Gobierno de Tuxtla, en el hoyo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Foto: Jacob García

El caos en Tuxtla Gutiérrez no sólo está en las calles y la mala planeación de las obras de reconstrucción. A la mitad del trienio, el desbarajuste afecta ya las entrañas del gobierno del alcalde Samuel Toledo Córdova, cuya gestión ha quedado prácticamente anulada administrativa y políticamente por sus complicidades con el sabinato depredador, por las disputas internas de poder, por las precampañas adelantadas de los aspirantes a la Presidencia Municipal y por el peso de la obra pública federal y estatal en la ciudad.

Desde que inició en la capital chiapaneca la millonaria inversión en infraestructura vial, Toledo y su programa de bacheo permanente quedaron relegados a un segundo plano, evidenciando que la solución de las calles destrozadas requerían de cirugía mayor y no simples remiendos con efectos de una aspirina. El protagonismo en la ejecución de la obra pública la ha acaparado el gobierno estatal, particularmente el secretario de Infraestructura, Bayardo Robles Riqué, lo cual ha dejado al edil como una figura decorativa bastante estropeada. Toledo carga con la loza del desastre vial, pero quienes capitalizarán las ganancias de la reconstrucción serán el gobernador Manuel Velasco y Robles Riqué. El alcalde, a la hora del balance triunfal, quedará como un actor de tercera, en el papel de ayudante en la ceremonia del corte de listones.

El rol secundario a Samuel Toledo no se lo quitará nadie, tampoco en política. En esa materia desde hace bastante tiempo quedó desplazado, pues es claro que su influencia en la sucesión municipal es prácticamente nula. Las precampañas adelantadas, abiertas y encubiertas, que en pos de la alcaldía capitalina llevan a cabo Luis Fernando Cal y Mayor y Emilio Salazar Farías, ambos diputados del Partido Verde Ecologista de México, lo han debilitado políticamente y son el ejemplo de que las decisiones se están tomando en otro nivel.

Tan es así que en la reestructuración de su gabinete, en abril pasado, tuvo que aceptar en la Secretaría Municipal a Jovani Salazar Ruiz, exsubsecretario de Gobierno de la zona Metropolitana y recomendado por el secretario, Eduardo Ramírez Aguilar. La tarea asignada al exdirigente de la organización paraelectoral “Fuerza Sabines”, es la operación política en Tuxtla con miras a los comicios del 2015, al mismo tiempo que busca posicionarse como aspirante a una diputación local. Salazar Ruiz ya se promociona en medios y redes sociales con la estrategia populista de moda y es respaldado por una organización denominada “Vamos Jovani A.C”, nombre que de inmediato remite al “Vamos Güero” que utilizó el gobernador en su precampaña.

Mientras tanto, la gobernabilidad en el Cabildo capitalino se ha desestabilizado. La regidora Rita Balboa Cuesta, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional, al igual que el alcalde, acusó hace unos días a Samuel Toledo de cambios injustificados y repentinos en horarios, fechas y orden del día de las sesiones, así como de manipulación de las reuniones con los regidores, además de entregar u ocultar información que deben conocer para poder abordar asuntos importantes del gobierno municipal. En respuesta al reclamo, se divulgó la lista de asistencia del Cabildo donde se destaca que Balboa no ha acudido en 27 ocasiones.

El edil también se encuentra en pugna con el síndico tuxtleco, pues operó en el cuerpo de regidores para que Eduardo Suárez fuera destituido de la Comisión de Hacienda por presuntas fallas en su encomienda; sin embargo, el trasfondo del problema parece ser político, pues “Lalo Carreta” aspira también a un puesto de elección popular pero no tiene el aval de Eduardo Ramírez.

Suárez devolvió el golpe haciendo una denuncia penal por la falsificación de sellos de la sindicatura, en la que deja entrever que quienes cometieron el delito son funcionarios municipales.

Bajo estas circunstancias, el alcalde Samuel Toledo Córdova arriba a la mitad de su gestión políticamente débil, confrontado con miembros del cuerpo edilicio y bajo sospecha de cometer irregularidades administrativas que ponen en riesgo la legalidad de los actos de la administración capitalina. No es un buen augurio, por supuesto, porque su gobierno podría terminar con el sello de su antecesor: la ineficiencia y la corrupción.

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