Derechos indígenas en la selva Lacandona

Habitantes de la selva. Foto: Ángeles Mariscal

El conflicto suscitado en la Selva Lacandona requiere ser analizado y abordado desde la perspectiva de los derechos indígenas. El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, el derecho al medio ambiente y el derecho al territorio se encuentran interrelacionados y deben ser respetados y garantizados por el Estado.

Las diversas instituciones del Estado, locales o federales, intervienen en el conflicto violentando no solo las obligaciones constitucionales e internacionales que les imponen observar los derechos humanos de los pueblos indígenas, sino violentando otros derechos individuales y complicando, de paso, la solución al conflicto.

Los pueblos indígenas tienen el derecho a decidir sus propias formas de organización interna. En ese sentido debe respetarse la designación de las nuevas autoridades del Comisariado de Bienes Comunales, cuya presidencia, por primera vez, recae en un indígena que no pertenece al grupo étnico lacandón. Por cierto, la tradición de elegir a un lacandón se habría mantenido, de no ser porque han colaborado con las instituciones “ambientalistas” que promueven la malversación de los recursos naturales en la zona.

Tienen también el derecho al territorio, del que unos son originarios propietarios y en el que otros fueron ubicados y han adoptado también como su territorio indígena. La jurisprudencia internacional en materia de derechos indígenas, ya ha clarificado la relación particular que los indígenas establecen con sus tierras, mismas que representan mucho más que el espacio de trabajo agrícola. Por tales razones, el territorio de un pueblo indígena no debería ser afectado, y en caso de que lo sea, debe procurarse el menor daño posible, contar con el acuerdo de los pueblos afectados e indemnizarles adecuadamente.

El derecho al medio ambiente, que puede implicar la protección de un área determinada mediante  creación de reservas naturales, no debe darse al margen de los pueblos indígenas. De hecho, ya los habitantes de la zona han clarificado que existe consenso entre todas las comunidades indígenas que habitan la zona en el cuidado y preservación de los recursos naturales. En consecuencia, cualquier política o proyecto en la materia, debe darse en acuerdo y participación libre, informada y de buena fe con las comunidades indígenas de la zona.

Cualquier solución al conflicto al margen de los derechos mencionados, constituiría una violación más a los derechos de los pueblos indígenas, susceptibles de reclamo ante los organismos nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos.