Ni perdón ni olvido, #JusticiaparaAyotzinapa

Exigen la aparición con vida de los normalistas desaparecidos…

En #Iguala no era un secreto, todo mundo sabía que el alcalde del PRD, Jose Luis Abarca era cuñado del jefe de la plaza del crimen organizado. El capo líder del Grupo Guerreros Unidos, era nada más y nada menos que Salomon Pineda Villa, alias El Molón, ligado a los Beltrán Leyva, un exconvicto liberado en junio del 2013.

No sólo tuvieron dinero para comprar la candidatura en la dirigencia estatal y nacional del PRD (con Los Chuchos) y financiar su campaña electoral, sino tambièn le metieron dinero a la campaña del entonces candidato a gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La esposa del alcalde y hermana de El Molón, Guadalupe, tenía otros dos hermanos que fueron acribillados acusados de traición por el clan de los Beltrán Leyva.
En Iguala todos sabían que el capo del pueblo era el que verdaderamente tenía el control de la seguridad, muy a su estiilo, en el municipio. Financió la campaña de su cuñado con la condiciñón de tener el control total del cuerpo policiaco municipal. Ponía y quitaba comandantes, metía y sacaba elementos del cuerpo policiaco cuantas veces quería.
En Iguala se rompío ese hilo delgado que separa a la policía de la delincuencia. Eran uno mismo, dos entes fusionados. Lo mismo estaban de civiles en la guardia del jefe del crimen organizado que al rato uniformados patrullando las calles de Iguala y sus comunidades.
Por eso, cuando los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que habían tomado tres camiones «prestados» en la terminal de autobuses para viajar al DF a la marcha del 2 de octubre, fueron interceptados por las patrullas municipales, no se enfrentaron a uniformados formados para contener una turba de civiles inconformes, quienes si acaso les hubieran pegado una buena «calentada», sino que encararon con piedras a sicarios, mercenarios, gatilleros, pistoleros, hombres sin escrúpulos para reaccionar como sólo ellos saben hacerlo, con saña, con sadismo, con una violencia acostumbrada para infundir terror a los grupos rivales del crimen organizado.
Esa noche del viernes 26, los normalistas acostumbrados a encarar a policías estatales y federales con palos y piedras, cometieron el error de,  ésta vez, enfrentar pero a delincuentes disfrazados de policías que no tuvieron el menor recato para deshacerse de ellos como siempre lo habían hecho con sus adversarios. Para ser preciso:

Sobre los hechos violentos del pasado 26 de septiembre, se establece que luego de realizar una movilización en Iguala, un grupo de alrededor de 100 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos pretendía trasladarse a la Plaza de las Tres Garantías, ubicada en zócalo de esa población, donde a las 18 horas la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda Villa, rendiría su segundo informe de labores como presidenta del DIF Municipal.

Por ello, señala que Pineda Villa le ordenó a su jefe de seguridad que le comunicara al director de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velázquez, que no debía permitir que los estudiantes de Ayotzinapa llegaran al lugar del evento, para lo cual debía de implementar un operativo que frenara su avance y los replegara.

Así, el jefe policiaco, continúa el documento, exigió el traslado de decenas de policías municipales con la tarea de frenar a los estudiantes, lo que cual derivó en un enfrentamiento físico y verbal. Replegados, los normalistas se dirigieron a la central de autobuses de esa ciudad.

Sin embargo, dice el texto, Flores Velázquez ordenó que se les detuviera. Al menos seis patrullas les cerraron el paso. Los estudiantes decidieron bajar y enfrentar a los policías, quienes de inmediato abrieron fuego en su contra. El saldo: tres muertos y más de 18 heridos, algunos normalistas lograron escapar en otro autobús, por lo que fueron perseguidos por los elementos de la Policía Municipal.
Todo fue producto de la impunidad. Eso pasa cuando no hay castigo a quienes cometen un crimen o bien cuando se privilegia lo político sobre lo legal. Pues seis meses antes el alcalde había sido investigados por un crimen, alegó todo era parte de la guerra política para sacarlo del camino.
El PRD lo protegió desde la cúpula nacional, ahora piden perdón. Ya es demasiado tarde, 43 jóvenes normalistas siguen sin aparecer.  En este caso no hay perdón ni olvido. No se debe olvidar el agravio para que no se vuelva a repetir ni tampoco se debe perdonar, los responsables en todos sus niveles deben pagar su culpa, desde lo penal hasta lo político al retirarse para siempre. Nos han fallado a la sociedad, le han fallado al país, nos han fallado esos malos servidores públicos y representantes populares a los mexicanos
Seguir tolerándolos sólo nos condenará a que estos trágicos sucesos se vuelvan a repetir.

Apunte:

En mis tiempos universitarios, desde la UNACH me vinculé mucho al movimiento estudiantil en Chiapas. Era también tiempos del zapatismo. Nuestros grandes aliados eran los de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, eje rector de la lucha social estudiantil en la entidad justo a los amigos de la Facultad de Ciencias Sociales en Sancris, vinculados todos al movimiento indígena y campesino del 94, 95, 96, 97… en donde el periodismo me sorprendió reporteando.

Por ello me tocó conocer otras normales rurales como la de Tamazulapan, Oaxaca; Amilcingo, Morelos; Ayotzinapa, Guerrero y otras.. los normalistas rurales, hijos en su mayoría de indígenas y campesinos, hombres del campo, siempre han sido jóvenes rebeldes, contestarios, inconformes ante el status quo…

Todos pasamos por esa etapa siguiendo la consigna de Salvador Allende: «Ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica».

En agosto del 2003, el desmantelamiento gubernamental de la Mactumatzá me confrontó con el maquiavélico Fiscal de Justicia, Mariano Herrán Salvatti, quien de forma perversa pretendía culpar a los jóvenes del asesinato del chofer de los normalista de la Escuela Normal del Estado de México, ocurrida en el Boulevard Los Laguitos, cuando ya los estudiantes regresaban a su escuela tras protestar en la plaza central de Tuxtla.

La embestida fue tal que desapareció el sistema de internado y se redujo a la mitad el númerod e matrículas. Encarcelamiento y persecución dejó ese agosto negro del 2003. Hoy, a 11 años de ese agravio, duele y extrañamos la Mactu que se nos fue… pero nada comparable con lo que sufren ahora los de Ayotzinapa. Nos hacen falta 43 vida, 43 cuerpos, 43 jóvenes hijos de campesinos e indígenas de los cuales no sabemos donde están.