El gobierno joven que huele a pasado
¿Quién pierde con los daños ocasionados en el Congreso del Estado? ¿Quién gana? ¿A qué mente perversa se le ocurrió reventar un mitin con un acto tan bajo?
Ayer, en el primer día de la toma del Congreso Local, por parte del magisterio en protesta por la homologación de la legislación local con las reformas educativas federales un grupo de jóvenes irrumpió en la protesta: derribaron la puerta principal del edificio del Poder Legislativo, rompieron cristales y arrojaron pintura al vestíbulo del Congreso.
Mientras algunos maestros pedían a gritos a sus compañeros “no caer en provocaciones” y acusaban al instante el hecho como un acto de porros; otros docentes –los menos- se sumaban a la irrupción al Congreso, al final de cuentas más de un profesor terminó participando en los destrozos. Cayeron en la provocación.
Al momento el dirigente sindical de la sección VII, Adelfo Alejandro Gómez deslindó a los profesores de los daños ocasionados al edificio del Congreso. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Fernando Castellanos Cal y Mayor también deslindó, ayer mismo, al magisterio del acto, y responsabilizó a un grupo de “anarquistas” –Lo que es no saber lo que significa el anarquismo-.
Esta clase de actos tan bajos fueron comunes en el gobierno pasado. Se tenía –o se tiene- toda una colonia al oriente de Tuxtla Gutiérrez en la que se sacan jóvenes para usarlos como “porros”. Tienen el perfil perfecto para hacer esté “trabajo”: pobres, ignorantes y con un historial de violencia. Sólo personas perversas son capaces de aprovecharse de esa situación para sus fines.
Ayer mismo, el regidor de Berriozabal por el PVEM, Ricardo Alcazar Mata denunció que su padre fue detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y por varias horas lo mantuvieron incomunicado. El delito del que se le acusa es por posesión de un vehículo robado.
El regidor asegura que la detención de su padre es por represalias en su contra por las denuncias públicas que ha realizado en contra del alcalde de ese lugar, también del PVEM. En una entrevista aseguró que Roberto Pérez Moreno, funcionario del gobierno del estado, en una reunión lo amenazó de tomar acciones en su contra como: pedir su destitución al Congreso Local de continuar con las denuncias.
Los derechos a la manifestación, la libre expresión, la disidencia y el acceso a la información son propios de cualquier estado democrático. Cualquier acción que se haga en contra de este derecho no es justificable. Este gobierno joven cada vez huele más a pasado que a futuro.
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