Es hora de una comisión internacional contra la impunidad

Ni perdón ni olvido #JusticiaParaAyotzinapa. Foto: Ángeles Mariscal/Chiapas PARALELO

Un mes después, cuarenta y tres personas detenidas por agentes del Estado no aparecen. Han detenido a decenas de personas que participaron en la detención y desaparición, y no hay pistas que lleven a la localización de los estudiantes normalistas. La Procuraduría General de la Republica, el Ejército, además de todas las policías estatales han fracasado en la búsqueda.

Al paso de las semanas, la situación en Guerrero se complica aún más. No solo no se ha ubicado a los estudiantes, sino que se han descubierto fosas con 28 cuerpos aun no identificados y que se encontraban en condiciones de desaparición. Los cuerpos, dicen las autoridades, no corresponden a los normalistas, nadie los reclama, nadie sabe quiénes son. Las explicaciones no convencen y tampoco son convincentes.

La conclusión no puede ser otra: El Estado mexicano ha sido rebasado y ha mostrado su incapacidad para atender la situación. Es hora de dar paso a otras alternativas de investigación.

La Red Iberoamericana de Jueces, sugirió hace poco la integración de una Comisión Internacional contra la Impunidad, como la que se creó en Guatemala en 2006.

La CICIG se crea, en acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, como un órgano independiente de carácter internacional con la finalidad de apoyar al Ministerio Público, la policía y otras instituciones del Estado en la investigación de los delitos cometidos por grupos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

Similar a Guatemala, el mandato de una Comisión Internacional contra la Impunidad en México (CICIM) podría delimitarse a 1) la investigación de grupos ilegales, estatales o no, vinculados al crimen organizado que cometen delitos que afectan los derechos humanos de las personas, 2) colaborar con el Estado para desarticular a los grupos vinculados al crimen organizado que atentan contra los derechos humanos y promover la investigación, persecución y sanción ante los tribunales, y, 3) elaborar recomendaciones sobre políticas públicas y criminales para la erradicación de los grupos vinculados a la delincuencia organizada.

La propuesta es oportuna, dada la incapacidad hasta ahora demostrada por las autoridades, y la fundada desconfianza de la sociedad hacia las instancias de gobierno. El nivel de inconformidad crece, la desesperación en la familia de los normalistas también, y las autoridades no ofrecen ningún resultado.