Estado fallido

Jóvenes de Chiapas por Ayotzinapa. Foto: Rafael Hernández

La desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, pone al descubierto, una vez más, la imposibilidad del Estado para cumplir con una obligación ineludible, que es proteger y garantizar los derechos humanos de la ciudadanía.

El Estado se forma, de acuerdo con la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados, con los siguientes elementos constitutivos: Territorio, Población, Gobierno y Capacidad para establecer relaciones internacionales. Desaparece si desaparece uno de tales elementos.

Cuando el Estado encuentra dificultad para gobernar, imponer el orden jurídico y ejercer el gobierno efectivo, se habla de un estado fallido. En México, desde hace algún tiempo se cuestiona si el gobierno se ejerce efectivamente en ciertas regiones del país, o, si quien ejerce el gobierno son organizaciones criminales. La muerte y desaparición de estudiantes en Guerrero, parece fortalecer la última hipótesis.

Las crónicas y reportajes sobre lo ocurrido con los estudiantes, y el contexto en que se presenta, revelan que el municipio de Iguala es un área bajo gobierno directo de la delincuencia organizada, y resulta inconcebible pensar que el gobierno del estado se encuentra al margen de esa situación.

También resulta ingenuo suponer que el gobierno federal, en particular el gabinete de seguridad, no estuviera al tanto de las particularidades del gobierno en ese municipio y entidad, como no lo debe estar con relación a otras entidades con similares gobiernos o co-gobiernos.

Bajo esas circunstancias, resulta lógico concluir la ausencia de gobierno constitucional y la incapacidad para asegurar el ejercicio de los derechos humanos en áreas geográficas donde no se ejerce poder de gobierno. En entidades con esas características no existe el Estado de Derecho, y por tanto es necesario generarlo a partir de la renuncia del gobernador o la declaración de desaparición de poderes en la entidad.

Pero la responsabilidad por omisiones graves alcanza también al gobierno federal, puesto que, como he afirmado, tampoco las instancias del gobierno federal se encuentran presentes para asegurar el ejercicio de los derechos.

Ayer, el Presidente de la República, comenzó a admitir la realidad: Se advierten señales de debilidad institucional en algunas partes del país, dijo en Nuevo León.