Gabriel Montoya: preso de conciencia

Manifestación en mayo pasado, para exigir la liberación de Gabriel Montoya. Foto: Archivo

Quienes insinúan que el actual  gobierno es “menos peor” que sus inmediatos anteriores, deberían conocer el triste y lamentable papel que desempeña en el conflicto de las comunidades de la Selva Lacandona y en el encarcelamiento de Gabriel Montoya. Vistos, desde luego, como un botón de muestra.

En ambos casos el gobierno del Estado funciona como brazo ejecutor de los intereses de Julia Carabias, Televisión Azteca y de organizaciones «ambientalistas» en territorios indígenas. Dado el color verde que distingue al partido en el poder, el gobierno de Chiapas se siente parte, no de las personas que genuina y honestamente protegen el medio ambiente, sino de aquellas, como las mencionadas, que lucran política y económicamente con el medio ambiente.

Esta relación de intereses llevó a que el gobierno de Chiapas detuviera, sin razón jurídica alguna a Gabriel Montoya. La detención obedeció a cumplir con un favor pedido por Julia Carabias y demás, a fin de impedir que Montoya participara en la Asamblea de comuneros para designar nuevas autoridades en las comunidades de la Selva Lacandona. Creían que encarcelándolo lograrían que en la Asamblea fueran designadas personas proclives al ambientalismo monetario, lo cual no resultó.

Después de cuatro meses de injusto encarcelamiento, el gobierno del Estado acepta que la detención es injusta, que no existe razón jurídica para que Montoya se encuentre en la cárcel; sin embargo no pueden liberarlo “porque eso pondría en entredicho su compromiso ambientalista (sic) “. Además “TV Azteca ha dicho que si lo liberan desatarán una campaña en contra del gobierno”.

En vista de lo anterior, la posición del gobierno de Chiapas con relación al irracional encarcelamiento de Montoya es que, a pesar de reconocer lo injusto e ilegal de la detención, no quieren liberarlo; sin embargo, dicen, no se opondrán si obtiene su libertad mediante el recurso de amparo que se encuentra en proceso de resolución.

Traducido en lenguaje de derechos humanos, el gobierno de Chiapas no tiene empacho en reconocer que ha violado y viola el derecho a la libertad de Montoya, que lo mantiene injustamente en la cárcel, que ha violado el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, y que no tiene ningún interés por resarcir los derechos violados. Es decir, en Chiapas, la obligación en materia de derechos humanos prevista en el párrafo tercero de la Constitución federal es letra muerta. El referido párrafo establece: Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Traducido en lenguaje de derechos humanos, Gabriel Montoya es un preso de conciencia, puesto que no existe razón jurídica que justifique la detención.

Sabines encarceló a Montoya, Velasco también. La diferencia es el apellido.