Indiferencia de gobierno y discriminacion a indigenas

Felipa, artesana de Aguacatenango Chiapas. Ángeles Mariscal:Chiapas PARALELO

En México existen 56 grupos étnicos, asentados en 23 Estados de la República. Representan una población aproximada de 13 millones de personas, es decir cerca del 12% de los habitantes del país. Los estados en que mayormente se concentra la población indígena son Oaxaca (1, 120 312), Chiapas (809, 592) y Guerrero (367, 110); curiosamente son los estados calificados como los de más alta marginación, los más pobres.

Del número total de indígenas en el país, según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el año 2000, el 25% son analfabetas y el 27 % no culmino la educación primaria. Del total de analfabetas, el 32% son mujeres.

En materia de salud, los datos tampoco son esperanzadores: por ejemplo, la mortalidad infantil por enfermedades infecciosas intestinales, es de 83.6%, mientras que en el nivel nacional es de 27.3%. La esperanza de vida en México es de 74 años, pero entre los indígenas es de 69 años.

Estos datos revelan una realidad dramática: los indígenas de México siguen siendo relegados de las políticas oficiales y siguen siendo ignorados en sus derechos humanos.

La discriminación es un fenómeno que permea las políticas oficiales; generalmente las obras de infraestructura y servicios se brindan a las poblaciones de las ciudades, y es aquí donde incluso se invierten recursos en obras suntuosas y muchas veces inútiles. No le ha sobrado razón al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, cuando afirma que “la discriminación suele reflejarse en la falta de fondos o inversiones para el crecimiento, la falta de recursos para prestar servicios sociales y culturales y la prioridad que cada país asigna a cosas distintas del desarrollo indígena.”

En el contexto descrito, no debe sorprender que el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, se niegue a implementar las medidas acordadas con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y tampoco debe sorprender que el gobierno del Estado no se haya sentido aludido por un caso de discriminación que develó una extensa y profunda discriminación hacia los indígenas. Me refiero al impacto que tuvo la discriminación sufrida por una estudiante de doctorado en la ciudad de San Cristóbal hace unos meses.

El caso de discriminación y la intervención de la CONAPRED habrían sido suficientes, en un gobierno democrático, para tomar medidas legislativas y diseñar las políticas públicas necesarias dirigidas a la erradicación de la discriminación en Chiapas.

Es realmente lamentable no contar con políticas públicas diseñadas para hacer efectivo el derecho a la igualdad en una sociedad pluricultural, generando conciencia de la igualdad entre las personas y la importancia de convivir en armonía respetando nuestras especificidades como personas.

Es importante que el Ayuntamiento implemente los acuerdos pactados con la CONAPRED, pero eso no exime al gobierno del Estado de asumir su responsabilidad en función de erradicar la discriminación en general y en particular para los indígenas.