Por Dalia Argüello (*)

[…] HABRÍA QUE DECIRLES A LOS QUE GOBIERNAN QUE EL CAMPO NO ES SINALOA Y SUS AGROINDUSTRIAS; QUE EL MAÍZ, ESE INVENTO QUE NOS QUITA EL HAMBRE A LOS MEXICANOS, NO LO INVENTARON LOS POTENTADOS EMPRESARIOS SINO LOS PUEBLOS INDÍGENAS […]: MARDONIO CARBALLO,LAS PLUMAS DE LA SERPIENTE, ENERO DE 2014.

Con motivo de la conmemoración del 99 aniversario de la promulgación de la ley agraria del gobierno carrancista, Enrique Peña aprovechó para anunciar que en 2014 impulsará una “profunda reforma del campo” (el comunicado completo puede consultarse aquí).

Una vez más, la utilización abusiva de una efeméride como parte del discurso oficial deja al descubierto la estrategia de sustentar las reformas en figuras o pasajes de la historia nacional. Aunque ha sido una práctica constante durante este primer año de gobierno, no deja de llamar la atención la manera superficial y frívola con la que Peña utiliza referencias históricas fuera de contexto. Basta con mirar un poco más detenidamente para notar las incongruencias en sus discursos; dada la recurrencia de los usos y abusos del pasado, parece que los asesores del presidente tienen una confianza absoluta en que a la población no le interesa analizarlos o ponerlos en duda.

La referencia a la ley agraria del 6 de enero de 1915 para anunciar la llegada de una reforma profunda al campo resulta por lo menos sorprendente, pues no encuentro una conexión entre la “nueva política agroalimentaria nacional” promovida por este gobierno y los objetivos, el contexto o el espíritu de la legislación carrancista.

La ley agraria promulgada por Venustiano Carranza —en lo más álgido de su conflicto con la convención— fue un intento por ganar la simpatía de los sectores campesinos levantados en armas y, así, consolidar su gobierno en medio de la convulsión revolucionaria. Básicamente, la ley declaró nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías congregaciones o comunidades y facultó al gobierno para la expropiación de terrenos, con el fin de dotar a las comunidades de tierras en caso de que, por falta de títulos o alguna otra circunstancia, no se hicieran acreedoras a la restitución.

Con estas disposiciones, el gobierno empezaba a reconocer que una de las principales causas del descontento campesino era el despojo de los terrenos comunales o de repartimiento, así como el abuso de los especuladores. Frente a los vacíos de la constitución de 1857, la ley buscó combatir el latifundio y la propiedad comunal para fomentar la pequeña propiedad individual. También dio al estado la potestad absoluta de decidir las solicitudes de restitución y concesión de tierras y con esto, el control del reparto agrario.

Con el paso del tiempo, sus mismos autores reconocieron algunas de las deficiencias de la norma, hecha al calor de las circunstancias y la premura del movimiento armado, que, lejos de resolver el complejo problema agrario del país, radicalizó las posturas y los conflictos. Casi un siglo después, la gran mayoría de la población que vive en el campo, y de él, sigue siendo la de menores recursos y servicios públicos. Pese a todo lo que se ha luchado, hoy parece inminente otro gran golpe para la propiedad comunal y todo lo que de ahí se deriva.

Con las directrices que se han marcado y la ambigüedad de los objetivos de “poner al día” al campo y hacerlo “más competitivo” para llevarlo a un “nuevo nivel de desarrollo y modernidad”, se prevé la profundización de la lógica que ha venido funcionando desde los años cincuenta, cuando se implementó la primera revolución verde, y se agudizó con la segunda a partir de los años ochenta.

Con la amenazadora llegada de los alimentos transgénicos, especialmente del maíz GM, la propuesta del gobierno se vislumbra como un intento de homogeneizar tanto la producción como el consumo de los alimentos; abrir la puerta a las grandes corporaciones que monopolizan las semillas, fomentar la tecnificación y la sobreproducción, que de todos modos deja sin alimentos a millones y degrada el medio ambiente y, finalmente, concentrar exorbitantes ganancias económicas en muy pocas manos.

Casi con las mismas palabras y promesas de “desarrollo y progreso”, la llamada revolución verde —impulsada por los gobiernos de Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos— buscó fomentar la propiedad agrícola privada, basada en el modelo agroindustrial de Estados Unidos, por medio de tres pautas principales: a) modernizar al campo que se veía como factor de atraso, b) implementar un modelo industrial en la producción de alimentos, y c) introducir tecnología moderna como semillas mejoradas, fertilizantes, pesticidas químicos y mecanización de los procesos para incrementar la producción. Debido al contexto internacional (gran demanda de alimentos) y a esta intervención del estado para promover la expansión de la agricultura capitalista, el sector agrícola vivió un periodo de auge hasta principios de los años setenta, cuando las importaciones de alimentos no pasaban del 2 por ciento del total de la producción nacional.

Evidentemente, los beneficios de esta dinámica económica no se repartieron equitativamente y el control estatal de los precios resultó adverso para miles de productores que, cuando se pauperizaron, fortalecieron al mismo sector industrial que los llevó a la crisis. Al reducirse los precios de los principales granos, una gran cantidad de pequeños productores tuvieron que buscar empleo en las compañías agroindustriales para subsistir. El crecimiento en la oferta de mano de obra hizo que los salarios bajaran y, por lo tanto, se redujeran los costos de producción para estas compañías, las que, gracias a esto, crecieron considerablemente.

Las consecuencias de la industrialización agrícola se expresaron de múltiples maneras, como en el aumento de la migración rural hacia las ciudades, la pérdida de la capacidad de competencia de pequeños comerciantes y de autosubsistencia de comunidades enteras. En términos ambientales, esta búsqueda por dominar a la naturaleza y sobreexplotarla se ha traducido en suelos agrícolas degradados que exigen técnicas artificiales cada vez más caras, en la reducción de fauna y la actividad microbiana de los suelos por el uso indiscriminado de agrotóxicos y fertilizantes, además de la contaminación de las aguas subterráneas.

Los efectos de más de cinco décadas de seguir esta lógica de producción agrícola se pueden resumir en el hecho de que hoy México importa alrededor del 42 por ciento de los alimentos que consume. Tan solo de maíz se compraron, en 2013, 10.8 millones de toneladas al exterior.

A pesar de estos efectos negativos, el gobierno actual impulsará esta reforma para hacer un campo “exitoso y moderno”. El ejecutivo y su gabinete tendría que aclarar qué entienden por exitoso y, retomando a Mardonio Carballo, preguntarse si a la gente que siembra y vive de la tierra le interesa y le funciona compartir esta visión.

(*) Este texto se publicó originalmente en http://elpresentedelpasado.com/2014/01/20/puntilla-a-la-reforma-agraria/