Violencia en los Altos, gobernabilidad en juego
Algo grave debe estar ocurriendo en las comunidades indígenas de la zona Altos porque la violencia se ha vuelto recurrente hasta alcanzar consecuencias trágicas. El enfrentamiento del sábado entre dos grupos que se disputan el control de San Antonio del Monte, municipio de San Cristóbal de Las Casas, en el que murió de bala un menor de edad y varias personas resultaron heridas, es la manifestación más reciente de un fenómeno que apunta a la descomposición social y política.
Los linchamientos y las confrontaciones que han ocurrido en varios municipios de esa región, son un indicativo de que los mecanismos institucionales y tradicionales para prevenir y resolver conflictos por la vía pacífica no están funcionando. Se han cambiado a algunos funcionarios de la delegación de Gobierno pero no se han notado mejorías sustanciales en la gobernabilidad de la región; las autoridades han sido rebasadas por ineficacia operativa o por la dimensión de los problemas que enfrenta.
El fenómeno de la conflictividad en zonas indígenas es bastante complejo. Además de las diferencias religiosas, disputas agrarias o diferendos por la explotación de los recursos naturales, su incorporación a las cadenas productivas y de servicios de la economía regional y estatal, ha generado en los municipios autóctonos la aparición de grupos económicamente fuertes causando mayores divisiones internas por su denodado interés en controlar la vida comunitaria.
En este contexto, dinero, ambición de poder e irracionalidad, conforman un trinomio explosivo que ha dinamitado los valores y principios de la cohesión social. Al no existir referentes sociales de unidad, cultura de tolerancia y ante la ausencia de canales confiables para dirimir las diferencias intracomunitarias, los problemas han desbordando la precaria institucionalidad.
Las autoridades tienen enfrente un reto formidable. Su actuación no debe limitarse al ámbito policiaco, al castigo de los delitos o uso de la fuerza pública con fines disuasivos. Su papel debe fortalecerse en lo político, pero antes debe quedarles claro que estos conflictos se salen del esquema tradicional y su solución es muy distinta a la que se aplica cuando se trata de satisfacer demandas materiales. La situación exige diagnósticos precisos y completos, seguimiento puntual y desarrollo de estrategias para abordar los problemas más delicados, y a la par desplegar un intenso trabajo para construir una cultura de paz que sustenten el diálogo y la negociación como vías para alcanzar acuerdos efectivos y duraderos.
Si no se pone freno a la escalada de violencia en la zona Altos, las consecuencias podrían ser cada vez más graves. Los plazos para actuar con decisión son apremiantes. No se debe llegar a los tiempos electorales con esta inercia conflictiva, porque ahí las diferencias comunitarias, la división social y las disputas de poder pueden desatarse con mayor virulencia. La gobernabilidad y la estabilidad del estado están en juego.
¿Y QUIÉN PRENDIÓ EL CERILLO? Nueves meses después de haber ocurrido el linchamiento de tres personas en la comunidad Las Ollas, en el municipio de San Juan Chamula, la Procuraduría General de Justicia estatal detuvo a Federico Gómez Gómez como probable responsable del delito de homicidio calificado. Según las investigaciones fue Gómez quien roció gasolina a las víctimas que murieron quemadas y cuya macabra agonía fue grabada en un video que circuló por Youtube y se vendió en cd en las calles de San Cristóbal. Sin embargo, a la Procuraduría le falta resolver un pequeño gran detalle: ¿quién o quiénes frotaron el cerillo y lo lanzaron para encender el fuego que acabó con las vidas de los sospechosos de haber asesinado a Fidencia Sántiz López, de 24 años de edad. Difícil tarea. Quizá sea la incógnita jamás resuelta de este ominoso –y por desgracia no tan excepcional— caso de barbarie humana en Chiapas.
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