La deuda pendiente con las mujeres en Chiapas

Mujeres protestan por inclumplimiento gubernamental Foto: Sandra de los Santos

En los últimos días una vez más el reclamo social alcanzó al gobierno chiapaneco. Mujeres activistas de diversas organizaciones civiles de Chiapas han salido a desnudar una vez más las fallidas políticas públicas que al inició de su gobierno anunciaron el gobernador Manuel Velasco Coello, y los otros titulares del Poder Judicial del Estado , Rutilio Escandón Cadenas y del Congreso del Estado, Fernando Castellanos Cal y Mayor y el resto de los 40 diputados y diputadas locales.

Sin ser un poder más, las mujeres han salido a cuestionar el papel del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Raciel López Salazar.

El reclamo se ha dado en dos vertientes, desde dos trincheras. Por un lado, activistas de diversas organizaciones civiles de Chiapas han echado en cara el doble discurso del gobierno local quien asevero prevenir y combatir los feminicidios y castigar a los feminicidas en la entidad.

A los cuatros vientos, la PGJE pregonó con espectaculares que en Chiapas se castiga hasta con 60 años de prisión a los feminicidas. A cuanto organismo nacional e internacional que visita Chiapas, Raciel López Salazar presume una danza de cifras y reformas legales y demás marcos jurídicos.

Lo cierto es que en la mayoría de los casos, en los feminicidios prevalece el estado de impunidad. Se anuncian con bombo y platillo la captura de un feminicidas y guardan silencio cuando a los pocos meses estos sin liberados.

A veces, intencionalmente desde la labor del Ministerio Público son mal integradas las averiguaciones previas, para que al llegar ante el juez este remate el papel de impunidad, ordena la libertad del acusado derivado de la mala integración de los elementos de pruebas en su contra.

Activistas de organizaciones civiles en Chiapas, se dicen preocupadas por el escenario de impunidad en el aparato judicial en la entidad.

El caso más reciente y descarado es el de Tatiana Trujillo, la joven mujer de Ocosingo que dejó a una menor de edad en la orfandad.

Lo cierto es que los feminicidios siguen a la alza. Tan sólo el pasado fin de semana se revelaron tres casos, uno de ellos una mujer indígena tseltal en Chilón, otra hondureña en Mapastepec y una en calidad de desconocida encontrada a orillas de un río de Tapachula.

El otro reclamo tiene que ver con activistas del Movimiento de Mujeres por la Igualdad en Chiapas. Estas mujeres creyeron en los 10 puntos que firmaron los tres poderes de Chiapas hace un año en Palacio de Gobierno.

El Acuerdo por la Igualdad de Género en Chiapas, es un documento al que vestidas de negro y cubiertas el rostro con tela del mismo color, declararon muerto y de forma simbólica protagonizaron su funeral.

Para las mujeres hay un incumplimiento que denota la falta de solidez de las instituciones locales. Con la intención de contrarrestar este reclamo, el gobierno lanzó una misiva oficial desde la oficina de Sasil de León Villard, titular de la SEDEM, pero que sólo exhibió el poco conocimiento que tienen sobre la materia.

Chiapas, es un estado donde el sector de las mujeres siguen rezagadas, discriminadas o excluidas.

El gobernador Velasco Coello y su equipo de colaboradores, tiene el reto de atender a este sector o el reclamo social seguirá creciendo.