La guerra abierta de Enrique Peña Nieto contra internet
Jesús Robles Maloof
Una cosa es navegar por las redes de manera caóticamente libre en busca de aquellos lugares a donde no hemos ido o al encuentro de personas, ideas y conversaciones nuevas, y otra muy diferente es intentar navegar en un laberinto con puertas de acceso para toda la riqueza de información y comunicación cuyas llaves las tiene un funcionario. Esto último quiere Enrique Peña Nieto para internet en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
A las 3:23 horas del 5 de marzo la página web 1dmx.org fue reestablecida luego de tres meses de censura. El 2 de diciembre de 2013 la empresa de alojamiento GoDaddy.com bajó el sitio a petición de un agente especial de la Homeland Security Investigations asignado a la Embajada de Estados Unidos en México. ¿Cómo explicamos los tres meses de censura al más puro estilo de Irán o China?
Parafraseando al ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, el Partido Revolucionario Institucional cumple 85 años en la plenitud de su “pinche poder”. Tras 12 años de ausencia en el gobierno federal, el PRI ha retomado el control de las decisiones políticas. Ninguna institución llega a esa edad sin haber adaptado sus objetivos. Su clave no está tanto en adoptar cambios radicales en los métodos políticos, sino en adaptarlos a las actuales circunstancias. En el centro de la estrategia priísta ha estado el férreo control de los medios de comunicación y el acallamiento de las voces críticas para cerrar la pinza alrededor de la libertad de expresión.
Desde 1994 el EZLN hizo de internet un campo político alternativo y le recetó al priísmo un buen gancho al hígado al difundir sus ideas políticas por todo el planeta. Así, en la historia del activismo digital, los zapatistas le dieron la primera lección al mundo. Al resto de la ciudadanía, con contadas excepciones, le costó entender que internet podía servir para cambiar cosas.
El cambio de siglo trajo a los panistas a la silla presidencial. El acceso a la red creció y rondó el 40 por ciento de la población. En 2005 y 2006 el movimiento afín a de AMLO tomó internet como un espacio alternativo ante el cerco que les impusieron, tras la cuestionada elección, destacan Radio AMLO y el Sendero del Peje como plataformas que en su momento abrieron brecha.
Los años de Felipe Calderón fueron los años de la “guerra contra las drogas” y del endurecimiento de un estado policial. Se persiguió a los “tuiteros terroristas” por sólo difundir alertas a la gente sobre la violencia en Veracruz y hasta las bromas dichas en mal momento hicieron que Mario Flores pasara un día detenido en la PGR. Las redes sociales se constituyeron en las nuevas válvulas de escape para la opinión disidente que molestaron a gobiernos de todos los colores. Si con el PAN los actos represivos a los usuarios de internet eran más bien fruto de reacciones a circunstancias específicas, con el PRI vendría el “profesionalismo” de la censura.
En 2009 los revolucionarios institucionales constituyeron el Movimiento Nacional de Cibernautas definido como “Organización de Cibernautas del CEN del PRI. Nuestro reto es lograr una Sociedad que se Informe, Involucre y Sincronice. Gestamos CIBERVOLUNTARIOS”. ¿Sincronice?
Ya en campaña surgieron los escándalos de los like’s comprados para Facebook, de los ejércitos de usuarios a sueldo de torta y frutsi llamados “activistas” que generaban falsa opinión en redes. Cerraban la pinza con una millonaria operación compleja de bots en twitter bautizados como “Peñabots”, que en un principio se dedicaron a apoyar a las cuentas de campaña y hacia el final de la misma, a censurar o secuestrar los hashtags de la oposición. Un estudio de John Paul Verkamp y Miaxi Gupta de la School of Informatics and Computing of Indiana University recientemente demostró que en China, México, Siria y Rusia se han usado los bots masivamente para ahogar las voces disidentes. Aquí y en China. A pesar de esta estrategia, los diversos análisis indican que Peña Nieto perdió la contienda en internet, incluyendo los medios sociales.
El periodo post electoral y el primer año de gobierno se han caracterizado por un cúmulo casi viral de propuestas legislativas para ahogar la disidencia en las calles. Entre ellas se encuentran reformas al artículo 362 del Código Penal en el DF, la ley antiprotesta y el Código Nacional de Procedimiento Penales en el Congreso Federal,la ley sobre Manifestaciones en Jalisco, la ley Borge en Quintana Roo y recientemente la ley de Manifestaciones Públicas en San Luis Potosí.
La cara digital de esta estrategia ha sido la detención y tortura de tres activistas digitales antes del 5 de mayo en Puebla, la censura a la fecha al blog de Maritza Díaz, ex pareja de Peña Nieto, el escándalo por la forma que el gobierno nos espía mediante el uso de spyware como finfisher, la intentona de castigar “la difamación” de políticos en redes sociales, en Nuevo Léon; la injusta prisión del bloguero Gustavo Maldonado, las amenazas a Alberto Escorcia, colaborador de@YoSoyRed_ el ataque al portal de SinEmbargo.mx y a las cuentas de correo de Lydia Cacho.
