Cruzada Contra el Hambre, el oprobio y la burla institucional

Mujeres y niñas acuden al evento público de promoción de la Cruzada Nacional Contra el hambre. Foto: Elizabeth Ruiz

Mujeres y niñas acuden al evento público de promoción de la Cruzada Nacional Contra el hambre. Foto: Elizabeth Ruiz

La Cruzada Nacional contra el Hambre, iniciada  en mayo del año pasado en Chiapas, pasó del  anunció institucional  al oprobio y burla para las comunidades en situación de miseria y pobreza.

       Es también una afrenta contra los empleados promotores, que irónicamente hoy están más necesitados y hambrientos, por la retención salarial de hace meses y los préstamos a que recurren para sustentar sus hogares.

  La Cruzada lanzada aquí por el presidente  Enrique Peña Nieto, acompañado del ex presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva,  muy pronto adquirió tintes de plataforma  política  con perspectiva electoral anticipada.

   En el vértice de las acusaciones está el coordinador estatal de la Cruzada Contra el Hambre en Chiapas,  Rodolfo Eligio Molina Monterrosa,  dependiente de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, que encabeza  Eduardo Zenteno Núñez.

   Molina Monterrosa,  expuesto  como fanfarrón y prepotente,  es acusado de atrasar las  peticiones y necesidades comunitarios, por sus pretensiones de instalar su  propia estructura  laboral  y de complicidades en los espacios del programa con fines electorales.

    La conducta del funcionario federal  pone en riesgo que las solicitudes de prioridades recabadas por  comités  comunitarios  no ingresen a los ayuntamientos municipales para la ejecución de  apoyos.

    La  Cruzada Nacional contra el Hambre, derivado   del programa brasileño Cero Hambre,  fue activado en Chiapas   para enfrentar el  hambre  y las necesidades emergentes.

   Para tales fines se contrataron más de mil 500  promotores y algunos coordinadores regionales, además se constituyeron  7 mil 552 comités comunitarios en los 55 municipios  más pobres.

    Se   elaboraron  más de   6 mil diagnósticos en las que las  familias definirían sus demandas emergentes para su atención institucional.

   A unos meses del lanzamiento del programa  presidencial, los promotores denuncian que La Cruzada cayó en la declaración y la frustración, y se redujo a una burla en contra de los más pobres  y necesitados.

     Debido a que las necesidades planteadas no se consideran en los indicadores de pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social  en el estado,  se planteó  a la dependencia federal en la ciudad de México, la creación de nuevos indicadores sujetos la realidad social.

   La respuesta de Víctor Manuel Tapia Castañeda director general de Desarrollo Comunitario fue  reveladora y sin tapujos: “No inventen, apéguense a los indicadores que les enviamos, y las demandas de la gente póngalas al final».

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