Decadencia institucional y gobernabilidad
Foto: Sandra de los Santos/ Chiapas PARALELO.
La gobernabilidad en Chiapas estuvo sustentada el sexenio pasado en la entrega de recursos económicos e incentivos políticos a organizaciones y partidos, y en la manipulación de la justicia como instrumento de coerción y control social. Cuando los mecanismos de cooptación eran ineficaces, la amenaza o el expedito uso de la fuerza policiaca acallaban voces opositoras y ponían freno al descontento y a la protesta.
Ríos de dinero corrieron por conductos institucionales y por las oscuras cañerías de la corrupción, para mantener la estabilidad necesaria en un estado lleno de carencias y de conflictos latentes, viejos y coyunturales. Las casas de arraigo se popularizaron por hospedar a disidentes y a funcionarios –cómplices o no— víctimas del autoritarismo y los desvaríos de quienes detentaron la escala más alta del poder.
En este sentido, el ejercicio de gobierno no se fundamentó en principios democráticos para resolver demandas y problemas de una forma ética, pacífica y duradera, sino que optó por la vía fácil, “seductora” –pero irresponsable—, del dinero. La construcción de mecanismos, procesos e instituciones a través de los cuales se ejerce el poder, la forma en que se toman las decisiones sobre los asuntos públicos y la manera en que los ciudadanos resuelven sus diferencias, no avanzaron en su desarrollo. Sobre las prácticas democráticas de gobernabilidad, se privilegiaron las prácticas informales, paternalistas, convenencieras e improvisadas. El arte de la política trucó en mercantilismo y componenda, e incluso en complicidad, por comisión u omisión.
Bajo estas circunstancias y en el contexto de instituciones decadentes, saqueadas por la corrupción oficial e inmersas en crisis económica por el escandaloso endeudamiento, el nuevo gobierno –con fuertes ataduras al anterior— enfrentó las perniciosas secuelas del sabinato depredador. Ocupada la estratégica cartera de Gobierno por un funcionario de la administración saliente, la gobernabilidad en el primer año de Manuel Velasco Coello estuvo sometida a la incertidumbre de los recursos económicos insuficientes y atada al imperativo de garantizar la protección del régimen en retirada. En esta lógica, los brotes de descontento empezaron a aparecer en diversas regiones del estado, las demandas sin respuestas crecieron y las movilizaciones hacia la capital también. La violencia reapareció en los lugares previsibles como Venustiano Carranza con su saldo trágico respectivo. Ante la disminuida capacidad de respuesta, el bloqueo de carreteras se volvió deporte estatal, provocando vacíos institucionales.
El movimiento magisterial condensa muy bien las singularidades y el trayecto de la gobernabilidad chiapaneca. Juan Sabines complació a las dirigencias pro oficialistas de la Sección 7 del SNTE tanto en sus exigencias salariales como en apoyos extra para el gremio, y así logró pactar una larga tregua sin paros ni significativas protestas del sindicato de maestros.
En contraparte, el Ejecutivo actual soltó el control estratégico del magisterio. Entre la inexperiencia y la carencia de recursos económicos para seguir manteniendo las lealtades, no pudo operar la permanencia en el poder de la dirigencia docente colaboracionista. El ala radical se apoderó del sindicato y a la postre fue un factor clave para que Chiapas se convirtiera en bastión de la lucha contra la reforma educativa. La pérdida de interlocución con la CNTE, tres meses sin clases y bloqueos recurrentes de edificios y carreteras, fue el costo de las decisiones erradas.
La Secretaría General de Gobierno acaba de anunciar que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para reestructurar esa dependencia. Además de 22 coordinaciones de Gobierno Municipal, pretende crear una Subsecretaría de Vinculación Social “en donde los apoyos en materia del campo, vivienda, sociales, entre otros, tendrán el filtro de la Secretaría General de Gobierno con el fin de garantizar que este tipo de apoyos y programas lleguen a quienes más lo necesitan”. Quiere además, ser el canal de recepción de “lo que le duele y lastima a los chiapanecos”.
Sin embargo, las transformaciones que Chiapas requiere son cambios de mayor calado. En materia de gobernabilidad hay que restaurar los principios democráticos y el valor de la política para prevenir y solucionar conflictos. Refundar la confianza entre autoridades y gobernados, y quitarle a la relación entre ambos el sello mercantilista. El fortalecimiento de la gobernabilidad debe ir mucho más allá de la disputa institucional por el control clientelar de organizaciones y ciudadanos.
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