Consulta popular y “gatopardismo” del PRI
Consulta del PRI
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) recolecta ya firmas para proponer una consulta popular que busca reducir el número de legisladores plurinominales, de 200 a 100 en la Cámara de Diputados y los 32 senadores electos por representación proporcional. Si se lo hubiera propuesto, esa iniciativa la habría podido sacar adelante en el Congreso con el apoyo de sus aliados en el contexto de la reforma político-electoral, pero prefirió evitar los costos de un probable rechazo de los partidos de oposición como el de la Revolución Democrática, Acción Nacional y del Trabajo.
Ante este escenario, el PRI optó por evadir la aduana legislativa y llevar la propuesta a la calle, es decir, exponerla al plebiscito ciudadano. Sus expectativas de ganancia en este terreno las percibe mayores. Buscar el respaldo para validar la iniciativa de consulta popular, le permitirá en primer término reactivar su dinámica interna y sopesar en qué condiciones se encuentran sus estructuras de apoyo. Como en los viejos tiempos del corporativismo, la Confederación Regional de Obreros y Campesinos prometió ya recolectar 600 mil firmas, un poco más de la tercera parte del millón 605 mil que se necesitan para hacer efectiva la petición.
Por otra parte, el PRI también pretende ganar en imagen pues con la promoción de la consulta busca distanciarse del estigma de apéndice del gobierno que siempre cargó hasta antes de perder la Presidencia y crearse una aureola de partido democrático cercano a las demandas de la gente.
Quizá el punto más importante de la estrategia sería vincular la reducción de los escaños plurinominales –una demanda popular en cierto sector de la población— con las propuestas de campaña electoral del próximo año que provoque una sinergia positiva con buenos resultados en las urnas, amén de hacer un contrapeso a la consulta popular que impulsan el PRD y el Movimiento de Regeneración Nacional para revertir la reforma energética y que, al igual que la del PRI, deberá votarse el mismo día de los comicios federales.
En este contexto, habría que preguntarse qué tan relevante y legítima es la propuesta del PRI. Llama poderosamente la atención que quien promueve restringir el número de diputaciones de representación proporcional sea el partido que más se ha beneficiado de esa figura para conformar mayorías absolutas o mantener primeras mayorías en las cámaras de diputados y senadores. La explicación es que con la recuperación de la Presidencia de la República el PRI se considera de nuevo todopoderoso (respaldo de la estructura gubernamental de por medio) para llevarse el “carro completo”, al mismo tiempo de que le cierra el paso a organizaciones políticas adversarias de reciente creación que buscan por la vía plurinominal cierta representación legislativa.
El líder nacional priísta, César Camacho Quiroz, afirma que la iniciativa traerá como consecuencia “una mejor distribución del gasto público, facilitará la construcción de acuerdos, la toma oportuna de decisiones, fortalecerá la efectividad del voto emitido por los ciudadanos al contar con un mayor número de diputados electos por el principio de mayoría, permitirá la adecuada participación de la minorías, garantizará la representatividad y brindará una mayor calidad del debate parlamentario”, beneficios supuestos que resultan bastante rebatibles.
Si en el primer punto se refiere a que se gastará menos en las dietas, el ahorro de alrededor de 20 por ciento no resulta muy significativo; la construcción de acuerdos depende de la voluntad política y de la capacidad de ceder en las posturas que se defienden, no de si se quitan a sólo 132 legisladores de un total de 628; la “efectividad” del sufragio no variaría pues se elegirá al mismo número de legisladores de mayoría; las minorías no estarán muy de acuerdo en que esté garantizada la representatividad si se les reduce la posibilidad de estar en el Congreso por no ganar una elección; y eso de que mejorará la calidad del debate por ser menos los integrantes, resulta un disparate.
Bajo estas consideraciones, la propuesta del PRI pierde legitimidad y queda en entredicho el requisito de ser un tema de “trascendencia nacional” que exige la ley respectiva para poder validarla como parte de una consulta popular. Se dice que la disminución de representantes populares plurinominales es una demanda ciudadana, pero lo cierto es que lo que ésta ha exigido con vehemencia es la reducción global de los integrantes del Congreso cuya reputación está por los suelos porque sus decisiones van en contra de los intereses de la población, por los casos de corrupción, por vínculos con el narco, por sus francachelas exhibidas en video, por sus altos sueldos y su pereza legislativa, etcétera.
Una vez que sea presentada en la Cámara de Diputados, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la instancia que determine si la iniciativa priísta tiene el estatus para convertirse en materia de consulta popular. Pero de acuerdo con las reflexiones anteriores, todo parece indicar que tiene más propósitos políticos particulares e inmediatos que procurar un mejor sistema político para el país.
Fortalecer la democracia en México necesita de iniciativas más contundentes, como la revocación del mandato de los gobernantes y de los propios legisladores. Esa sería una verdadera aportación a la salud del sistema político. El PRI prefirió quedarse en la superficie, seguir jugando al “gatopardismo” que le permita legitimar su permanencia en el poder por muchos años.
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