Politicos desatados y Estado de Derecho

Desde el gobernador Manuel Velasco, hasta los secretarios, como este de Medio Ambiente

Las imágenes en los anuncios espectaculares resultan chuscas, ridículas otras, y moverían a risa si no fuera porque estamos seguros de que han sido pagadas con nuestros fondos públicos.

Los políticos están desesperados por la promoción de su imagen, en sustitución de acciones públicas que merezcan ser publicitadas. Algunos se publicitan con retratos personales en anuncios espectaculares, otros aparecen con su familia, hay quienes preparan libros para la ocasión, y también los hay quienes publicitan la portada de un periódico con su fotografía.

En San Cristóbal hay uno que ocupa el ancho y largo del  anuncio espectacular con sus cachetes. No hay mensaje que justifique la fotografía. En Tuxtla vi otro que se publicita presentando a su familia. ¡Qué carajos nos importa su esposa y sus hijos!

Todos son actuales funcionarios públicos, desde el gobernador que se promociona de la misma manera, hasta el responsable del Tribunal Superior de Justicia, el Secretario de Gobierno y otros de menor rango. Que sean funcionarios públicos en promoción sugiere que están distrayendo tiempo y recursos de sus funciones para finalidades personales y eso es corrupción. También sugiere que, quienes se promocionan ya no están satisfechos en el servicio público que desempeñan y por ello están buscando otra posición.

Lo más preocupante es que se trata de políticos grises, burócratas, que destacan por su ineficacia en las funciones que desempeñan. Puede ser que me equivoque, pero pienso que la actual es la administración gubernamental más burócrata e ineficaz de los últimos sexenios. La explicación es simple: no hay proyecto de gobierno, solo proyectos personales.

La promoción con finalidades políticas a destiempo es ilegal, y en cualquier sociedad donde impere el Estado de Derecho, es sancionada. No es falta de legislación, porque sí la hay, es la falta de independencia y voluntad de los mecanismos jurídicos para hacer valer la ley lo que permite la impunidad.

En una sociedad donde impera el respeto a la ley y la justicia, las conductas de los políticos debieran ser investigadas en función de la distracción de sus funciones, del desvío de recursos públicos a fines privados y la violación a las leyes en materia electoral. Evidentemente, no es el caso de Chiapas.