Reforma política, juego sucio de diputados
Congresistas de Chiapas
Mientras permanecemos pasmados en nuestros asientos de espectador mirando lo que ocurre en los estadios de Brasil, particularmente atentos a lo que sucede con la Selección Nacional de futbol, en nuestra cancha política nos están metiendo una goliza y no precisamente en buena lid, sino a través de jugadas ajenas al “fair play”, marcadas por la simulación, las zancadillas y el fuera del lugar.
La semana pasada el Congreso local aprobó la reforma de varios artículos constitucionales para homologar los cambios que se hicieron a nivel federal en materia político-electoral. Los legisladores le jugaron rudo a sus representados. En un acto alevoso y contrario al sentir ciudadano, no sólo establecieron la reelección consecutiva de diputados sino que ésta podrá concretarse hasta por cuatro periodos de tres años cada uno.
En un contexto democrático precario, donde los partidos son dominados por las decisiones verticales de sus dirigentes y por la injerencia gubernamental, y donde en las elecciones persiste el clientelismo y la compra del voto, la decisión abre la puerta a la consolidación de cacicazgos diputadiles que en poco beneficiarán a la tarea legislativa, pues la prolongación del mandato no tiene como propósito la profesionalización de los representantes populares sino conservar los espacios de poder desde donde se defiendan los intereses del régimen en turno y de grupos políticos y económicos.
La reelección de diputados sería legítima si la clase política no fuera sinónimo de corrupción y si los comicios fueran equitativos y la elección producto del voto razonado; si los candidatos surgieran del liderazgo social y no de la burocracia partidista o de los palomeados en Palacio de Gobierno; sería congruente si hubiera un genuino servicio civil de carrera que profesionalizara a los diputados para legislar y no sólo ser la oficialía de partes del Poder Ejecutivo. Sería hasta deseable si hubiera un indeclinable compromiso de los diputados con la rendición de cuentas ante sus electores y de cara hacia toda la sociedad; si hubiera una auténtica transparencia del Congreso en el uso de los recursos públicos y en el conocimiento íntegro y oportuno de la información referente a iniciativas de leyes, decretos o reformas a la Constitución que se “debaten” y se aprueban.
Sin embargo, lo cierto es que estamos a años luz de tener esas condiciones democráticas que justifiquen la eventual permanencia de los diputados hasta 12 años consecutivos con onerosos cargos al erario. ¿Cómo justificar la extensión del mandato de un grupo de depredadores que legitima la corrupción, avala el endeudamiento desmedido del gobierno, aprueba leyes represivas contra la protesta social y por otro lado autoriza la estructura administrativa para consolidar el clientelismo como base de proyectos políticos de funcionarios? ¿Cómo respaldar la reelección legislativa si los neófitos diputados autorizan cobrar a los tuxtlecos impuestos ilegales por alumbrado público; si incumplen con la homologación de las leyes locales con las federales para abrirle al Ejecutivo un resquicio por el cual pueda evadir sus responsabilidades con la reforma educativa?
¿Cómo avalar la decisión legislativa si la mayoría de los diputados se desentiende de la separación de poderes y compite con inquebrantable convicción por ganar la medalla al mejor lisonjero del gobernador? ¿Cómo si las diputaciones son trampolines para el fortalecimiento de camarillas políticas sin escrúpulos y la mejor oportunidad para hacer negocios al amparo del poder? ¿Cómo estar de acuerdo si proviene de una decisión cupular, antidemocrática, al no consultar el parecer de la ciudadanía en un tema bastante sensible por sus perniciosas repercusiones en el sistema político secuestrado por los intereses de la partidocracia?
Para no verse tan gandallas y voraces, los diputados locales aprobaron que las candidaturas independientes a puestos de elección popular se concretaran a partir del próximo año y no en el 2018 como lo habían planteado inicialmente. Sin embargo, esa figura electoral que pone en tela de juicio a la clase política y abre el camino al poder a los ciudadanos apartidistas, de momento tiene despreocupados a los partidos porque se tuvo el cuidado de establecer requisitos difíciles de cumplir para no arriesgar su hegemonía. El número excesivo de firmas exigidas para registrarse, el costo de los trámites de constitución de asociaciones, el desamparo jurídico ante eventuales violaciones a sus derechos o la falta de financiamiento público, constituyen un portentoso dique que desalentará la participación de aspirantes independientes.
Por otra parte, acatando las instrucciones del “cuerpo técnico” que los dirige desde Palacio, los legisladores arremetieron contra una de las pocas decisiones congruentes que tomó la LXIV Legislatura al homologar las fechas de elecciones estatales y federales para disminuir el oneroso gasto de tener comicios diferenciados.
Ahora, por cuestiones de cálculos políticos de la actual administración estatal, las fechas de las votaciones a alcaldes y diputados locales serán el tercer domingo de julio del año que corresponda y la elección de gobernador se hará el mismo día que la del presidente de la República; es decir, en Chiapas en el 2015 tendremos dos elecciones, las federales (junio) y las estatales, sin que haya un argumento técnico que las justifique.
Con las reformas referidas, gana la clase política y la partidocracia decadentes; pierde la sociedad. Y eso en términos democráticos significa que Chiapas va en retroceso.
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