realmente inverosímil cuando los mapas de la criminalidad que el mismo gobierno federal y las agencias antinarcóticos estadounidenses han construido, indican que en nuestro territorio actúan células escindidas de Los Beltrán Leyva y otras pertenecientes a “La Barbie”. En este sentido, no es raro que el triunfalismo con que se maneja el tema de la seguridad se dé topes con la realidad, ya sea que ésta se manifieste en escaladas de asesinatos, feminicidios, robos con violencia, secuestros o en actos de delincuencia organizada en los que de vez en cuando suelen aparecer involucrados elementos de los cuerpos policiacos, incluso a nivel directivo como el subsecretario de Seguridad Pública, Conrado Eliezer Jerez Rosales, detenido por extorsionar a comerciantes.
Sin embargo, el factor más representativo asociado a la crisis institucional por la que atraviesa el país, es la figura del Ejecutivo estatal. La suerte del gobernador Manuel Velasco está estrechamente vinculada a la de Enrique Peña Nieto, porque ha intentado forjar una figura a imagen y semejanza del presidente, la misma que hoy está cuestionada por conducir un gobierno errático, simulador y populista, sustentado más en la publicidad que en la eficacia de sus acciones. A lo cual se le suma la criticada fórmula de vincularse sentimentalmente con personajes de la farándula televisiva, que si bien puede capitalizarse en el ámbito de la popularidad, le resta seriedad al gobernante.
Ante la crisis de la (ex) “dictadura perfecta” y del declive de quien la representa, el “rey chiquito” está en apuros. Veremos si frente a las crecientes protestas contra el régimen, no le afloran instintos represores.
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