Tortura sistematica en Chiapas

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dos de ellos me tomaron de las manos y me dijeron que caminara, llevándome a un cuarto donde bajé un escalón, se escuchaba ruido de una tele y subiendo el volumen de la tele me empezaron amarrar de los pies y luego las dos manos pegadas al cuerpo y luego uno de ellos empezó vendarme desde los pies hasta llegar a los hombros y luego me pusieron otra venda en la cara aparte, de la que ya tenía, dejándome descubierta la boca y nariz, y luego me envolvieron con un cobertor de los pies hasta los hombros y escuché que dijo uno de ellos, amárrenlo con este mecate para que donde patalee no se afloje, y entre dos de ellos me tiraron al piso. Uno se sentó en mis pies y otro en mi abdomen, y uno me ponía una franela en la boca, tapándome la nariz, y otro dejaba caer agua sobre la franela tratando de ahogarme porque querían que aceptara los delitos que me mencionaban, como asaltos…

En los últimos días, a propósito de la visita del Relator de la Naciones Unidas contra la Tortura, se han dado a conocer en los medio de información algunos casos de personas que han sido objeto de tortura, en dos casos, las víctimas fueron privadas de la vida como consecuencia de la tortura. Se ha denunciado que esta práctica se lleva a cabo principalmente por agentes de la Policía Especializada, pero también se han dado casos en que quienes la llevan a cabo son policías municipales o de la sectorial. Recientemente el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” dio a conocer que habían conocido de al menos 18 casos en el último año. Es muy posible que los casos que no se han denunciado representen muchos más de los que conocemos.

En Chiapas, las violaciones a los derechos humanos continúan presentándose día a día, y la procuración de justicia es el escenario más frecuente en que se presentan. Ello se debe a que existen “espacios oscuros” de la ley que posibilitan que las violaciones se perpetren. La ley permite que los agentes del Ministerio Publico ordenen detenciones en “casos urgentes” y puede mantenerlos en investigación hasta por 48 horas, incluso duplicar este término, hasta decidir decretar la libertad o consignar ante una autoridad jurisdiccional. En Chiapas, los agentes del Ministerio Publico, suelen girar oficios de “localización y presentación” para que una persona sea llevada ante esa autoridad y declare sobre imputaciones en su contra. Aunque jurídicamente no constituye una detención, lo cierto es que representan verdaderas privaciones de la libertad. Cuando se publicitó que ya no se practicaría el arraigo, advertí que la tortura se iba disparar como consecuencia. Las pruebas que no se obtienen mediante arraigo se obtienen con la tortura.

Es en estos espacios jurídicos cuando la tortura se practica y muchas veces cuenta con la complicidad de los agentes del Ministerio Público, quienes se favorecen de las confesiones obtenidas mediante tortura. La lógica es que los policías de la Policía Especializada detienen personas inculpadas, las torturan y obtienen confesiones, y luego las presentan ante el Ministerio Publico para declarar, muchas veces contando con la presencia de los policías que practican la tortura, y defensores oficiosos que convalidan las declaraciones cubriendo una formalidad constitucional.

La tortura es una práctica detestable, muy arraigada en Chiapas, al grado de constituir una práctica sistemática. Es utilizada para obtener confesiones que faciliten o aparenten resolver delitos cometidos. La tortura requiere de un discurso político e ideológico que la legitima, y tiene que ver con demostrar eficiencia en el combate al crimen, discursos de cero tolerancia contra la delincuencia, o el silencio cómplice ante denuncias de violaciones a los derechos humanos; de este modo, aquel que practica la tortura asume que cuenta con la aquiescencia de sus superiores y que no será castigado por sus actos.

Para erradicarla se requiere voluntad política y verdadero compromiso con los derechos humanos. Implica dejar de reconocerle valor de prueba a las declaraciones rendidas ante el Ministerio Publico, porque ello representa una invitación para torturar. Requiere también que toda denuncia por tortura sea investigada y sancionados los responsables, porque eso tiene un efecto disuasivo. Exige también que las policías y fiscales del Ministerio Público sean capacitados para investigar prescindiendo de las “espontáneas confesiones”. Implica, en fin, asumir seriamente los derechos humanos y respetar el derecho a no ser torturado, bajo ninguna circunstancia.

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