Derecho: más alla del género…

Facultad de Derecho de la UNACH

En la Facultad de Derecho hay diferencias históricas, surgieron desde su creación como escuela y subsisten al día de hoy. Tienen que ver con una ineludible realidad: la escuela es un coto de poder político cuyos hilos se mueven desde el Palacio de Gobierno, pasando por la administración central de la Universidad.

Esta realidad se vio evidenciada en el reciente proceso de designación del director o directora de la Facultad. Las dos expresiones político-académicas buscaron el respaldo del Ejecutivo, y ganó quien lo obtuvo. El proceso ante la Junta de Gobierno, fue, evidentemente una formalidad que tenía que cubrirse para dar legitimidad al mismo.

El que escribe, también participante en el proceso, nunca tuvo posibilidades reales de ser favorecido. Más allá de revisar los requisitos que la Ley Orgánica de la Universidad exige, se me opuso un requisito que no cumplía, y que se tradujo en un comentario: “golpeas muy duro al gobierno”. No se si lo que suelo escribir merezca el calificativo, pero cierto es que no concibo el ejercicio de la libertad de expresión si no es con sentido crítico.

De cualquier manera, como académico con derecho a ejercer el derecho a participar, tenía que continuar en el proceso. Por eso al acudir a la entrevista con la Junta de Gobierno me pareció que había que hablarles con la verdad y exponerles la realidad que se vive en la Facultad, pese a que sabía que no se encuentra en sus posibilidades cambiarla, como el resultado del proceso lo demostró.

Al final, la Junta de Gobierno y el Rector optaron por favorecer a una expresión político-académica que contó con el respaldo del Ejecutivo. La hoy directora es comadre de un funcionario de tercer nivel, pero pariente del gobernador, y además contó con el apoyo de un diputado por el distrito de Venustiano Carranza.

Así, la designación atendió a razones políticas, y desoyó las informaciones que alertaban sobre las consecuencias que podría traer favorecer a expresiones políticas irreconciliables.

Como puede verse, el que la designación recaiga en una mujer es totalmente circunstancial, no fue un criterio que se hubiera valorado y tomado en cuenta, si lo hubiera sido, evidentemente que lo aplaudiría. Lamentablemente no, lo único que ocurrió es que a la tricentenaria escuela de Derecho le pusieron la verde.

La designación, además, generó la inconformidad de la mayoría de los y las docentes de la Facultad, no solo por la manera en que consiguió el cargo, sino porque las diferencias político-académicas también han dejado un saldo de innumerables pleitos que hoy le impiden capacidad de convocatoria para trabajar en conjunto por un proyecto académico, asumiendo que lo tuviera.

Además, si efectivamente hubiera un proyecto académico interesante e innovador, y que además existiera garantía de cambio, me parece que eso ganaría adhesiones; sin embargo, solo se percibe la administración de la facultad en función de agradar a quienes intervinieron en la designación, la continuación de las prácticas académicas deshonestas y al margen de la libertad de cátedra, y la polarización de la comunidad universitaria.