Sandra Marisol Paz Cruz y la indolencia gubernamental

En la búsqueda de legalidad para la restitución de sus predios invadidos, la mujer ha sido y agraviada e ignorada por las gestiones de Roberto Albores Guillén, Pablo Salazar Mendiguchía, Juan Sabines Guerrero, el actual Manuel Velasco Coello y el presidente Enrique Peña Nieto. Foto: Cortesía

Sandra Marisol Paz Cruz enfrenta desde hace 16 años la indolencia, la apatía y la negligencia  del gobierno estatal en medio de la injusticia  y la impunidad que deriva  de la ocupación ilegal de su patrimonio en la ciudad de Tapachula.

  En la búsqueda de legalidad  para la restitución de sus predios invadidos, la mujer  ha sido y agraviada e  ignorada por las gestiones de Roberto Albores Guillén, Pablo Salazar Mendiguchía, Juan Sabines Guerrero, el actual Manuel Velasco Coello y el presidente Enrique Peña Nieto.

  Sandra Marisol , acompañada de dos hijos adolescentes,  se resguarda a un costado de la puerta principal del palacio de gobierno, debajo de las oficinas de Velasco Coello.

  La familia resiste todas las inclemencias del clima y los peligros de la noche, en una imagen citadina de desprecio  institucional,  de  vulnerabilidad ciudadana y abandono cruel del poder público.

 Paz Cruz cumplió este lunes  15 días   de manifestación permanente  en demanda de la defensa de su propiedad de 10 hectáreas copadas por grupos de personas afines, cómplices y aliados electorales  de los gobernadores en turno.

   La agraviada, acompañada sus dos hijos, acusa  que los  predios Las Perlas, San Francisco y Tres Candados,  ubicados en el  sur oriente  de aquella ciudad fronteriza fueron ocupados, inicialmente en 1998,  y deforestados para la construcción de viviendas que desde entonces se ofertan en renta y traspaso.

   Ese mismo año Paz Cruz  y su esposo Francisco Herrera Cárdenas, de 74 años  presentaron una denuncia por despojo, según los expedientes71/98 y 142/99, que  derivó en 170 órdenes de aprehensión, de las cuales se ejecutaron 15 solamente.

   Desde entonces, la familia Herrera Cruz emprendió una especie de peregrinaje en círculos con denuncias y demandas  de desalojo contra los ocupantes de sus tierras, las cuales no proceden, porque “los invasores, muchos de ellos de origen centroamericano, están ligados a grupos políticos y del gobierno.

  Los documentos legales que exhibe Sandra Marisol precisan que la primera invasión fue en 1998, durante el gobierno  Albores Guillén (PRI); la segunda ocupación fue en 1999,   cuando hacía proselitismo  electoral Pablo Salazar (2000-2006).

    Las denuncias afirman que durante el gobierno de  Sabines Guerrero (2006-2012), como premio a los infractores de la ley se les dotó  agua potable, energía eléctrica, drenaje y alcantarillado  y adoquinado de calles.

    Que esos beneficios de obra pública resultaron de compromisos políticos que Sabines realizó durante su campaña a la gubernatura.

  Las componendas electorales, el apoyo en las urnas y el trasiego de votos son los recursos que los invasores han utilizado para mantenerse en la impunidad usufructuando las tierras invadidas.

    Estos 16 años de lucha por justicia y derechos en compañía de su esposo, Francisco Herrera Cárdenas, un hombre de la tercera edad, al verse despojado del patrimonio familiar enfermó de embolia, ha llevado a Sandra Marisol a tocar casi todas las puertas institucionales sin ningún resultado positivo.

   Una de las primeras minutas de acuerdo suscritas  con el gobierno estatal data  2008, cuando acordó una minuta  con el entonces secretario general de Gobierno, Noé Castañón León.

   El caso llegó a la  Red Federal de Servicio a la Ciudadanía  de la actual Presidencia de la República,  según describe el folio 22329614-67 del 29 de junio de 2012, remitida por su titular Alejandro Rojas Flores. El asunto se perdió en la vorágine de la burocracia.

 Esta misma situación ocurrió el pasado 7 de mayo de este año, después de un acuerdo con el delegado de la  Vivienda,  Luis Bernardo Gómez Gutú, para que la quejosa  levantara un plantón que sostenía aquella fecha, sin que se cumpliera su petición de restitución de derechos.

    Debajo de su improvisada carpa, sobre su catre y flanqueada por sus dos hijos   Sandra Marisol refleja apenas un chispazo de la realidad político social  del Chiapas Actual con  sus ausencias de prerrogativas fundamentales, como la seguridad jurídica, medio ambiente sano, vivienda , trabajo, salud.

     Esta complicidad gubernamental con grupos delincuenciales lo hace partícipe de la ruptura del derecho a la convivencia, la paz pública y el desarrollo social y a otras garantías derivadas.

        Sandra Marisol con sus hijos  que esperan y tocan a las puertas del inmueble, donde despacha el gobernador Velasco, refleja la idea del ciudadano que mendiga sus derechos   después de 16 larguísimos  y desgastantes años de lucha incesante en la más profunda  orfandad de la legalidad.

    La mujer y sus vástagos transmiten también  el elocuente mensaje de la resistencia ciudadana que desnuda y muestra qué putrefactos y corruptos pueden y son los gobiernos.