El último de estos episodios me tocó directamente. Semanas antes del 1 de diciembre de 2013 me invitaron a escribir un artículo para la rediseñada página1Dmx.org. Escribí sobre la disidencia y su aportación para la democracia real. Los textos y otros materiales, como los videos y la plataforma para generar evidencia de los abusos sólo duraron pocos días en línea.
Se interpuso un amparo contra esa decisión bajo el supuesto que la Embajada no actúo sola. El sitio se mantuvo censurado hasta que los jóvenes del 1Dmx decidieron hacer pública la censura. Como era de esperarse, las autoridades se lavaron las manos aunque la investigación sigue.
La buena noticia es que hubo reacción. La ciudadanía ha plantado cara. Junto con organizaciones de todo el mundo, el grupo de activistas digitales@ContingenteMxenvió un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que se abordara el tema del espionaje de EU y de otros países. El ContingenteMx también instó al gobierno mexicano a apoyar la declaración conjunta sobre internet en la OEA y lanzó una campaña por los 13 principios sobre la vigilancia en la era de internet.
Propuesta Cívica demandó ante el IFAI el esclarecimiento en la compra de programas de vigilancia en internet. El colectivo Internet para Todos logró la inclusión del acceso a internet como derecho constitucional y lucha por incidir en la reforma a las telecomunicaciones. Las campañas Yo amo Internet e Internet Libre buscan generar conciencia sobre la importancia de la experiencia en un internet abierto.
La mala noticia es que enfrentamos desde hace días un reto aún mayor. La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones presentada por Peña Nieto es abiertamente un reto para la libertad en internet. Las razones de un primer análisis son las siguientes.
1. Las personas y sus derechos al rincón. (Centralidad de los derechos)
Es una ley que gira en entre las autoridades y las empresas del sector, y sólo en los últimos artículos se habla tímidamente de las personas y sus derechos como usuarios. Deberíamos contar con una ley centrada en los derechos de las personas con las obligaciones de las autoridades para garantizarlos y con un marco adecuado de regulación de las empresas.
2. ¿Para qué tener cobertura universal si con las telenovelas tienen? (Garantía de acceso)
Al no establecer derechos, no especifica cómo se logrará un mayor acceso a internet, sobre todo de quienes menos tienen. Es claro que al llegar al capítulo de cobertura universal la claridad se vuelve retórica y sólo se establecen las obligaciones generales y vagas de los gobierno de hacer planes.
No establece esquemas de gratuidad para aquellas personas que menos tienen y deja al arbitrio de las autoridades establecer sitios públicos con internet. Cuando pedíamos esquemas de internet para sectores vulnerables, nos tacharon de populistas. Peña Nieto busca ahora regalar 14 millones de televisores digitales que estarán controlados por Sedesol.
3. Internet como informerciales
Artículo 146. Los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad. (¿Capacidad?)
No contempla protecciones a los usos no comerciales de internet y por el contrario, en la propuesta se ponen en peligro principios fundamentales para los procesos de creación y generación de conocimiento, como compartir o expresar ideas, que constituyen la base del desarrollo de internet.
4. La charola digital
En materia de vigilancia e intervención de las comunicaciones la iniciativa funciona como las viejas charolas de los policías judiciales en el artículo 189:
“Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso los autorizados están obligados a proporcionar la localización geográfica en tiempo real, de cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos en quienes se delegue esta facultad”.
El punto en este caso es que no sólo las autoridades federales, sino las procuradurías estatales —muchas de ellas cooptadas por el crimen organizado— tendrán la facultad anterior. El solo pensamiento de que esa “charola digital” puede ser delegada a cualquiera configura una película de terror.
5. Nosotros les decimos lo que es legal y les decimos cuándo no pueden navegar.
Los proveedores de internet se vuelven en policías dado que podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad (artículo 145). Y aunque establece la libertad de elección de contenidos, esto será posible dentro del “marco de la ley” o siempre y cuando “sea legal”, y resulta que por estas disposiciones la interpretación ley la determinan los gobiernos y no un juez, como sucede en la mayoría de las democracias.
6. Por tu bien puedo bajar el switch. (Bloqueo de internet)
Llegados a este punto, Peña Nieto se puso ambicioso. ¿Por qué no bloquear internet cuando yo quiera?, pero claro, sólo es por tu bien. Según el artículo 197 de la propuesta las autoridades podrán:
Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Me gusta esta redacción porque me acuerdo de ella todos los días.
Entiendo que a Enrique Peña Nieto, le moleste que las personas le hablen, lo critiquen, le hagan memes o blogs con sus pifias; que los periodistas difundan las transas y que los activistas denuncien abusos. Lo entiendo. Dado que internet puede —como herramienta— transformar las condiciones de injusticia y ampliar el campo de la conciencia, el plan de Peña Nieto es simple: tener el control mediante la tecnocracia.
No sé ustedes. Al menos yo prefiero que la gente diga lo que quiera decir, que investigue y que enseñe a otros, que se ría y divierta, que navegue por ese mar hermosamente caótico que es el conocimiento y las conversaciones de internet.
A mí no me gustan los laberintos, menos en los que apagan la luz y que están cerrados con llaves en bolsillos autoritarios.
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