Ausencia de gobierno y sus resultados

Manuel Velasco durante el simulacro del 20 de marzo. Foto: Icoso

Las noticias de la segunda semana de marzo son realmente preocupantes: Venta de mujeres en San Juan Chamula, un niño de diez años muerto de un balazo en el marco de confrontaciones entre indígenas en San Antonio del Monte, San Cristóbal de Las Casas, desplazados de la comunidad Puebla, municipio de Chenalhó nuevamente hostigados, aprehensión de quien habría participado en el linchamiento de una persona en la comunidad Las Ollas, municipio de San Juan Chamula. Todos estos eventos se han presentado en comunidades indígenas.

Si, las situaciones son graves, pero es aún más grave el hecho de que no existan políticas de gobierno dirigidas a generar condiciones para que los hechos no se presenten, a pesar de que los casos no representan situaciones aisladas, por el contrario, son recurrentes.

La venta de mujeres, principalmente niñas, no es algo nuevo en las comunidades indígenas. Se justifica en la práctica equivocada de una costumbre milenaria desarrollada en los pueblos indígenas. Costumbre o no, son prácticas que violan los derechos humanos de las mujeres y niñas, por tanto debe ser objeto de atención por parte de las instituciones y mecanismos creados para asegurar la observancia de los derechos humanos.

Los enfrentamientos entre grupos y comunidades indígenas o campesinos tampoco son ajenos a nuestro contexto. También resultan sintomáticos de la ausencia de mecanismos eficaces dispuestos por el Estado para la atención de las diferencias personales o de grupos.

Tanto los enfrentamientos como los actos de justicia por propia mano podrían estar revelando la desconfianza en las instancias del Estado para resolver las controversias y también la ausencia de políticas públicas comunitarias dirigidas a la construcción de una cultura de legalidad.

La justicia por propia mano también se encuentra vinculada a la bien ganada desconfianza de la población hacia las instancias de procuración y administración de justicia. Si los órganos dispuestos para investigar y castigar los delitos no funcionan adecuadamente ni aseguran justicia, resulta lógico que las personas se sientan animadas a castigar a quienes de otro modo podrían verse favorecidos por la impunidad.

El caso de los desplazamientos forzados por motivos políticos o religiosos, demuestra con mayor claridad la responsabilidad por omisión del gobierno del Estado. No atender oportuna y eficazmente los conflictos genera responsabilidad en los resultados.

Para atender conflictos religiosos existe una instancia de gobierno; sin embargo, ésta solo interviene cuándo el conflicto se manifiesta en la expulsión. No existe antecedente que ilustre que la intervención oportuna de la Dirección de Asuntos Religiosos impidió una expulsión o desplazamiento.

En conclusión, la ausencia de gobierno se advierte en todos los espacios; sin embargo es en las comunidades indígenas y campesinas donde tal ausencia se hace más evidente. Normalmente la atención de las instituciones no llega a las comunidades indígenas y campesinas. Cuando se les presenta es en la forma de operativos policiacos para atropellar sus derechos.