Chamula, reivindicación de la barbarie
A principios de mes el presidente Enrique Peña Nieto celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y lo hizo en Chiapas. Pero la decisión de conmemorar el evento en el municipio de San Juan Chamula fue, por lo menos, imprudente, por no decir impúdica.
No era el lugar adecuado para honrar una conmemoración establecida por la Organización de las Naciones Unidas cuyo propósito es “fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan las comunidades indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud”, y que este año tiene como lema “Alianza para la acción y la dignidad”.
El precario y cuestionable entorno local de la celebración contrastó e incluso fue abiertamente opuesto a los altos objetivos de la resolución de la ONU. Al Ejecutivo federal –y al estatal si sugirió la sede— no les importó que Chamula represente un ejemplo claro de la barbarie, el autoritarismo y el atraso social que viven muchas comunidades indígenas.
Al elegir ese municipio para el acto oficial, implícitamente el gobierno consintió que allí se hayan cometido en este año y el pasado horrendos linchamientos contra presuntos delincuentes; que sistemáticamente se den expulsiones por diferencias religiosas; que el presidente municipal Sebastián Collazo Díaz en el 2012 haya impedido tomar posesión a cuatro regidores plurinominales de oposición hasta que más de un año después un tribunal lo obligara a cumplir con la ley; que el alcalde se niegue a transparentar el uso que se le dio a 130 millones de pesos solicitados en préstamo a Banobras para supuestas acciones en beneficio de la comunidad; que Sebastián Collazo ordenara el encarcelamiento de 15 personas que se opusieron a la construcción de una carretera; que se siga practicando “la venta” de mujeres adolescentes a quienes serán sus maridos.
Bajo estas circunstancias, cualquier tipo de reivindicación oficial hacia los indígenas queda descalificada. No se puede hacer un acto gubernamental en el que se habla de un compromiso con el desarrollo de las etnias si se toleran ilegalidades y se es indiferente a “usos y costumbres” violatorios de la dignidad humana. Eso se llama simulación.
La ceremonia tradicional de bendición y entrega de mando por parte del alcalde Collazo, así como el reconocimiento presidencial por trayectoria social y cultural a niños triquis, parteras y a Rodolfo Domínguez, actor tzotzil ganador de un premio “Ariel” por su participación en la película La jaula de oro, pierden su valor ético y quedan como simples actos propagandísticos.
Ante la imposibilidad de encontrar vínculos congruentes entre discurso gubernamental y realidad, la explicación más llana de por qué se eligió San Juan Chamula para celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, es que sigue siendo considerado por el gobierno el estandarte priísta en la zona Altos cuyo peso político es estratégico a la hora de hacer los cálculos electorales.
Queda claro entonces que en las decisiones gubernamentales sigue predominando la lógica político-electoral sobre el factor social. Lo que no es válido es que en función de esa renta política se ignoren aspectos fundamentales de la problemática indígena y mucho menos que se toleren prácticas perniciosas para la comunidad y el estado que van en sentido contrario de lo que se dice combatir. Basta de que Chiapas siga siendo la escenografía para la simulación de políticas públicas que en muy poco ayudan a sacar de la marginación y a restituir la dignidad de los pueblos indígenas.
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