La desconfianza del gobernador

¿Para qué tener un gabinete en el que no se confía? El gobernador del estado, Manuel Velasco Coello confirmó ayer algo que era un secreto a voces: no confía en su gabinete de gobierno. ¿Qué tantos de los que fueron nombrados como secretarios de estado son personas de su confianza? ¿Cómo se puede gobernar bien un estado en el que no se está rodeado de personas que, realmente, se pueda confiar?

El pleno del Congreso del Estado aprobó ayer por unanimidad, a propuesta del Ejecutivo, que todos  los programas que ejecuten las dependencias del estado deben de pasar por el  “visto bueno” del Secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar.

Esto se traduce en que el Secretario de Gobierno le tendrá que revisar la tarea a los titulares de cada dependencia y  cualquier acción que quieran los integrantes del gabinete tendrá que ser consultada con su “hermano mayor”. Si él no da permiso, se tendrán que regresar.

La decisión no creo que haya caído muy bien entre todos los titulares de la dependencia, muchos de ellos, con clara resistencia al Secretario de Gobierno, quien ayer casi que recibe de parte del  Poder Legislativo el nombramiento de “vicegobernador”.

El centralizar todos los programas de gobierno en una sola persona lejos de ser una buena estrategia de operación, parece ser todo lo contrario. Me pregunto a qué horas podrá el Secretario de Gobierno atender todos los conflictos internos de Chiapas, que no son para nada pocos, ahora con su nueva función de “supervisor” de sus compañeros de gabinete.

¿Cuál será la intención de centralizar todos los programas de gobierno en una sola persona? ¿Cuál será el mensaje que intentará dar el gobernador Manuel Velasco? ¿Tendrá que ver la decisión con el próximo proceso electoral? ¿Quiénes serán las personas de su gabinete que Manuel Velasco quiere que sean vigiladas con lupa por el Secretario de Gobierno? ¿Era necesario oficilizar algo que ya se venía haciendo en la práctica?

Alguien que nos explique…

En Chiapas quedó prohibido otorgar licencias y permisos de construcciones para los centros donde se presentan espectáculos que “atentan contra la moral, las buenas costumbres, fomenten la trata de personas y/o atenten contra la dignidad humana”.

Cualquier acción encaminada a evitar y castigar la trata de personas es bienvenida, pero no dejo de hacerme varios cuestionamientos sobre esta reforma, que para mi gusto se presta para múltiples interpretaciones.

Estas reformas ordenan  a los Ayuntamientos que en su zonificación y planes de desarrollo urbano municipal deberán establecer la prohibición de usos de suelo para los centros donde se presenten espectáculos que atentan contra la moral, las buenas costumbres, fomenten la trata de personas y/o atenten contra la dignidad humana.

Las reformas no son claras en cuanto a qué sucederá con los lugares que ya cuenta con el permiso de uso de suelo para esta clase de giros.

Tanto el presidente de la mesa directiva del Congreso Local, Neftali del Toro Guzmán como el presidente de la comisión de gobernación y puntos constitucionales, Jorge Hernández Vielma fueron entrevistados, por separado, para que explicaran las reformas, pero cada uno dio una versión distinta de los cambios a la Constitución y el dictamen dice algo diferente a lo que los propios legisladores señalan.

Ojalá y alguien si lea bien las reformas y haga el favor de explicarnos porque yo me quedo con muchas dudas. ¿A qué se referirán cuando dicen moral y buenas costumbres? A mí esos términos me parecen, profundamente, subjetivos. ¿Según la moral de quién? ¿Qué pasará con los centros nocturnos que ya existen? ¿Qué pasará con los lugares que fueron cerrados en Tapachula? ¿Habrá cambios al Código de Procedimientos Penales para imponer castigos a quienes abran este tipo de lugares y para quienes los consientan?

Por cierto…¿Será que el Instituto de Acceso a la Información Pública jamás va a sancionar al Congreso Local por NO hacer públicos los dictámenes que aprueban? Qué alguien les avise a las y los legisladores que es información pública de oficio y que es su obligación darla a conocer. ¿Sabrán las y los congresistas de Chiapas el significado de gobierno abierto?