Las capacidades de atención del Sector Salud están visiblemente rebasadas en Chiapas

Foto: Cortesía

Hace una semana, organizaciones civiles del Estado de Chiapas, se manifestaron frente al congreso del estado de Chiapas, para exigir la despenalización del aborto en la entidad, en dicho acto público, denunciaron la falta de compromiso del gobierno que encabeza Manuel Velasco Coello, para atender el grave problema de salud pública que representan los abortos clandestinos y el riesgo al que están expuestas las mujeres al no contar con una legislación que garantice derecho a decir de las chiapanecas.

Las activistas recordaron el caso de Hilda, una joven indígena que en 2003 fue violada y como resultado de esa violación quedó embarazada, la madre de Hilda, la Señora Celia, buscó el apoyo de las instituciones de salud y le negaron la interrupción del embarazo a Hilda, a pesar que cumplía con las 3 causales por la que el aborto es legal en Chiapas. (aquí puedes conocer esta historia). https://www.youtube.com/watch?v=pwFdkm0dTus&list=UU1E318Z2UX0NB65i1_ZoxsQ

Como resultado de esta exigencia, el lunes 29 de Septiembre de 2014, el Secretario de Salud Carlos Eugenio Ruíz dijo lo siguiente: «No estamos a favor del aborto, desde el punto de vista médico, el aborto está penado, ya que todos tienen derecho a la vida, como el que tiene dos días de fecundado como el que tiene 80 años de vida“. (aquí puedes leer la nota completa). http://meganoticias.mx/minuto-tuxtla/44923-secretaria-de-salud-encontra-del-aborto.html

Una institución publica como la secretaria de Salud, está para garantizar el acceso a la salud de todas las personas y retomando sus palabras “todos tienen derecho a la vida“ , es justo lo que NO están haciendo, al menos la vida de las mujeres pareciera no importarles, para muestra , el caso de Hilda, y el de Susana. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/13/actualidad/1410565809_250737.html

En la misma entrevista Carlos Eugenio Ruíz dice “la mejor modalidad para evitar este tipo de situaciones es la educación sexual principalmente en los jóvenes“, y en esto la Secretaría de Salud ha quedado a deber, según los resultado del monitoreo a los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes , realizado por Organizaciones civiles , encontramos lo siguiente:

• Barreras para el acceso a la información y al métodos anticonceptivos (desabasto, ficha, falta de personal).
• Se identificaron problemas de disponibilidad de métodos anticonceptivos.
• En Chiapas únicamente al 35% se le proporcionó información sobre VIH, y al 28% sobre sexualidad, pero estaba sesgada por estereotipos de género.
• Solo mencionan algunos métodos, pero no detallan ventajas y desventajas. También dieron información errónea “el condón no es seguro se puede romper”, “los inyectables no se le puede aplicar a las mujeres que no tienen hijos“.
• El personal de salud proporcionó información errónea:“la abstinencia sexual es el método más seguro, el DIU es para personas mayores, a las mujeres no les podían dar un método diferente al condón porque no estaban casadas, y que la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE) es abortiva y que no debe usuarse varias veces en un año.

Por eso es grave que el titular de la Secretaría de Salud diga estar en contra del Aborto , pero no se han ocupado en capacitar al personal de salud para brindar servicios amigables de salud sexual y reproductiva para adolescente y jóvenes.

Tampoco se ocupan de sensibilizar al personal para evitar que más mujeres sean víctimas de violencia obstétrica, o prevenir la mortalidad materna. 
Las capacidades de atención del Sector Salud están visiblemente rebasadas en Chiapas que deriva en casos de mujeres que paren en los jardines, en las salas de espera o en las calles, o mueren al no ser atendidas de manera oportuna.

Hilda y Susana son claros ejemplos que demuestran que el Estado tolera y contribuye a la discriminación y la violencia de género al actuar sin la debida diligencia para prevenir, atender, responder y reparar las violaciones a los derechos de las mujeres causada por particulares o por agentes del mismo Estado. El hecho de que el Estado rara vez sanciona la violencia y la discriminación que se comete contra las mujeres, contribuye sin duda alguna, a su perpetuación.

Es urgente que desde la Secretaría de Salud se implementen políticas públicas libres de prejuicios, que incluyan acciones efectivas de educación sexual, así como disponibilidad de métodos anticonceptivos, sobre todo dirigidas a adolescentes y jóvenes. Además, es urgente que las autoridades dejen de permitir los matrimonios infantiles: una niña o adolescente embarazada es víctima de un contexto social que deriva del incumplimiento del Estado en sus obligaciones institucionales. Las instituciones deben ejercer políticas públicas para romper con la normalización y justificación del abuso sexual y el matrimonio infantil.