¿Instrumentos legales ante un escenario venidero de fuertes protestas?

Reforzar a los cuerpos policuacos en vez de reforzar los derechos humanos.

Algo prevén nuestros gobernantes en México que a la voz de ya, en varios estados del país empezaron a crear leyes para reforzar a sus cuerpos policiacos y amenazar el derecho a la protesta o manifestación de los ciudadanos.

¿Qué andan haciendo mal para que se preparen por la vía policiaca con tanta vehemencia como lo han estado haciendo ya Quintana Roo, el DF, Puebla, Chiapas y otros estados del país? Y claro, estas leyes locales no están ajenas a reformas federales que dan más poder al poder.

El Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, aprobado el jueves pasado en el Congreso del Estado, sólo exhibe que los gobernantes se preparan para un escenario que no es nada fácil.

Pareciera que los gobernantes auguran malos días para su permanencia y estabilidad en el poder que han echado mano de leyes que a todas luces se vislumbran represivas.

Considero no era necesario crean más instrumentos jurídicos, con los que tenemos nos basta y nos sobra. Si el problema de la justicia no es que hagan falta leyes, sino que las que están no se aplican como debería ser.

Ya basta de vivir en un estado de leyes y es hora de pasar realmente a un Estado de Derecho. Pero un Estado de Derecho donde se defiendan y promuevan los derechos humanos y no uno donde se restrinjan las libertad ciudadanas.

“Protestar es un derecho, reprimir un delito”, es la consigna que han acuñado organizaciones sociales o civiles para ejercer su derecho a salir a las calles e inconformarse cuando las políticas públicas no son las que ellas quisieran o estas les afectan.

Organismos como Artículo 19 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han cuestionado este tipo de instrumentos legales que sólo vienen a provocar más incertidumbre e intimidar a una sociedad harta del camino que han tomado sus gobernantes, principalmente con sus reformas estructurales.

Tras el cuestionamiento, Puebla ha reculado y el gobernador lo vetó, no lo publicó la “Ley Bala” en el diario oficial local y lo regresó para su revisión y modificación. En Chiapas, hasta ahora no sabemos si el citado código de uso de la fuerza pública fue o no publicado en el Periódico Oficial, pues ese medio impreso se ha vuelto ya inalcanzable al cuadriplicarse el costo de la suscripción anual de 800 a dos mil 400 pesos y es ya muy difícil de encontrar, pues de forma dolosa lo niegan para su venta o dicen que no ha sido impreso el número que se busca.

Esperamos que el escenario no sea el que las autoridades prevén, a decir de sus reformas. Pues entonces sí, se confirmaría que la situación política y social está ya al borde del abismo.