La despenalización del aborto, una deuda histórica

Por el bienestar de todas las mexicanas.

• Por las vidas de las mujeres chiapanecas

En 1990, las organizaciones participantes del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe instituyeron el 28 de septiembre de cada año como el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, ante los numerosos casos de embarazos no deseados y abortos inseguros, así como los elevados índices de mortalidad materna, que evidencian la necesidad urgente de garantizar el acceso al aborto legal y seguro para todas las mujeres latinoamericanas y caribeñas.

En este marco, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (ddeser) realizó hoy acto público para denunciar lo siguiente: El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas no sólo han incumplido con los compromisos internacionales asumidos de manera formal por el Estado Mexicano en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino que además, han impulsado un retroceso legal y de políticas públicas que atenta contra la salud y las vidas de las mujeres en Chiapas, sobre todo de las que viven en situación de mayor marginación social.

Tanto legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), entre otros, sumisos y obedientes ante los designios de la cúpula clerical católica, han promovido y aprobado leyes para criminalizar a las mujeres, en abierta violación al Estado Laico y a diversos compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belém Do Pará, la Declaración de Beijing y el Consenso de Montevideo.

Son múltiples los casos desafortunados y emblemáticos que revelan la terrible realidad que significa ser mujer en Chiapas y en la mayoría de los estados de la República Mexicana.

El caso de Hilda una niña indígena con síndrome de down y retraso mental que fue violada en 2003 a los 16 años por Celestino López Hernández, y como resultado de las múltiples violaciones quedó embarazada. Debido a que su comportamiento es el de una niña de 4 años de edad —por su retraso mental profundo—, la señora Celia, madre de Hilda , buscó apoyo de instituciones públicas de salud, pero le negaron la posibilidad de aborto, a pesar de que cumplía con los tres requisitos legales: haber sido violada, el producto ponía en peligro su vida y había peligro de malformaciones. A los seis meses de embarazo, comenzó a sangrar y tuvo un mal parto: el producto nació muerto, lo que puso en alto riesgo la vida de Hilda.; al año Hilda volvió a sufrir una violación por el mismo agresor Celestino, nuevamente quedó embarazada y por segunda ocasión, las instituciones de salud y jurídicas le negaron la práctica de un aborto.

Por segunda ocasión Hilda vivió una doble opresión, al ser violada y luego cuando se le negaron los servicios como víctima, aún cuando estaba en peligro su salud. Hilda tuvo una hija que nació con Síndrome de Down, ahora Celia cuida de las dos, a la par que tiene que hacer largas jornadas de trabajo en el campo para sobrevivir.

Hilda es uno de muchos ejemplos que demuestran que el Estado tolera y contribuye a la discriminación y la violencia de género al actuar sin la debida diligencia para prevenir, atender, responder y reparar las violaciones a los derechos de las mujeres causada por particulares o por agentes del mismo Estado. El hecho de que el Estado rara vez sanciona la violencia y la discriminación que se comete contra las mujeres, contribuye sin duda alguna, a su perpetuación.

Queda clara la necesidad apremiante de que las autoridades en Chiapas implementen políticas públicas libres de prejuicios, que incluyan acciones efectivas de educación sexual, así como disponibilidad de métodos anticonceptivos, sobre todo dirigidas a adolescentes y jóvenes. Además, es urgente que las autoridades dejen de permitir los matrimonios infantiles: una niña o adolescente embarazada es víctima de un contexto social que deriva del incumplimiento del Estado en sus obligaciones institucionales. Las instituciones deben ejercer políticas públicas para romper con la normalización y justificación del abuso sexual y el matrimonio infantil.

Mientras las instituciones del Estado de Chiapas son indiferentes ante la discriminación de las mujeres, por acción u omisión, al violentar sus derechos sexuales y reproductivos, al criminalizarlas, por otro lado las capacidades de atención del Sector Salud están visiblemente rebasadas en Chiapas que deriva en casos de mujeres que paren en los jardines, en las salas de espera o en las calles, o mueren al no ser atendidas de manera oportuna.

Por estas razones, por las vidas y el bienestar de las mujeres , la red feminista exigió:

1. La despenalización de la interrupción del embarazo hasta la doceava semana de gestación, en Chiapas.
2. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir: eso es lo que tiene que hacer el Estado de Chiapas.

Y propusieron hacer realidad los siguientes compromisos asumidos por México en el Consenso de Montevideo, firmado por nuestro país el 15 de agosto del año pasado:

1. «Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva amigables, con perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracional e intercultural, y que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, respetando el principio de confidencialidad y privacidad, para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida sexual responsable, placentera y saludable, eviten los embarazos tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su orientación sexual.»
2. «Poner en práctica o fortalecer políticas y programas para evitar la deserción escolar de las adolescentes embarazadas y las madres jóvenes.»
3. «Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos.»
4. «Diseñar estrategias intersectoriales dirigidas a ayudar a las mujeres a prevenir el embarazo subsiguiente en la adolescencia, incluida la atención prenatal, del parto y posparto, el acceso a métodos anticonceptivos, a las acciones de protección y asistencia y a la justicia.»

Es urgente que las instituciones mexicanas asuman su obligación constitucional de cumplir con los compromisos y tratados internacionales en materia de derechos de las mujeres. Señalaron que seguirán atentas al quehacer del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y seguirán señalando con oportunidad las omisiones correspondientes.

Por el bienestar de todas las mexicanas