Samuel, en busca de la legitimidad perdida
«Consejo Ciudadano» de Samuel. Foto: Comunicación Social municipal
El alcalde Samuel Toledo Córdova integró ayer la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano de Tuxtla Gutiérrez, entre cuyos objetivos destaca “impulsar procedimientos claros y equitativos para inducir el desarrollo equilibrado de la ciudad” y tendrá como funciones “asesorar y apoyar al municipio en materia de desarrollo urbano y la vivienda, así como opinar y dar seguimiento a los programas de desarrollo urbano, promoviendo la participación de los sectores público, social y privado”.
Asimismo, de acuerdo con el comunicado emitido por el Ayuntamiento, la Comisión podrá “promover mecanismos de adquisición de suelo para integrar la reserva habitacional, industrial y de servicios; promover la ejecución de obras de infraestructura y equipamiento urbano prioritario en los centros de población y comunidades rurales, así como su congruencia en el programa respectivo, vigilando la transparencia de sus recursos”.
Y entre sus facultades también están la de “escuchar y encauzar las peticiones relacionadas con la promoción del desarrollo urbano que le formulen los vecinos de su centro de población y comunidades; recibir informes y en su caso, promover los recursos de queja a petición de parte; opinar en caso de controversia, respecto a la disposición de un programa de desarrollo urbano, solicitando la revisión y análisis de dicho programa a la autoridad competente, a fin de que esta resuelva en definitiva”.
Esta es la respuesta de Toledo Córdova a la crisis de legitimidad por la cual atraviesa su administración, derivada del generalizado descontento ciudadano frente a la caótica situación que vive la capital desde hace varios años en materia de infraestructura urbana. Sin embargo, desde ahora podemos afirmar que de poco o nada servirá la nueva Comisión al desarrollo integral de la ciudad, porque está confeccionada para apaciguar las críticas de los capitalinos y para legitimar los actos verticales de las toma de decisiones del Ayuntamiento, en detrimento de la verdadera participación democrática de la sociedad.
Como su nombre lo indica, la comisión sólo será un organismo de consulta que podrá dar opiniones, hacer propuestas, dar seguimiento, recibir informes, pero no tiene facultad de decisión en las políticas públicas ni de fiscalización real en la aplicación de los recursos. En los hechos, el organismo sólo será comparsa del gobierno capitalino a cambio de canonjías para quienes lo conforman, como ha sucedido con el Consejo Consultivo Ciudadano que en nada ha influido para hacer de Tuxtla una mejor ciudad para vivir, como nos vienen prometiendo los gobiernos desde hace más de seis años. ¿Qué hizo, por ejemplo, ante el fraude del proyecto “Qué viva el centro”? ¿Fue tomado en cuenta en el nuevo proyecto del Corredor Metropolitano? ¿Avaló el plan de ejecución de obras para la reconstrucción de calles que colapsó el tráfico vehicular y trastornó la vida cotidiana de los tuxtlecos?
De entrada, la conformación del nuevo organismo nos dice mucho. La encabeza Samuel Toledo y su secretario de Infraestructura, además de David Alberto Zamora Rincón, del Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C. Y la integran el Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas A.C., la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Tuxtla Gutiérrez; la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas A.C., la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez; el Colegio de Ingenieros Civiles A.C., Integradora de Transportistas de Carga en Chiapas, Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI A.C., así como constructores, contadores, arquitectos, transportistas, gasolineros, mujeres empresarias e ingenieros topógrafos.
¿Y dónde están los representantes de las universidades, de las organizaciones ciudadanas emergentes y de los vecinos?
Para resolver el descomunal problema del desarrollo urbano, Tuxtla se requiere mucho más que una comisión inocua con fines legitimadores de una administración en decadencia. Se necesita de proyectos congruentes con las necesidades de la capital, avalados por una verdadera participación democrática de los ciudadanos. Y de gobiernos capaces, incluyente y comprometidos con la sociedad.
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